El Consejo de Estado mantuvo suspendida una norma que permitía excluir a los indígenas de la puja por las concesiones mineras que se adelantaran en sus territorios.
Aunque muchos lo desconocen, la ley obliga a que los indígenas conserven un derecho prevalente a explotar los recursos mineros en las zonas en las que habitan, por encima de los intereses de cualquier empresa multinacional. Una providencia del Consejo de Estado advierte que el Gobierno no puede facultar a la Agencia Nacional de Minería para que restrinja esa garantía.
Con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, la corporación ratificó la suspensión a una norma que permitía que la autoridad minera impidiera a los indígenas participar en la puja por una concesión minera, si al cabo de un mes de abierta la convocatoria ninguna comunidad aborigen enviaba su respectivo proyecto de contrato para la explotación del subsuelo.
Esta disposición permitía que, cumplido ese término, sólo las grandes empresas que el mundo conoce -extranjeras principalmente- pudieran llevarse una jugosa concesión, aun cuando la ley protege el derecho prevalente de los indígenas y los afrocolombianos sobre la explotación de los recursos de sus territorios.
La Sección Tercera del alto tribunal encontró que no existía ningún mandato legislativo que le permitiera al Ejecutivo facultar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para declarar desierta la participación de los indígenas en la pugna que libran las muchas empresas mineras por hacerse a los recursos del subsuelo presentes en los territorios donde habitan poblaciones raizales.
La decisión recuerda que las normas internacionales –como los convenios de la OIT- comprometen a Colombia en la protección de los derechos de las comunidades negras e indígenas a participar activamente en el desarrollo de proyectos que impacten su relación con la tierra, en la mayoría de los casos milenaria y matizada por componentes religiosos.
Esto significa que aunque los proyectos de las comunidades sean enviados después de 30 días de iniciado el proceso licitatorio, no deben ser excluidos de la pugna en la que participen las empresas mineras más reconocidas.
