El Presidente dijo que no quiere que el proceso de paz sea 'derrotado en las cortes'.
El presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles que su gobierno no permitirá que en La Habana se diseñe un modelo de justicia transicional que luego, tras la firma de un acuerdo de paz, termine cayéndose ante cortes nacionales o extranjeras.
La decisión política del Jefe de Estado es que los diálogos garanticen absolutamente los derechos de las víctimas que han dejado más de 50 años de guerra, materializando un sistema jurídico que blinde las negociaciones y que, a la vez, permita consolidar una paz estable y duradera.
Para la Casa de Nariño, y es el mensaje que les reiteraron este miércoles los negociadores del Gobierno a las Farc en el reinicio de los diálogos en La Habana, es clave que la verdad de la guerra florezca tras la negociación. Esto implica un compromiso más a fondo de la guerrilla en reconocer a sus víctimas.
Durante un foro sobre paz organizado por Semana, Santos recalcó que el Marco Jurídico para la Paz –sustento legal de los diálogos– contempla la posibilidad otorgar penas alternativas a los grupos ilegales, bajo la condición indeclinable de comprometerse con contar la verdad y reparar a los afectados por la confrontación armada.
Los miembros de las Farc no quieren pagar un solo día de cárcel –según han dicho–, en especial quienes integran su cúpula, y la justicia transicional contempla penas alternativas distintas a la prisión. Eso es, precisamente, lo que se está negociado y lo que necesita de un amplio consenso político para que sea viable.
“El Marco Jurídico para la Paz condiciona cualquier tratamiento penal especial a la contribución, al esclarecimiento, porque nadie puede pedir un tratamiento especial si no está dispuesto, por lo menos, a decir la verdad y a liberar a otros con esa verdad”, enfatizó el mandatario.
Esta tesis respalda lo dicho el lunes por el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien en un foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario reveló “una luz de esperanza” para que la órbita internacional respete los acuerdos que se logren con las Farc.
De la Calle dijo que un fallo del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con un caso de El Salvador, tuvo un salvamento de voto que determinó que el sistema de protección de derechos humanos no tiene que ser obstáculo para la paz.
Es por eso que el Gobierno está enfocado en encontrar la fórmula que permita sacrificar algo de justicia con tal de consolidar la paz, pero garantizando los derechos de las víctimas.
“No queremos firmar un acuerdo de paz para que luego sea derrotado en las cortes”, puntualizó ayer el presidente Santos.
Este esfuerzo recibió otro espaldarazo del nobel de Paz y exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien, además, invitó a Santos y al senador Álvaro Uribe a que reconstruyan su relación política en aras de la paz. Dijo que para garantizar los derechos de los afectados por la guerra es necesaria una comisión de la verdad plural y objetiva.
La conformación de la comisión de la verdad es parte de la agenda de negociación con las Farc. “La justicia no debe ser un impedimento para la paz; es, por el contrario, un socio fundamental para lograrla”, enfatizó Annan.
Colombia sabe que el proceso de paz necesita de legitimidad internacional para que sea políticamente viable y aplicable, por eso la justicia transicional es un tema que se analiza con todo detalle.
La Corte Penal Internacional es uno de los órganos que analiza el proceso de paz con las Farc y que tiene potestad –si ve que hay impunidad– para intervenir en Colombia.
“La simpatía internacional se puede acabar si la conclusión es que no fuimos capaces de enfrentar lo que ocurrió y de responderles a las víctimas”, reconoció el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.
Las Farc, por su parte, insistieron desde La Habana que este debate debe arrojar soluciones concertadas, y no solo basadas en el “unilateral Marco Jurídico para la Paz”.
Denuncian que Farc siguen extorsionando en Guaviare
El gobernador del Guaviare, Octaviano Rivera, denunció este miércoles que la guerrilla sigue extorsionando en su departamento, pero admitió que desde que las Farc declararon el cese del fuego unilateral, los hostigamientos por parte de la insurgencia a la Fuerza Pública se redujeron al máximo.
Su denuncia se conoció previa a la cumbre de gobernadores que se realizará desde hoy en Puerto Inírida (Guainía) y a la cual asistirá, mañana, el presidente Juan Manuel Santos.
El pasado martes, en el foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, también dijo que las Farc mantienen acciones relacionadas con la extorsión y las drogas. “Aún hay extorsión y combinación de elementos cercanos al narcotráfico”, dijo De la Calle.
El objetivo de la cumbre de mandatarios es analizar el tema de la paz y cuál será su participación en el posconflicto, dos de los propósitos de Santos.
Antes del evento, Rivera expresó también su preocupación por los recortes presupuestales que se les vienen a los departamentos por la reducción de las regalías y por el anuncio del Gobierno del aplazamiento en la ejecución de 6 billones de pesos del presupuesto.
De otro lado, el gobernador del Guainía, Óscar Rodríguez, calificó de “histórico” que la cumbre se realice en su departamento y recordó que mañana también se hará en esta capital un Consejo de Ministros.
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-habla-de-justicia-transicional-/15303077
