La Contraloría General advirtió la posible pérdida tras realizar una auditoría.
Un presunto detrimento patrimonial de 419 millones de pesos encontró la Contraloría General en un contrato de 1.339 millones celebrado entre una fiduciaria del Programa de Vivienda Gratuita del Ministerio de Vivienda y la firma de la politóloga Natalia Springer.
El contrato pretendía que la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services “diseñara estrategias para superar problemáticas propias de la población vulnerable del Programa de Vivienda Gratuita”.
En ese negocio –que hace parte de otros contratos por los que la firma de Springer ha sido cuestionada en el último año, como las millonarias asesorías que firmó con la Fiscalía General– la Contraloría detectó dos presuntas irregularidades.
Según la Contraloría, la plataforma de diagnóstico, evaluación y seguimiento diseñada por la firma de Springer “no cumplió con el objeto contractual establecido”, lo que habría generado un presunto detrimento de 279 millones. Esto porque en ese aplicativo “no se encuentra la información asociada con las estrategias e indicadores que permitan mostrar el estado, evolución y cumplimiento de metas propuestas”.
“Con la ejecución del contrato objeto de auditoría se cumplió el propósito de diseñar estrategias tendientes a superar problemáticas propias de la población vulnerable beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita, y se definieron instrumentos de política pública que consideran el componente social de los programas de vivienda del Gobierno Nacional”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio.
Además, el Ministerio agrega que “en relación con los hallazgos señalados por la Contraloría, es pertinente precisar que de los nueve hallazgos, dos tienen incidencia fiscal y se deberán surtir las investigaciones respectivas para determinar todos los elementos que dirán si existió el presunto daño fiscal”.
El otro supuesto detrimento, por 139 millones, se habría dado porque el plan operativo que la firma entregó tampoco cumplió los requisitos.
Pese a los hallazgos, el Ministerio de Vivienda afirmó que la auditoría de la Contraloría concluyó que “el contrato era necesario y se cumplió”.
La Contraloría compulsó copias para investigar una posible violación a los derechos de autor. El diagnóstico técnico que entregó la firma de Springer “reproduce parcialmente textos que, sin mencionar la fuente, fueron extraídos de documentos como el Plan de Atención a la Primera Infancia de Montería y el POT de Barranquilla”.
