Experta expone por qué es tan importante poner en un lugar principal la adolescencia y la niñez.
Los niños y niñas de este milenio son la posibilidad para resolver odios fermentados por años de guerras heredadas, que nos han dejado cicatrices profundas de dolor y duelos no resueltos, y garantizar la paz estable, duradera y la no repetición de la oscura historia violenta de nuestro país.
Pero, ¿qué significa ese otro comienzo?
Significa reflexionar y aprender sobre lo que está ocurriendo en aquellos países, especialmente de Centroamérica y África, que en décadas pasadas, después de firmar la paz, diluyeron en las políticas sociales el tema de la infancia y la adolescencia y, en el mejor de los casos, focalizaron la atención en los niños, niñas y adolescentes desmovilizados, dando poca importancia a aquellos que nacieron y se socializaron en medio de la guerra.
Significa, en términos culturales y emocionales, la reconciliación de todo un país, la sensibilización de la sociedad por el sufrimiento de las víctimas y su solidaridad con el restablecimiento de sus derechos, la elaboración del duelo colectivo por la muerte de miles de colombianos ocurridas en varias progenies y la resignificación del círculo perverso de violencia, odio, venganza y retaliación.
Significa el cumplimiento estricto de lo contemplado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011, título VII): la protección integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y el derecho que tienen a gozar de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con carácter preferente, y el derecho: a la verdad, la justicia y la reparación integral; al restablecimiento de sus derechos prevalentes.
Significa ubicar en el centro de las políticas públicas sociales y económicas a la infancia y adolescencia, de manera diferencial y bajo criterios de equidad, según los ciclos vitales –primera infancia, infancia y adolescencia–; los contextos sociales, culturales, territoriales y los ámbitos donde transcurre su vida cotidiana, para lo cual es preciso distinguir las políticas, programas e iniciativas destinadas a los niños y las niñas víctimas del conflicto armado y aquellas dirigidas a toda la población infantil de nuestra Nación; con la claridad que los programas y las acciones que se emprendan en cada una de estas son complementarias, están interrelacionadas, se retroalimentan entre sí, en consecuencia operan de manera orgánica.
Respecto a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas, sería necesario poner en diálogo los mecanismos jurídicos que establece la Ley 1448 de 2011, considerada por expertos internacionales una de las más completas en países sometidos a conflictos armados, con las acciones, programas y proyectos que han desarrollado los sectores responsables de temas interrelacionados con la reparación de las víctimas por el conflicto armado interno e instituciones garantes de la protección integral de los derechos de la infancia, para materializar en hechos concretos y coordinados el título VII de la ley, destinado específicamente a la infancia y adolescencia.
En el país existen iniciativas gubernamentales y privadas que trabajan en este sentido, la mayoría de estas planteadas como pilotajes o estudio de casos. Además de la desarticulación entre estas y con los programas habituales dirigidos a la infancia y adolescencia y las poblaciones que cubren, cuyos impactos son menores frente a la dimensión del problema. En tal sentido urge la formulación y puesta en marcha de una política pública que articule, oriente, potencie y se expanda por todo el país, atendiendo las particularidades y diversidades locales, territoriales, funcionales y culturales.
Como líneas de acción de estas políticas, se podrían contemplar al menos:
– Convocatoria nacional para definir un acuerdo colectivos en torno a la infancia y adolescencia afectadas por el conflicto armado, en el que participen de manera activa en su formulación e implementación los sectores y organizaciones estatales responsables de garantizar los derechos tanto a las víctimas como a la infancia y la adolescencia, con la corresponsabilidad de la familia y la sociedad civil a través de sus organizaciones académicas, artísticas, empresariales, gremiales, agencias de cooperación internacional, entre otros.
– Levantamiento del estado de las prácticas regionales y locales de garantía de derechos y atención integral a la infancia y adolescencia víctimas del conflicto armado para su reconocimiento, fortalecimiento e incorporación a la política nacional, en términos de arquitectura institucional, gobernanza, sistemas de información, estrategias y metodologías de acción.
– Rutas de atención integral dirigidas a niñas, niños y adolescentes, definidas para todos y cada uno de los ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia, articuladas a las ya existentes para las poblaciones adultas, que delimiten pero a la vez coordinen, a través del ejercicio del trabajo intersectorial, las funciones y responsabilidades de los sectores e instituciones garantes de los derechos de la infancia; pero también todas aquellas instituciones que por su misión responden a los intereses de los niñas niños y adolescentes, aportan a la reparación integral y atención psicosocial como Medio Ambiente, Recreación, Deporte y Nuevas Tecnologías de la información y comunicación.
– Construcción de memoria histórica desde las voces, representaciones y significados dados por los niños, niñas y adolescentes al conflicto armado. El juego y las artes como lenguajes propios de la infancia son medios espontáneos de expresión, representación y comunicación de su mundo. Como tal se constituyen en los dispositivos psicosociales y culturales a través de los cuales se pueden abordar tanto las afectaciones por el conflicto armado, su resignificación y reparación integral, incluso la reparación simbólica, así como las narrativas de la memoria histórica. Las artes y el juego, por su carácter sensible y su sustento en la experiencia –entendida como lo que nos pasa y no simplemente como lo que pasa– son formas de crear mundos, de reinventarlos y de construir sentido. Así, el juego y las artes, como experiencias sensibles y empáticas con el medio donde se vive, movilizan los detalles perceptivos y promueven la relación sensorial consigo, con los otros y con los elementos del entorno.
