Al procurador general, Alejandro Ordóñez, no le cabe duda de que los miembros de las FARC, quienes quieran hacer política, no lo podrán hacer si han cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra.
“Una eventual paz acordada con el desconocimiento de la exigencia de justicia conllevaría a una paz no sostenible en el tiempo”, dijo Ordóñez tras recordar que así lo consagra el artículo 122 de la Constitución.
“El tratamiento de quienes han incurrido en delitos de carácter internacional es más complejo, al encontrarse una clara limitación jurídica en el bloque de constitucionalidad, que impide que puedan ser beneficiarios de amnistías, de indultos y de derechos políticos”, dijo el procurador.
La declaración se da en momentos en que las FARC terminaron una tregua de fin de año y que entre las acciones más sonadas se encuentran: la muerte de tres policías en el departamento de La Guajira y dos más secuestrados en el Valle del Cauca. A esto se suma la destrucción de una escuela en Balsillas, Caquetá.
Otro de los argumentos del procurador es que los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en Colombia después del año 2002 y los cometidos después de noviembre del 2009 “son competencia de la Corte Penal Internacional, a la manera de un tribunal de reserva complementario, para casos que un Estado no quiera o no pueda judicializar dichos crímenes”.
El procurador hizo la advertencia luego de asegurar que el Ministerio Público debe hacer el seguimiento a los acuerdos “a los que se llegue en la mesa de negociación con las FARC, pues el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio”.
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