Cuatro exjefes paras están libres tras pagar pena alternativa acordada en proceso entre 2003 y 2006.
Después de pagar cárcel por casi nueve años (uno más que la pena máxima establecida por la Ley de Justicia y Paz), ya cuatro grandes jefes paramilitares han regresado a la libertad. Otros cinco, entre ellos uno histórico, Ramón Isaza, ya cumplieron la pena alternativa y están pendientes de las decisiones de los jueces.
Entre tanto, en cárceles de los Estados Unidos están pagando condena por narcotráfico hombres que por décadas fueron verdaderos ‘señores de la guerra’ en el país: Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’, Hernán Giraldo Serna y ‘don Berna’ son algunos de ellos.
Entre cinco y ocho años de cárcel para los responsables de delitos graves y la aplicación de la extradición en caso de que volvieran a delinquir fueron dos de las condiciones a las que finalmente se sometieron las cabezas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras el proceso de paz que llevó, entre el 2003 y el 2006, a la entrega y desarme de 31.000 paramilitares’.
Eso fue lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, la cual aún sigue vigente y el único antecedente de la aplicación de justicia alternativa en el continente. Aunque la propuesta inicial del gobierno del presidente Álvaro Uribe no incluía cárcel para los paramilitares, el Congreso expidió en el 2005 una norma que fue endurecida por decisiones posteriores de las cortes Suprema y Constitucional y cuyos resultados son considerados inéditos, a pesar de que, diez años después, las condenas contra varios de los “maximos responsables” siguen sin verse. Sin embargo, ellos han estado presos durante todo este tiempo.
Gracias a las confesiones de los paramilitares –los postulados de la Ley eran verdad, justicia y reparación–, la Fiscalía logró recuperar de fosas comunes 6.400 cuerpos de víctimas de las Auc, de los cuales han sido identificados y devueltos a sus familias unos 3.000. Los desmovilizados confesaron 40.000 homicidios y sus delaciones dieron pie a procesos emblemáticos, como los de la ‘parapolítica’, que llevaron a la cárcel a más de 60 excongresistas y exgobernadores que se aliaron con ilegales para hacerse elegir entre 1998 y el 2006.
En cuanto a reparación de las víctimas, que es el frente con mayores incumplimientos, el fondo que financia ese programa recibió bienes y otros recursos por alrededor de unos 255.000 millones de pesos.
Aunque esos resultados parecen menores frente a los crímenes cometidos por los paramilitares desde mediados de los 80, representan un avance ante lo ocurrido en negociaciones de paz en todo el mundo.
Procesos en otros países
Al menos 20 ejemplos de justicia alternativa se han aplicado en el mundo en procesos de paz. Un trabajo realizado por expertos para el Congreso Internacional sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración, realizado en el 2009, retomó varios de esos acuerdos.
Uno de estos fue el firmado entre el gobierno de Sierra Leona y los rebeldes, entre ellos el Frente Revolucionario Unido (RUF). En 1999 se fijó una amnistía total, inmunidad y perdón para los combatientes, lo que en su momento fue criticado por la ONU, así como la creación de una comisión para la reconciliación.
Una amnistía similar se acordó en el proceso que en 1992 firmaron El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras casi siete años de diálogos. El centro de esos acuerdos fue la inclusión de la izquierda al sistema político en ese país y una reforma a los organismos de seguridad. Al final, eso derivó en la creación de una nueva Policía Nacional Civil, conformada por civiles, excombatientes del FMLN y expolicías.
En esos casos se aplicaron amnistías porque se firmaron antes de que entrara en vigencia la Corte Penal Internacional, que persigue a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando estos no han sido juzgados en sus países.
