El péndulo de la reforma agraria está de vuelta con las conversaciones de La Habana, y ojalá que esta vez se ponga en marcha para beneficio de Colombia.
Colombia es el país de las tareas inconclusas, de lo cual la manifestación más tangible es el estado de atraso de nuestra infraestructura vial, materia en la que el país se ha quedado rezagado frente a sus pares de la región, especialmente con los vecinos Ecuador y Venezuela.
En el campo de la paz fuimos pioneros en la búsqueda de una paz regional con el grupo de Contadora, integrado por México, Venezuela, Panamá y Colombia, y el diálogo que en su momento inició el gobierno Betancur con las Farc y el M-19 se convirtió en el ejemplo para los gobiernos de Guatemala y El Salvador. Hoy vemos que tales países finalizaron sus conflictos internos de insurgencia armada, mientras que nosotros seguimos en las mismas.
En materia de reforma agraria también Colombia inició con un liderazgo importante, mediante la Ley 135 de 1961, que en su momento fue tomada como modelo de lo que debería hacerse en un escenario democrático promovido por la Alianza para el Progreso, frente al desafío de la entonces triunfante revolución cubana.
Este programa agrario, que ha sido de responsabilidad bipartidista tanto en sus épocas de auge como de receso, y que como tal se ha vuelto recurrente, aparece y desaparece del escenario de la discusión pública según la coyuntura o las presiones cotidianas. A ello ha contribuido también la mentalidad ciclotímica del país, producto de la ausencia de un proyecto de desarrollo de largo plazo, lo que ha sido favorecido por el protagonismo inmediatista de quienes, por aparecer innovadores, alimentan el debate público con propuestas no siempre coincidentes con los intereses fundamentales del país.
Cuando un gobierno progresista como el de Carlos Lleras promovió la organización campesina como el brazo fuerte que impulsara el proceso de reforma agraria, los excesos en que incurrieron sus dirigentes, con las tomas masivas de tierras y la impulsiva declaración de un gerente del Incora que se autoproclamó como de estirpe de “sangre de invasor”, hicieron sonar las alarmas del establecimiento, el cual reaccionó con el Pacto de Chicoral.
Este pacto derivó en la Ley 4.ª de 1973, que estableció una metodología técnicamente rigurosa para la determinación de la calificación de tierras, con la exigencia del cálculo anual de unos mínimos de productividad, para cuya implementación el país no estaba preparado ni tampoco existía la intención de hacerlo, con lo cual la dinámica en curso se frenó.
Después, al llegar la “era de los másteres” –al decir del famoso columnista Lucas Caballero, Klim–, el Incora fue defenestrado pues se le quitaron las funciones de otorgar crédito, los distritos de riego que pasaron al Himat, la asistencia técnica, construir vías en regiones apartadas, etc. Para tratar de paliar la situación, el freno a la acción del Incora, se adoptaron los programas DRI (Desarrollo Rural Integrado), PAN (Plan de Alimentación y Nutrición) y el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) con el apoyo de la banca multilateral.
Esa etapa inercial no arrojó demasiados frutos, pues la violencia y los conflictos de tierra en el sector rural siguieron su curso, razón por la cual, en el gobierno Barco, se produjo un relanzamiento de la reforma agraria con la Ley 30 de 1988, cuya idea fuerza era que la reforma agraria era una responsabilidad integral del Estado, lo cual le permitió al Incora, bajo la gestión de Carlos Ossa Escobar, retomar su impulso inicial, con la intención de recuperar el espacio perdido en tiempos del statu quo.
Ese nuevo escenario lo avaló Álvaro Gómez Hurtado, en extensas declaraciones, al ser liberado de su penoso secuestro, cuando se refirió a la necesidad de quitarle legitimidad a la protesta social que se expresa violentamente con el pretexto de la ausencia de una reforma agraria, y agregaba que “si al hacer reforma agraria contribuía a disminuir las causas de la violencia en el sector rural, bien valía la pena que el Estado asumiera su costo, pero con planes seriamente concebidos y no con los altibajos de los últimos treinta años”
Pero dos años después llegó el gobierno de Gaviria, y con el argumento de la “reducción del tamaño del Estado” se desmantelaron casi todas las entidades del sector agropecuario, en especial el Incora, pues “la reforma agraria era un anacronismo”.
Hoy el péndulo de la reforma agraria está de vuelta con las conversaciones de paz que se realizan en La Habana, y ojalá que esta vez se ponga efectivamente en marcha para beneficio de la Colombia rural y del país en general.
Amadeo Rodríguez Castilla
Economista consultor
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/amadeorodrguezcastilla/la-ciclotimica-reforma-agraria-amadeo-rodriguez-castilla-columnista-el-tiempo_12672087-4
