En 2013, las salas plenas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado estarán impedidas para hacerlo.
Hasta la fecha, en los pasillos del Congreso no hay frase que se escuche distinta a que la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador general está más que anunciada. Desde hace unos días es el único candidato a este cargo, pues ni la Presidencia ni el Consejo de Estado han postulado a los suyos. Se esperaba, de hecho, que fuera el Consejo de Estado —organismo al que perteneció Ordóñez— el que lo propusiera, tal como lo había hecho en 2008. No obstante, en un comunicado de tres cortos párrafos, fue la Corte Suprema “por unanimidad” la que terminó ternándolo.
De la postulación de la Corte, sin embargo, queda un gran interrogante en el aire: ¿ahora quién investigará a Ordóñez? Hasta diciembre, cuando cumpla su primer período, era la Corte Suprema la encargada de hacerlo penal y disciplinariamente. Penalmente, porque así lo indica la Constitución del 91: es ese alto tribunal el que juzga al procurador, con acusación del fiscal general de la Nación. Y disciplinariamente, porque así lo señala el Código Único Disciplinario: es competencia de la Sala Plena de la Corte si el Consejo de Estado fue quien lo postuló. Y viceversa.
Ahí es donde se empieza a enredar la madeja. De ser reelegido, Ordóñez habrá sido postulado tanto por la Corte como por el Consejo de Estado. Según las normas, por ser su candidato actualmente, la Corte Suprema de Justicia tendría que declararse impedida para conocer cualquier queja disciplinaria en contra de Ordóñez y la responsabilidad pasaría a manos del Consejo de Estado. Abogados consultados por este diario, sin embargo, creen que al haber sido esa la corporación que lo postuló en 2008, al menos los magistrados que estaban en esa época deberían declararse impedidos para conocer de expedientes contra Ordóñez. En otras palabras, los procesos disciplinarios contra el jefe de uno de los organismos más importantes del país quedarían en manos no de magistrados titulares, sino de conjueces.
Del mismo modo, las investigaciones penales en contra de Ordóñez quedarían no en manos de los magistrados de la Corte Suprema, sino de sus conjueces. Al procurador no sólo lo eligieron unánimemente, sino que fue el único candidato propuesto por cada una de las tres salas de la Corte, reconociéndole con la postulación su “destacada trayectoria, con más de 30 años de experiencia, entre los que se destacan sus servicios como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, consejero de Estado y procurador general de la Nación”, rezaba el comunicado de esta alta corporación.
Si hay algo que Ordóñez Maldonado les ha dejado en claro a los tres poderes públicos es que la Procuraduría puede ser tan relevante como ellos en el ajedrez político. En la Casa de Nariño no pasan por alto que Ordóñez tiene en sus manos la posibilidad de inhabilitar al ministro estrella del gabinete Santos, Germán Vargas Lleras, quien está siendo investigado por el Ministerio Público tanto por el trámite de la reforma como por parapolítica. O a Alejandro Char, alto consejero para las regiones y la participación ciudadana. Al día de hoy también están bajo la lupa de la Procuraduría todos los miembros del Congreso, por cuenta igualmente del trámite de la reforma a la justicia, y en algunos casos particulares por otros asuntos.
Durante los casi cuatro años en que Ordóñez ha estado a la cabeza del Ministerio Público, la Corte Suprema ha investigado varias quejas en su contra. Por ejemplo, revisó su decisión de eximir a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio de culpas en la compra del voto de la exrepresentante Yidis Medina para facilitar la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, proceso que fue archivado en octubre de 2011. En su contra se radicó otra denuncia por parte de Mónica Roa y otros miembros de la ONG Woman’s Link World Wide, quienes refutaron que el procurador se ha negado sistemáticamente a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional en relación con el tema del aborto. El caso fue archivado en mayo pasado.
En el próximo período, sin embargo, ni la Sala Plena de la Corte Suprema ni la Sala Plena del Consejo de Estado podrán hacer control sobre la gestión de Ordóñez. El alcance de sus acciones será medido por terceros.
