Con la supuesta complicidad de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), presuntos campesinos recibieron entre 2005 y 2011 en Antioquia 26.000 hectáreas de tierras baldías que el Estado utiliza en sus programas de reforma agraria.
La mayoría de esos predios están en Turbo, San Pedro de Urabá y Zaragoza.
Así lo reveló a El Colombiano la directora del Incoder, Miriam Villegas, quien señaló que el trabajo efectuado en forma conjunta con la Fiscalía y la Policía Judicial ha permitido que el ente acusador les impute cargos a 13 personas, de las cuales 6 ya están con orden de detención y 4 más a punto de ser cobijadas con la misma medida. De quienes ya se ordenó su captura cinco son exfuncionarios del Incoder y uno particular.
Consultada por este diario sobre el perfil de quienes se han apropiado en forma presuntamente ilegal de esas tierras y si dentro de ellos hay mafias o grupos ilegales, la funcionaria manifestó que «hay de todo, menos campesinos».
La Fiscalía le ha reportado que entre los beneficiarios ilegales hay contratistas, profesionales, anestesiólogos, entre otros, que no ocupan los predios ni desarrollan en las tres cuartas partes del mismo procesos productivos.
Según revisiones efectuadas por el Incoder, estos ciudadanos dieron falsas declaraciones juramentadas sobre sus patrimonios, la cantidad de bienes que poseían, si tenían más de un predio rural y omitieron la declaración de los colindantes.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo ayer en Medellín que de los 2.000 casos hallados en Antioquia, procesados actualmente por la Procuraduría para investigaciones penales y disciplinarias, 130 se pusieron desde el jueves en conocimiento de la Fiscalía.
El ministro aseguró que el Incoder ya está revocando las resoluciones que encontró fraudulentas.
Puntualizó que la política general del Gobierno es «recuperar predios que alguien le quitó indebidamente, porque no solo hubo despojo a campesinos, para lo cual está andando la Ley de Restitución de Tierras, sino al Estado colombiano a través de trucos y actuaciones dolosas, en las cuales estaban comprometidos funcionarios corruptos que son investigados.
