Pedro Martínez* se preocupó cuando se enteró que él y su familia podían ser desalojados de la parcela en la que vive desde hace trece años en el corregimiento El Salado, del municipio Carmen de Bolívar, Bolívar. Su temor surgió tras la sentencia fallada por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena sobre un predio de la parcelación La Emperatriz, reclamada por campesinos que fueron despojados por la violencia paramilitar entre fines de la década de los noventa y principios de la del 2000.
Son dos los grupos de campesinos que reclaman las mismas tierras. Uno es de once familias a las que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) les había titulado sus predios en 1994. Salieron huyendo de El Salado después de las masacres que cometieron los paramilitares en 1997 y 2000 para proteger sus vidas y abandonaron sus finquitas. A esas tierras vacías llegó en 2001 el otro grupo, conformado por 17 familias campesinas también expulsadas de otros corregimientos y veredas de Bolívar por la misma violencia paramilitar.
Martínez, el campesino beneficiado con la decisión del Tribunal de Restitución, estaba en el primer grupo de las once familias. Cuando salió despavorido de El Salado, le vendió por cualquier cosa su parcela a un tercero. Éste no solamente adquirió esta finca de Martínez, si no las de varios otros vecinos de La Emperatriz. Más tarde, el comprador le vendió al Grupo Argos seis parcelas, y esta empresa desarrolló allí un proyecto de reforestación con madera teka. La parcela restituida a Martínez no hace parte de las que luego adquirió Argos, pero sí es una de las que habían ocupado las 17 familias que llegaron después en 2001.
El fallo de La Emperatriz no tuvo en cuenta a los últimos ocupantes, víctimas también de la violencia, y ellos y otros campesinos temen que éste siente precedente, y las próximas sentencias sobre las parcelas de La Emperatriz no reconozcan los derechos de aquellos desplazados que ocuparon las tierras abandonadas por otros desplazados.
“Por La Emperatriz nunca vinieron a preguntar quiénes vivíamos aquí”, dijo un campesino de la segunda ocupación, y con ello queriendo indicar que quizás la Unidad de Restitución de Tierras encargada de documentar los casos en favor de los campesinos para presentarlos ante los jueces de tierras no había hecho completo su trabajo en el caso de La Emperatriz.
Durante año y medio el equipo de la Unidad de Restitución de Bolívar, según explicó su director, Álvaro Tapia, realizó los trabajos de campo, y en ninguna etapa del proceso, ni en la administrativa ni en la judicial, encontraron campesinos que hubieran ocupado los predios en cuestión, después del desplazamiento original, ni mucho menos conocieron reclamos de campesinos con intereses en esa tierra que se opusieran a que esta fuera titulada a los dueños originales. “Cuando hicimos la notificación en el predio no encontramos a nadie y cuando el proceso llegó al tribunal el único opositor fue un empresario; no un campesino”, dijo Tapia.
Opción Legal, una corporación sin ánimo de lucro que promueve la defensa de los derechos humanos, documentó el caso de La Emperatriz y, en agosto de 2013, entregó a la Unidad de Tierras un cartapacio con las escrituras, folios de matrícula, fotocopias de cédulas y otros documentos que advertían que había un segundo grupo de campesinos viviendo en la parcelación.
Tapia asegura que su equipo estudió esos documentos y que hicieron las debidas diligencias. “Es extraño que durante un año no apareció ningún campesino a oponerse. La Unidad no ha querido revictimizar a nadie”, reiteró y aseguró que la Unidad sólo tuvo contacto con los campesinos ocupantes luego de que saliera la decisión del Tribunal.
Una reforma fallida
La Emperatriz era una antigua hacienda de 256 hectáreas que le perteneció a Galeano Raúl Guerra Carrillo. Como sucedió muchas zonas del Caribe hacia finales de los años sesenta, el recién creado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) salió a comprarles a terratenientes tradicionales grandes extensiones de tierra con el propósito de distribuirla entre las familias campesinas pobres, para así mejorar la distribución de la riqueza, modernizar el campo y volver la tierra más productiva.
