Unos mil se instalaron en cerro ocupado por 100 soldados. Ambos grupos permanecen allí.
En el cerro Las Torres, donde queda una base militar, en las afueras de Toribío (Cauca), alrededor de 1.000 indígenas izaron en la tarde de este jueves, en una de las tres antenas de comunicaciones, una bandera blanca y otra roja y verde, símbolo del Consejo Regional Indígena del Cauca.
Marcos Yule, gobernador del cabildo de Toribío, notificó que desde ese momento la guardia indígena y la comunidad asumían el control de la zona. A partir de ahí, la cima del cerro es compartida por los mil indígenas, de Toribío, Miranda y Corinto, y por 100 militares de la Fuerza de Tarea Apolo. (Vea además: Así fue el careo de indígenas con las Farc en Cauca)
Ese fue el final de una toma pacífica que hicieron desde bien temprano los indígenas. Desde que despuntó el sol comenzaron a subir como hormigas el cerro.
Ya en la cima, desmantelaron las carpas que le servían de alojamiento a la unidad militar. (Reviva paso a paso el rescate de los pilotos del Supertucano)
‘Da rabia’
Los militares no opusieron resistencia. «Nos han dejado sin donde dormir, pero, igual, con nuestros equipos de campaña podemos protegernos. Esto duele y da rabia, pero sabemos controlarnos y la idea es no chocar con ellos», dijo uno de los 100 soldados que permanecen en el cerro.
Los indígenas también inutilizaron las trincheras militares. Rellenaron con tierra más de 300 metros de estas, que les servían a los soldados para protegerse ante un ataque. También les echaron tierra a las garitas, y el alambrado que rodea el cerro fue desmantelado por completo.
Yule reiteró que la exigencia es que la Fuerza Pública se retire del lugar. Afirmó que en su reemplazo unos 500 guardias indígenas se quedarán «dando seguridad a las torres y al territorio y a una reserva natural que da origen a varios nacimientos de agua».
Pero un suboficial del Ejército reiteró que la instrucción del Gobierno y de los altos mandos militares es permanecer en el lugar. (Lea aquí: Visita del presidente Santos no calmó los ánimos indígenas en Cauca)
La primera prueba para unos y otros fue un aguacero, hacia las 4 de la tarde, que obligó a levantar improvisados albergues, que además eran insuficientes para la cantidad de personas.
La movilización de las comunidades hacia sitios de asentamiento de las Fuerzas Armadas y de guerrilleros se inició el lunes luego de tres días dehostigamientos de las Farc a Toribío, que dejaron 11 heridos y 167 casas afectadas.
Tras esos hechos, los indígenas decidieron que no querían ningún actor armado en la zona y levantaron las barricadas de la Policía en el casco urbano. Unas comisiones salieron al encuentro de la guerrilla para exigirle el retiro de las proximidades de este municipio.
De acuerdo con voceros de las comunidades, esperan una mediación del juez español Baltasar Garzón, a quien acudieron y quien analizaría un documento de 19 páginas presentado al presidente Juan Manuel Santos en su visita a Toribío, el pasado miércoles, cuando hizo un consejo de ministros. También se lo presentaron a guerrilleros de las Farc.
El documento habla de la autonomía y el gobierno propio de las autoridades indígenas, del reconocimiento de la guardia indígena y de que se permitan acercamientos o conversaciones, que las comunidades llaman «de derechos humanos», conducentes a una solución negociada del conflicto.
Además del desmantelamiento de los alojamientos en el cerro Las Torres, las comunidades han obligado al retiro de pequeños grupos de la guerrilla de las afueras de Toribío, a los que les decomisaron cohetes y elementos explosivos, que estaban a solo 2 kilómetros de la zona urbana del municipio.
Escepticismo sobre propósito de limitar cultivos de coca
El anuncio de los indígenas del Cauca en el sentido de limitar los cultivos de hoja de coca a 50 plantas por comunidad, para disminuir el impacto de estos en la guerra que azota al Cauca, fue recibido con escepticismo por algunos observadores. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, no ve fácil esta iniciativa. «Si el Gobierno no ha podido erradicar, yo dudo de que los indígenas puedan hacerlo y controlar un problema en el que ellos también son susceptibles a la corrupción», anotó.
Feliciano Valencia, líder de los resguardos del norte del Cauca, dijo en entrevista con este diario que los indígenas habían comprendido que los cultivos de hoja de coca lo único que habían hecho era aumentar la guerra desde que se habían inmiscuido en ellos los narcos.
Pero Gaviria consideró que este es más un planteamiento teórico, si se tiene en cuenta que los cultivos no son abundantes en el norte del Cauca, y la zona es más utilizada como de tránsito para la droga.
El analista Alfredo Rangel cree que el propósito de los indígenas «no tiene mucha viabilidad», porque las leyes del mercado ilegal se impondrán.
Incluso, el senador indígena Marcos Avirama (ASI) condiciona el éxito de la iniciativa a la inversión social.
«El problema no es arrancar la coca, sino que el Gobierno se comprometa con inversión, porque la gente vive de eso», anotó.
El que sí le apostó a la iniciativa fue Gabriel Muyuy, delegado de Asuntos Indígenas de la Vicepresidencia. Reconoció que «no es fácil», pero agregó que «la medida es buena porque se volverá al uso cultural de la coca y, además, el Estado también resultará beneficiado». Afirmó que las comunidades respetan las decisiones de sus autoridades.
IVÁN NOGUERA
Enviado especial de EL TIEMPO
Toribío (Cauca)
Enviado especial de EL TIEMPO
Toribío (Cauca)
