Más territorio para los resguardos, planes locales de abastecimiento de alimentos, autonomía para ejercer procesos de salud y educación, de acuerdo con sus costumbres, mejoramiento de las instituciones educativas y fortalecimiento de las autoridades tradicionales.
Esos son algunos de los puntos que para los líderes indígenas del pueblo Gunadule tendría que enmarcar el Plan de Salvaguarda de su etnia, una de las 32 en el país que, debido al conflicto armado, se encuentra en grave riesgo de extinción social y cultural.
Los Gunadule tienen una población de 2.032 indígenas asentados en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia) y el corregimiento de Arquía (Chocó). También habitan en noreste de Panamá, en una vasta cadena de aldeas asentadas en alrededor de 360 islas y arrecifes (con un total de 61.707).
Las comunidades colombianas, a pesar de estar aisladas a casi 2.000 kilómetros en la selva, tuvieron que resistir durante años el continuo acoso, intimidación y asesinatos de los grupos armados ilegales.
David Castrillón, cacique mayor de Caimán Nuevo, resguardo ubicado en el municipio de Necoclí y Turbo, contó que, aunque la violencia está casi superada y en los últimos años no han sufrido la persecución y el acoso de paramilitares o guerrillas, sí ha llegado un nueva problemática a su territorio: la minería.
“Dentro de nuestro resguardo el Gobierno dio permiso de explotación a dos empresas de carbón, eso nos preocupa. Una de ellas ya lleva más de un año en nuestro territorio y esto ha afectado nuestra vida, nuestra cultura, muestras tradiciones. Con la minería llegan enfermedades, se daña el medio ambiente, los ríos, los cultivos”, dijo Castrillón.
Este punto, agregó Castrillón, no ha sido tenido en cuenta por la dirección del Plan de Salvaguarda del Ministerio del Interior o por la gobernación de Antioquia, “a pesar de que nuestra razón de ser es proteger el medio ambiente y nuestras tradiciones ancestrales”.
El gerente indígena de Antioquia, Carlos Augusto Salazar Jaramillo, indicó que la afectación que pueda tener la industria de la minería dentro de los territorios que ocupan estas comunidades en Antioquia y el Chocó está siendo analizada y debatida, para establecer medidas que permitan la protección de estos grupos étnicos.
Por ahora, señaló Salazar, se tienen programadas reuniones periódicas en los resguardos y en la gobernación de Antioquia con el fin de concretar un proyecto por 350 millones de pesos para el fortalecimiento de las autoridades tradicionales del pueblo Gunadule.
Para este fin, del 8 al 10 de noviembre se tiene prevista una reunión entre representantes del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Secretaría Salud de Antioquia con médicos tradicionales y autoridades del pueblo Gunadule para avanzar en la adecuación y construcción de un sistema de salud intercultural.
“Esta reunión permitirá clarificar cómo se articula la medicina institucional u occidental con las prácticas medicas tradicionales indígenas. Este proceso será plenamente concertado con las autoridades de gobierno y con los médicos tradicionales del pueblo tule”, explicó el funcionario.
Sin embargo, lo primordial para los líderes Gunadule es que pare la explotación minera en su territorio y puedan tener plena autonomía sobre este.
“El Plan de Salvaguarda debe asegurarnos a los pueblos indígenas el bienestar y la seguridad de nuestras comunidades. Por eso, debe ocuparse de la minería, que podría causar la muerte de nuestro último territorio, porque nos enferma y daña”, agregó Castrillón.