Con sus protestas y sus ocupaciones pacíficas de grandes haciendas, los campesinos organizados bajo la Anuc obligaban al Incora a acelerar los procesos de compra y distribución de la tierra.
En 1994, el Incora le compró la finca a Guerra Carrillo y la dividió en once partes, en porciones de entre 22 y 24 hectáreas, cada una, y se las adjudicó a igual número de familias. Bautizaron las parcelas Cuestecita, Villa Derlys, Uribía, Cotoprix, Bellavista, Manaure, El Bajo, La Montañita, Siloé, Aquí Sí y La Esperanza.
Las familias levantaron sus casas, sembraron cultivos de pancoger, así como el tabaco, muy famoso en el corregimiento de El Salado por su calidad. Muy encima de ellos, siempre sacándoles comida, o un ternero, echándoles arengas o pidiéndoles que los escondieran de la fuerza pública, estuvieron los guerrilleros del Eln. Los campesinos no podían más que concederles los favores exigidos a fusil. En los años noventa se repitió la historia, pero entonces fueron los guerrilleros de las Farc.
Al finalizar el siglo XX, llegaron los paramilitares de la Casa Castaño de Córdoba, dizque a liberarlos de las guerrillas. (Vea
El Pulso a las Verdades en los Montes de María) Lo que hicieron fue culpar a los campesinos de ser sus auxiliadores, sus amigos, y por eso entraron matando feo. A El Salado, un corregimiento de gente musical y alegre, llegaron las autodefensas en marzo de 1997 y mataron a cuatro personas, cuyas sentencias de muerte sin fórmula de juicio traían escritas en un papel. Tres años después, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, al parecer, en venganza por el robo de un ganado a un finquero de la zona o simplemente para sembrar el terror y vaciar los pueblos donde los guerrilleros sacaban sus provisiones, otros paramilitares volvieron a entrar a las zonas rurales de Ovejas, alrededor de El Salado, y luego de torturar a la gente públicamente, humillarla, quemarle sus bienes, entre otros vejámenes, dejaron tras de sí 17 cadáveres y condenaron al pueblo a la tristeza. (Vea
La Masacre de El Salado en revista Semana).
Según datos oficiales, la masacre de 1997 desplazó a 7 mil habitantes, es decir a toda la población total del corregimiento. A los pocos meses habían retornado ya unos cuatro mil. Sin embargo, el temple de la gente se reventó después de los horripilantes hechos de febrero de 2000. La gente huyó toda, y por mucho tiempo sólo habitaban en El Salado los fantasmas.
Los parceleros de La Emperatriz abandonaron sus terruños y se desplazaron hacia otros departamentos del Caribe colombiano, donde tenían familiares o conocidos. Pero como la violencia arreciaba por toda la zona costera, la gente huía de un lado para otro, con la esperanza de asentarse en un lugar donde no los tildaran de ayudarles a uno u otro grupo armado. Fue entonces cuando varias familias descubrieron las bonitas tierras de La Emperatriz desocupadas, y se fueron asentando allá entre 2001 y 2004, hasta completar 17.
Opción Legal documentó que algunas de estas venían de la vereda Caño Negro del municipio de Zambrano, otras de la vereda El Respaldo del Carmen de Bolívar y otras más, de las veredas Tacaloa y Carambolo del municipio de Córdoba. También asegura el informe de la ONG que levantaron ranchos, sembraron maíz y yuca para comer y tabaco para vender.
Estando desplazados en otros departamentos, los parceleros originales de La Emperatriz pidieron proteger sus tierras para que no fueran comercializadas.
Algunos fueron escuchados, aunque tardíamente. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2003 el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada del Carmen de Bolívar protegió el predio Villa Derlys. Sin embargo, esta medida sólo fue consignada en el folio de matrícula del predio en enero de 2005.
Lo mismo ocurrió con el predio Bellavista: fue protegido por una resolución del Incoder del 16 de noviembre de 2007 pero sólo se registró la medida oficialmente hasta febrero de 2009.
