El controvertido Marco Jurídico para la Paz, votado a las carreras el día del vil atentado contra el exministro Fernando Londoño en el que murieron dos de sus escoltas, contiene los primeros elementos para responder a la pregunta que planteé hace una semana, sobre si los guerrilleros de las Farc, en caso de darse un acuerdo en La Habana, van a pagar cárcel.
Ese marco jurídico abre las puertas a la aplicación de penas alternativas a la prisión, según lo que determine una ley estatutaria. En resumen: ‘Iván Márquez’, ‘Catatumbo’, ‘Timochenko’, ‘Joaquín Gómez’ y demás comandantes del grupo terrorista podrán salvarse de la cárcel si dejan las armas, reconocen su responsabilidad, contribuyen a esclarecer la verdad, reparan a las víctimas, liberan a los secuestrados y desvinculan del grupo armado a los menores de edad. El texto no dice una sola palabra de que tengan que pedir perdón.
Dejar las armas es el obvio resultado del acuerdo de paz. Reconocer la responsabilidad es una expresión bastante vaga: habría sido mejor exigir confesión plena. La reparación de las víctimas sólo podrá verificarse con el paso del tiempo. La liberación de los secuestrados parece un saludo a la bandera, pues algunos jefes de las Farc ya andan diciendo que no tienen secuestrados, y los cientos que mantienen se los pueden dejar a las bandas criminales a cambio de gruesas sumas de dinero. La desvinculación de los menores es letra muerta: no hay censo sobre niños reclutados y si las Farc se desmovilizan, esa desvinculación se dará por sustracción de materia. Y perdón, repito, no tienen que pedir.
De modo que, en principio, ‘Márquez’ y compañía, autores –al igual que los paramilitares– de los crímenes más horrendos de la historia de Colombia, la tienen fácil. Ya el propio fiscal Eduardo Montealegre lo dijo con franqueza: no hay condenas por lesa humanidad contra la cúpula de las Farc, lo que habla bastante mal de la Justicia. Y como el mismo marco jurídico establece que la Fiscalía debe concentrarse en investigar a los grandes responsables, está allanado el camino para que los mandos medios tampoco paguen por sus atroces crímenes.
Se trata de mecanismos de justicia transicional que, a pesar de que los padres del marco jurídico pretenden haber descubierto con ellos la pólvora, tienen poco de nuevo. Desde los acuerdos de paz de las guerras civiles del siglo XIX hasta la ley de justicia y paz para los paramilitares han sido aplicados principios similares. Aunque reitero: los grandes jefes paramilitares terminaron extraditados por el anterior gobierno a Estados Unidos y pagando, casi todos, largas penas de prisión.
Está claro que con las Farc habrá impunidad. La discusión es cuánta. ¿Estamos los colombianos dispuestos a que no paguen cárcel los autores de Bojayá, Machuca, El Nogal y los que mantuvieron por años a miles en campos de concentración en la selva? ¿Qué van a decir los familiares de los muertos, los mutilados por las minas quiebrapatas, los niños reclutados a la fuerza que perdieron en las Farc su inocencia y su juventud, los secuestrados a quienes les arrebataron media vida, si ‘Márquez’ ni siquiera les va a pedir perdón?
Explican congresistas y voceros del Gobierno que habrá penas alternativas. ¿Qué pena alternativa a la prisión puede haber para quienes han secuestrado y masacrado de manera masiva? ¿Van a limpiar su pasado ‘Iván Márquez’ y ‘Catatumbo’ cambiando pañales en un centro comunitario del ICBF? O, como dijo el exministro Néstor Humberto Martínez, ¿les van a imponer trabajos forzados en el Congreso? El proceso de paz debe seguir adelante, pero el país tiene que conocer y debatir el costo que pagará en materia de impunidad. Y ojalá que al menos los obliguen a pedir perdón, como exige con toda razón el exsecuestrado Sigifredo López.
