El asunto sigue sin aclararse. O, por lo menos, sin una explicación satisfactoria. Hace unas semanas, el director de un programa radial y uno de sus comentaristas denunciaron que sus comunicaciones telefónicas estaban intervenidas. Y acusaron como responsable del hecho a la recién creada Agencia Nacional de Inteligencia y, más específicamente, a un teniente coronel adscrito a esa entidad.
Pese a que los medios le han dado amplia difusión, los ciudadanos todavía seguimos sin saber qué sucedió y quiénes son los responsables. Lo último que se ha sabido es que, según Juan Paz, del diario El Mundo, de Medellín, el presidente Santos llamó al director del programa y «le explicó que la Agencia Nacional de Inteligencia no sería la única que podría haber interceptado los teléfonos. Porque hay otras seis entidades con capacidad para chuzar teléfonos: el CTI de la Fiscalía, la Procuraduría, la Armada y el Ejército y en la Policía, la Sijín y la Dipol» (¿?).
Lo preocupante del caso no solo es que siga persistiendo el régimen de acoso e intimidación que se había gestado en el gobierno pasado, sino que, de ser cierto, el propio Presidente de la República se exponga a dar semejantes explicaciones. Aquí hay que preguntarse: ¿qué tanto control tiene la Casa de Nariño sobre los organismos de inteligencia del país? ¿Quién o quienes son los que están interceptando comunicaciones y con qué propósito? ¿Acaso el DAS no se suprimió, entre otras, por la comisión de actividades irregulares como estas?
Pero la preocupación no para allí. Según uno de los denunciantes, las interceptaciones le fueron reveladas por un «alto oficial que no quería hacer parte de esto, que no está de acuerdo con que se viole la Constitución, como ocurrió en el pasado gobierno». Aquí, los interrogantes siguen: ¿cómo así que un alto oficial de las Fuerzas Armadas o de Policía, antes que informar a sus superiores o a las instancias competentes de un hecho ilegal que conoce, prefiere llamar al afectado para informarle «que no quería hacer parte» del ilícito? ¿Es así como deben proceder nuestros oficiales? ¿El general de «tantísimos soles», como en alguna parte ha sido identificado por uno de los denunciantes, actúa por vocación institucional o por interés personal?
Por otra parte, también hay que preguntarse si, una vez que el periodista afectado fue informado del hecho y recibió las pruebas del ilícito por parte del «altísimo oficial», las puso en conocimiento de las autoridades competentes, o armó el escándalo y no hizo entrega de ellas. Porque aquí también se está dejando progresar un «régimen de filtraciones», que resulta atractivo para la venta en los medios, pero que es muy lesivo para la institucionalidad democrática del país.
Una de las virtudes que hemos reconocido en los dos años del presidente Santos ha sido su esfuerzo por reinstitucionalizar los procesos decisionales de la Presidencia y las actuaciones de la Fuerza Pública. Pero con este hecho y su falta de explicación, todo queda en entredicho.
1) Lo que está en juego es la vigencia del orden constitucional y legal y, en particular, el derecho de los ciudadanos a que se les preserve su intimidad y que puedan ejercer su profesión sin interferencias del Estado.
2) El Gobierno no puede dejar la impresión de que no controla las agencias de inteligencia de las distintas fuerzas.
3) La alta oficialidad de la Fuerza Pública no puede estar fracturada en torno a prácticas ilegales.
4) La recién creada Agencia de Inteligencia no puede terminar señalada como una mala copia del DAS. Ya se ha hecho demasiado esfuerzo en este sentido, y la institucionalidad ha sufrido un desgaste muy grande como para dejar que las cosas pasen así.
Aquí todos tienen algo que aclarar. Comenzando por el Gobierno, que les debe a los ciudadanos una explicación cierta, satisfactoria e inmediata.