En 2007, mientras el segundo grupo de campesinos seguía viviendo en La Emperatriz, Jairo Balluelo contactó a varias de las familias originarias de la parcelación que vivían en otros lugares. Les ofreció, como comisionista del señor Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, comprarles las tierras que habían abandonado. Esto documentaron la corporación Opción Legal y la Unidad de Restitución de Tierras.
Según el estudio de Opción Legal, siete parceleros adjudicatarios del Incora, dueños de los predios Uribía, Bellavista, El Bajo, La Montañita, Manaure, Aquí Sí y Siloé, les entregaron poderes a varias personas para autorizar a otros a venderle sus parcelas a Echeverría Ramírez, en 2007. Echavarría, un empresario antioqueño cercano al alto gobierno en los tiempos del presidente Álvaro Uribe, les pagó a cada familia, entre seis y siete millones de pesos por unas 23 hectáreas de tierra, que era lo que tenía cada una en promedio. Es decir pagó a menos de 300 mil pesos por hectárea. La Unidad encontró además que Echeverría celebró una compra-venta con el dueño del predio Cuestecitas.
En total, fueron ocho las parcelas que Echeverría compró. Según el análisis que hizo Opción Legal, estas compras presentaron varias irregularidades. Para 2007, el predio Bellavista no podía ser comprado porque tenía una medida de protección. Según el fallo del Tribunal de Cartagena, Echeverría además violó la Ley 160 de 1994 o Ley de Desarrollo Rural que impide la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), la porción de tierra con que el Estado considera una familia puede vivir y progresar. En este caso, las UAF eran de 23 hectáreas y Echeverría acumuló ocho unidades que suman 186 hectáreas.
Siete de las ocho parcelas, excepto Cuestecitas, fueron legalizadas el 4 de septiembre de 2008 en la Notaría Única del Círculo de San Jacinto, Bolívar, con escrituras consecutivas que van del número 631 al 637. La Corporación encontró que tanto en los poderes como en las escrituras hay presuntas falsedades porque las firmas de los propietarios no coinciden con las registradas en diferentes documentos. Además, Opción Legal cuestionó por qué en ninguna de las escrituras fueron anexadas las copias de las cédulas de los parceleros. (Ver escrituras
507 y
508)
Echeverría casi no alcanza a legalizar las siete parcelas porque justo un mes después, el 3 de octubre de 2008 el Comité de Atención a la Población Desplazada declaró la inminencia de riesgo de nuevos desplazamientos en El Carmen de Bolívar y protegió los predios de 22 veredas y corregimientos de la zona baja del municipio, entre ellos, El Salado.
Los documentos recopilados por Opción Legal revelan que Echeverría Ramírez le transfirió la propiedad de seis de las siete parcelas de las que ya tenía al Grupo Argos. Echeverría hizo la transferencia a través de la Fiduciaria Fiducor S.A. (Ver
escritura Notaría 29). A su vez, el Grupo Argos aportó la tierra a un patrimonio autónomo, al que contribuyeron otros inversionistas públicos y privados, con el objetivo de ampliar un proyecto de reforestación que tenía pensado desarrollar con su filial Tekia.
Echeverría, quien les había pagado las parcelas a los campesinos a seis y siete millones de pesos cada una, obtuvo entre 60 y 66 millones de pesos por cada una, al transferirlas a la fiduciaria; es es casi diez veces el valor que pagó. Opción Legal se pregunta cómo Echeverría logró legalizar estas transferencias en la Notaría 29 de Medellín el 28 de enero de 2010, si las parcelas tenían una medida de protección colectiva desde octubre de 2008. Esta corporación encontró que, pese a dicha medida cautelar, extrañamente son pocos los predios de La Emperatriz los que la tienen registrada en sus respectivos folios de matrícula.
