El magistrado Alberto Rojas Ríos, el mismo cuya elección como miembro de la Corte Constitucional fue declarada nula por el Consejo de Estado, por vicios de forma, radicó días antes de esa decisión una trascendental ponencia respecto de la posibilidad para que los miembros de las FARC puedan participar en política de llegarse a concretar un acuerdo para poner fin al conflicto.
Semana.com conoció en exclusiva la ponencia de Rojas quien en 251 páginas argumenta el por qué se le puede dar la posibilidad a que todos los actores del conflicto armado interno participen en política tras cumplir ciertas condiciones.
“Nuestra Constitución no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de los miembros de alguno de los grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”, indica el texto de la ponencia, en la que se abren las puertas a que por ejemplo miembros militantes de grupos como el ELN, las AUC entre otros grupos insurgentes participen en política, así como agentes del Estado, algo que, sin duda, generará controversia.
En su ponencia, el magistrado Rojas Ríos señala que “la Constitución tiene como fundamento el reconocimiento de interlocutores políticos validos a antiguos sectores del conflicto a efectos de restablecer y consolidar la democracia de una sociedad», dice el texto.
Para el magistrado es necesario que todos los actores del conflicto se sienten en una misma mesa y pueda existir una reconciliación entre víctima y victimario con unas reglas claras para la reparación y la garantía de no repetición. “El fin fundamental en todo proceso transicional es la reconciliación de la sociedad con miras al establecimiento de una paz positiva, la cual implica consolidar reformas estructurales en los procesos de decisión política que sean estables e influyentes”, señala el texto.
De ahí que la ponencia solicita declarar inconstitucional el artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz que tal como lo aprobó el Congreso señala: “No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática y en consecuencia no podrán participar en política y ser elegidos popularmente quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.
Por ello, Rojas solicita en su propuesta una ley estatutaria en manos del Congreso de la República que “regulará la posibilidad de participación en política”.
Según el documento, los actores del conflicto que deseen participar en política tendrán que cumplir requisitos como “dejación de las armas, reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de secuestrados así como la desvincularon de menores de edad que se encontraran en poder del grupo”.
Las reglas
En materia de Regulación de la participación en política de los actores del conflicto, la ponencia de Rojas establece tres parámetros para que todos los actores antiguos, actuales y permanentes del conflicto puedan participar en política.
El primero es que los actores tienen que ser seleccionados a la luz del Marco Jurídico para la Paz y cumplir con las penas alternativas antes de reintegrarse a la vida política.
El segundo aspecto se relaciona con el grado de responsabilidad dentro del grupo armado. Y reitera que el Congreso tendrá que «realizar leyes específicas para dichos actores, con el objetivo de brindar una garantía especial de participación en política de todos ellos», indica la ponencia
El papel de las víctimas
La ponencia reitera que para que haya participación en política de los actores del conflicto tienen que resarcir los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
“El camino hacia la paz debe tener en cuenta la necesidad de que las víctimas no se sientan burladas en sus derechos por parte de los mecanismos de protección del Estado”. La ponencia es clara en advertir que aun cuando las víctimas no pueden impedir que los actores del conflicto participen en política, sí tienen derecho a que en ese escenario sean respetados sus derechos.
Los mecanismos de participación que se establezcan no se conviertan en un obstáculo para cumplimiento de los instrumentos de Justicia del Marco Jurídico para la paz», indica el texto.
De la misma forma, le recuerda al Congreso que es el órgano que deberá definir el grado de reparación que tendrán las víctimas en la salvaguarda de sus derechos.
Para el magistrado el Congreso jugará un papel vital en todo el juzgamiento de las conductas relacionadas con delitos de lesa humanidad y que violan estándares internacionales adoptados por Colombia. “El legislador debe tomar precauciones para que la interacción entre los desmovilizados y las víctimas no reproduzca las condiciones de afirmación humillante de poder que estas últimas sufrieron en el pasado”, dice en su propuesta.
Esta ponencia será discutida este miércoles en Sala Plena de la Corte Constitucional. Semana.com realizó un sondeo con algunos magistrados para conocer su opinión del proyecto, y en su gran mayoría respaldarían la ponencia. ¿Amanecerá y veremos?
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