– La reparación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, realizada en el territorio de lo lúdico y lo artístico, es un proceso que va reorganizando la percepción de los contextos y los hechos victimizantes, permitiendo adquirir una mirada más allá de uno mismo y una mejor comprensión y relación con la realidad cercana, posibilitando desde lo singular y lo colectivo explorar, expresar, comprender y resignificar los impactos de la guerra.
Igualmente, para dejar un testimonio de lo sucedido, se requiere de una estética de la existencia, considerada como principio generador de maneras de ser, de reconocer y reconocerse en el otro y en los otros, permitiendo la construcción de la identidad, el desarrollo de la sensibilidad para experimentar lo que significa el dolor propio y el ajeno, el cuidado de sí y de los otros; para reconocer otras fuerzas que nos cohabitan y nos permiten relacionarnos con el mundo, donde ser no es solo habitar el mundo físico, sino estar y hacerse en relación con los otros.
Con respecto a la reparación simbólica, el juego y las artes tienen el poder de movilizar saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo, dando cabida a la reconstrucción del significado identitario, de lo colectivo, que no es otra cosa que la cimentación pública de nuevos relatos en torno a contenidos simbólicos compartidos.
– Incentivos para la investigación cultural, social y estudios de carácter científico que orienten la acción política en y con la infancia y la adolescencia sometidas al flagelo de la guerra interna.
Pese a que en Colombia se cuenta con información y estudios rigurosos sobre las dinámicas del conflicto armado, sus posibles causas, impactos económicos y análisis políticos de coyuntura sobre los hechos violentos, son escasos aquellos que ayuden a comprender y explicar los impactos psicosociales y culturales del conflicto armado en las personas y en la sociedad, y lo son aún más escasos sobre las marcas dejadas en niños, niñas y adolescentes.
Las academias, los centros y grupos de investigación científica, cuya misión y vocación es la investigación en temas de infancia o sobre la violencia social y política del país, incluso los violentólogos, los expertos en registrar la memoria histórica de la guerra y los nuevos grupos sobre análisis del conflicto armado, tienen una gran deuda con la infancia que ha nacido, crecido y socializado en medio de la confrontación armada.
Los estudios longitudinales, el trabajo inter y trasdisciplinar sobre la conjunción de estas temáticas, los estudios comparativos de conflicto, posconflicto e infancia están por ser desarrollados.
Su ausencia dificulta emprender acciones asertivas, argumentadas y efectivas, así como decisiones políticas de fuerte impacto para la protección y reparación integral de la infancia y la adolescencia y su lugar en el ejercicio democrático del poder, el afianzamiento de un modelo socioeconómico incluyente y la sostenibilidad de la paz en el posconflicto.
Con relación a las acciones destinadas a toda la población infantil de nuestro país, más que una política pública puntual, se precisa de voluntad política para que se articule a las ya existentes, en los sectores sociales, culturales y económicos, el vínculo virtuoso entre infancia, posconflicto y paz, de forma sistemática y estructural.
En este cometido, la educación juega un papel central por su capacidad para intervenir de manera simultánea el desarrollo personal, el desarrollo económico y la formación ciudadana, para lo cual es fundamental reorientar, en la educación formal, tanto su enfoque como estructura.
En cuanto al enfoque de la educación formal, las evidencias demuestran que durante la primera década del presente siglo se erradicaron en casi todas las naciones del mundo, en los diversos niveles educativos, las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades, con el argumento de su poca utilidad para que los ciudadanos contemporáneos fueran competitivos en el mundo global.
Esta situación generó lo que Nussbaum denomina crisis silenciosa, que produce una grave erosión de las cualidades esenciales para la existencia misma de la democracia.
Desde el enfoque del desarrollo humano o enfoque de las capacidades, considerado como un nuevo paradigma teórico en el campo del desarrollo y las políticas públicas, se subraya que su materialización está vinculada a las artes, por su capacidad para: a) desarrollar el pensamiento crítico; b) trascender las lealtades nacionales y afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del mundo; c) imaginar con compasión las dificultades del prójimo; d) profesar aprecio por todo lo diverso, sentir indignación por cualquier forma de discriminación, segregación o racismo y estar orgullosos de vivir en un mundo pluriétnico y multicultural.
Si bien el desarrollo de estas capacidades tiene como uno de sus espacios privilegiados el seno de la familia, es importante señalar el papel de la educación desde la primera infancia y a lo largo de la vida, tanto en los procesos sociales y culturales ocurridos en la vida cotidiana de los sujetos y sus grupos de referencia, como en los diferentes niveles y modalidades de la educación formal, específicamente en los currículos de formación.
El lugar protagónico de las artes en la educación está fundamentado en el hecho de que el conocimiento fáctico y la lógica no alcanza para que los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los rodea. (…) Esto no es otra cosa que el interés genuino por los demás, traducido en la capacidad de imaginar cómo puede ser la experiencia del otro.