El Grupo Argos le explicó a VerdadAbierta.com que desde hace 30 años, por medio de su filial Tekia, comenzó a desarrollar proyectos de reforestación en el país para ayudar a reconstruir las regiones que han sido azotadas por el conflicto, así como para mitigar la contaminación ambiental, ya que la reforestación permite capturar grandes cantidades de dióxido de carbono.
Con esa idea, y ante el llamado que hizo el gobierno a la empresa privada para que contribuyera al desarrollo y la consolidación de la paz en los Montes de María, devastados por la violencia de los años anteriores, llegó allá Argos en 2005. A lo largo de los siguientes cinco años compró unas 8 mil hectáreas para cultivar teca, incluidas las 140 hectáreas que suman las seis parcelas que le vendió Álvaro Echeverría. El vocero de Argos explicó que sabían que Echeverría era un empresario antioqueño con tierras en la región, y que después de esa compra, no tuvieron más negocios con él.
Además explicaron que para desarrollar sus proyectos forestales, realizaron los respectivos estudios de títulos de las tierra que les ofrecieron en venta, y como no encontraron en los documentos restricciones de ninguna índole, las compraron. (Lea
entrevista completa con el Grupo Argos).
Desde 2007, cuando los campesinos dueños originarios de La Emperatriz registraron la venta de sus parcelas a Echavarría, hasta 2010, cuando éste las transfirió a Argos en las Notarías de San Jacinto y Medellín, los campesinos que las habían ocupado desde 2001 no tenían idea de lo que había sucedido. Dijo el fallo judicial de restitución que estos segundos ocupantes apenas se enteraron cuando los señores Teovaldo Meza y Adán Vásquez les informaron que tenían que desocupar las tierras porque éstas le pertenecían a Álvaro Echeverría. Lo mismo sucedió en 2012, cuando funcionarios de Argos les indicaron que Echeverría les había transferido las parcelas a través de una fiducia.
En las dos ocasiones los campesinos ocupantes se negaron a salir del territorio. El Grupo Argos le contó a VerdadAbierta.com que como habían negociado los predios sobre planos, no sabían de la existencia de los campesinos ocupantes y lo que hicieron fue conversar con ellos para que se unieran a un proyecto productivo. De esta forma, Tekia, la filial de Argos, desistió de ampliar su cultivo de teca en las seis parcelas de La Emperatriz y lo que les propuso fue participar en negocios inclusivos, un programa en el que Argos busca una empresa ancla, es decir una empresa grande, que se comprometa a comprar el producto que cultivan o elaboran los campesinos. Después de por lo menos un año de conversaciones, cinco parceleros de La Emperatriz se unieron a un proyecto de apicultura para producir miel.
El juicio
Según la Unidad de Tierras, sólo dos de los once campesinos adjudicados por el Incora en 1994 han solicitado la restitución de sus parcelas. Una de ellas fue la de la finca Cuestecitas, de 24 hectáreas, que la Unidad presentó en demanda en enero de 2013 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar. Álvaro Echeverría se presentó como opositor al proceso de restitución, argumentando que era comprador de buena fe. Juró ante el juez que no había sido su intención aprovecharse de las afujías por las que pasaban los campesinos debido a los sufrimientos que tuvieron por la violencia para comprarles a precios bajos.
Como había opositor, el caso de Cuestecitas fue trasladado del Carmen de Bolívar al Tribunal Superior de Cartagena para que fuera fallado por tres magistradas. A partir de los testimonios de Jairo Bayuelo, el comisionista que buscó a los campesinos para que vendieran; del propio Echeverría y del campesino reclamante, las magistradas, contrario a lo dicho por Echeverría, concluyeron que él si se había aprovechado de la vulnerabilidad de la familia desplazada para comprarle la finca.
No es este el único caso en el país en que las víctimas vendieron tierras a Echeverría. En La Porcelana, un predio de 546 hectáreas en el municipio de Cáceres en la región del Bajo Cauca antioqueño, Echeverría llegó en 2002, argumentando que la Sociedad Agropecuaria La Porcelana Ltda., que el él representaba, tenía allí tierras y venía a reclamarlas.
Según lo atestiguaron algunos parceleros, antes de que Echeverría y La Porcelana reclamaran los predios donde ellos llevaban muchos años cultivando sus tierras, fueron citados por Alexánder Bustos Beltrán, alias ‘W, un mando medio del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), para que abandonaran las tierras. (Lea:
Tensión en La Porcelana).
En el caso de El Salado, el campesino restituido por la sentencia judicial del Tribunal de Cartagena, explicó que a él lo había influido lo que le dijo Teovaldo Mesa, quien negoció las compras de las parcelas en La Emperatriz para Echeverría: que era mejor que vendiera porque las parcelas iban a ser compradas por ‘cachacos’ y su finca iba a quedar encerrada y sin acceso. “La venta de nuestro predio fue por la violencia que había y los retornos no se deban hacia el campo. Me vi obligado a vender por nuestra situación económica…”, dijo el reclamante.
Para el Tribunal, las compra-ventas que realizó Echeverría en 2007 son nulas porque al ser parcelas de reforma agraria éstas tienen una restricción de venta de quince años, es decir, los campesinos no podían venderlas sino hasta 2009. En su decisión, las magistradas anularon todas las transferencias sobre el predio Cuestecitas. Además, ordenaron a sus poseedores actuales (Martínez y otros campesinos que ocuparon las tierras en 2001, luego de que los originales fueran desplazados por la violencia) devolverlo al campesino originario de 1994; al Ministerio de Agricultura, incluir a la familia en programas de subsidios; a las autoridades en general, les pidió garantizarles la seguridad; e instó al Juez Promiscuo del Carmen de Bolívar a que desalojara a los actuales ocupantes del predio, si era necesario para que la familia pudiera recuperar su tierra.
Sin embargo, el director de la Unidad de Restitución aseguró que no ha habido ni habrá ningún desalojo. “La policía estuvo en la zona pero solo hizo un proceso de verificación. El día en que fuimos a recuperar Cuestecitas, por orden del Tribunal, encontramos a (Pedro) y a otras dos familias. Conversamos con los campesinos ocupantes y acordaron que se ubicarían en otro predio de la parcelación que está desocupado”, dijo Álvaro Tapia, director de Restitución en Bolívar.
El Grupo Argos aseguró que piensa entregar en comodato 140 hectáreas, las seis parcelas que compró de La Emperatriz. El comodato es un contrato de préstamo de uso gratuito que en este caso conserva la propiedad en favor de la empresa pero permite a los campesinos explotar las tierras sin pagar por ejemplo un arriendo. “Estamos ya elaborando el contrato. Pensamos que el contrato sea por cinco o siete años y que estos campesinos se vinculen al programa de negocios inclusivos”, señaló la empresa.
Sobre qué sucederá en general con las familias ocupantes Álvaro Tapia aseguró que la Unidad de Restitución les ha ofrecido incluirlos en el programa de segundos ocupantes, que busca reconocer los derechos de campesinos que, como ellos, fueron víctimas de la violencia y que explotan una tierra de las cuales no son los titulares iniciales.
Según el funcionario, el panorama puede ser que los ocupantes soliciten la “formalización”, es decir, la titulación del predio y en caso de que no se opongan los campesinos adjudicados en el 94 las fincas les sean adjudicadas. Si sucede lo contario, si los adjudicados originales se oponen a la formalización o solicitan la restitución, los ocupantes podrían solicitar una compensación, como lo contempla la Ley de Víctimas, ya sea económica o de reubicación en otro predio.
Los campesinos ocupantes esperan que el gobierno los incluya en el programa mencionado, mientras la Unidad de Restitución espera “que el proceso de restitución no sea obstaculizado. El 90 por ciento de las reclamaciones de tierras en Montes de María involucran a empresas”, dijo Tapia. Y no todas han tenido la flexibilidad de Argos en encontrarle salidas al problema.
* Nombre cambiado por seguridad del campesino. El nombre de la familia restituida también se omitió por su protección.
