Lectura penetrante del acuerdo para crear la Comisión de la Verdad: ¿qué tiene de novedoso? ¿Qué implica para las FARC – y qué para el Estado-?¿cuál verdad deberá esclarecer?¿Cómo hacerla independiente? ¿Quiénes deben integrarla?
Un acuerdo de verdad
El acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre una Comisión de la Verdad que empezaría a trabajar en el momento mismo de concluir sus negociaciones es una buena señal, que debe analizarse para entender cómo se está concibiendo este proceso de paz.
Lo primero que resulta llamativo es que las FARC acepten que esclarecer la verdad se lleve a cabo una vez se haya firmado el acuerdo y ambas partes hayan cesado el fuego. Esto quiere decir que en la guerrilla existe un compromiso de fondo con la verdad. Las FARC no están pensando en la verdad como un elemento de negociación que afecte o condicione el cese al fuego. Esta no es una disposición a medias para “que se sepa esto pero no aquello”. Así como se acordó negociar en medio del conflicto, se está aceptado ahora que la verdad no puede ser esclarecida en medio del conflicto.
Muy importante es también el haber referido el papel de esa Comisión a los otros tres principios rectores del proceso: la justicia, la reparación y la no repetición. En estas condiciones el esclarecimiento de la verdad cumplirá una función precisa a los ojos del pueblo colombiano. Esta será una verdad que repare y contribuya a restituir la dignidad de las víctimas.
Pero ante todo será una verdad que complemente la aplicación de la justicia al hacerla más integral. Pues se ha dicho que la comparecencia ante esa comisión, por parte de personas que puedan ser objeto de procesos judiciales, contará como un elemento a considerar en el marco de los compromisos de reparación a las víctimas y podrá tener efectos en la concesión de beneficios jurídicos.
Además de lo anterior, se ha advertido que de las comparecencias ante la Comisión no podrán derivarse imputaciones penales para terceras personas, ni autoincriminaciones. Semejante medida es necesaria para que los ciudadanos se animen a participar en el proceso.
Un lugar para la historia
Pero quizá lo más importante es entender que el ámbito de esta Comisión es claramente extrajurídico, lo que significa que la verdad a esclarecer trasciende los “hechos” puramente jurídicos. La que se busca es la verdad histórica que habrá de orientarnos hacia nuevas formas de comprendernos como nación.
Por supuesto investigar y tratar de reconstruir la verdad de nuestra historia no es tarea que deba esperar a una comisión conformada desde el alto gobierno y los mandos guerrilleros: es algo que se viene haciendo desde distintos ámbitos de la cultura. Sin embargo, al acordar la Comisión de la Verdad se ha tomado conciencia de que esta tarea no debe ser dejada al arbitrio de quienes tengan la buena voluntad de indagar como periodistas, escritores, académicos o ciudadanos preocupados.
Así como la aplicación de la justicia y el cumplimiento de la reparación necesitan instituciones del Estado para llegar a buen término, los negociadores han entendido que el esclarecimiento de la verdad histórica necesita del soporte institucional del Estado para ser exitoso.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la rebaja de penas por colaboración (específicamente por el aporte de información veraz) es una figura establecida en Colombia bajo el sistema penal acusatorio, es importante explicar por qué además de la justicia se necesita una Comisión de la Verdad, qué relación tendrá ella con el ámbito jurídico y quiénes la conformarán.
Para qué la Comisión
La verdad a esclarecer no es la de los delitos que deban o puedan ser objeto de investigación penal – para lo cual bastaría con la Fiscalía y sus unidades especializadas-.
Precisamente lo que se quiere establecer es la verdad extrajurídica. Es decir, aquella “verdad histórica” que atañe a todos los actores, acciones y circunstancias que directa o indirectamente hicieron parte del conflicto armado.
Esta Comisión no tiene el propósito de impartir justicia o de aplicar sanciones. Su propósito es reconstruir la historia del conflicto e identificar a sus múltiples “determinadores”. La Comisión podrá investigar los delitos que han tenido lugar en el contexto del conflicto pero, a diferencia de los fiscales y los jueces, estos comisionados podrán convocar a personas cuyas actuaciones no necesariamente están tipificadas como delitos: jerarcas de la Iglesia, empresarios, artistas, militares activos o en retiro, políticos y académicos podrían estar en la lista de quienes aportarán a la reconstrucción de esta historia.
Con frecuencia hemos oído que lo que más les interesa a las víctimas es “saber la verdad”, pues una vez conozcan la verdad de lo ocurrido podrán “seguir adelante” (lo cual no necesariamente es perdonar). Es esta necesidad de las víctimas la que, en esencia, puede ser ampliada a todo el país. El valor de la verdad histórica radica en que permite comprender y en que esa comprensión nos prepara para actuar de maneras distintas en el futuro.
La importancia de la Comisión no depende tanto en la verdad que vayan a “revelar” los comisionados, sino del hecho de que el Estado asuma la responsabilidad de “revelarlo”. Esta es la decisión que hace del esclarecimiento de la verdad un hecho político con profundas repercusiones para la democracia.
Haber llegado al acuerdo acerca de la Comisión de la Verdad significa que no se parte ya de discutir si el conflicto fue causado por las FARC o por “agentes del Estado”, sino que se ha entendido que el conflicto colombiano fue creado por una sociedad y que las estructuras de poder responsables del conflicto deben ser identificadas y deben ser transformadas.
En otras palabras: se ha entendido que esclarecer la verdad es una decisión política necesaria para el proyecto de la paz. Porque la paz es un proyecto de transformación de la sociedad que ha producido el conflicto.
Quiénes formarán la Comisión
La Comisión de la Verdad no puede ser un confesionario. Necesitamos una comprensión secular de la verdad. Es decir, necesitamos superar esa mentalidad que reduce la idea de “decir la verdad” a “confesar los pecados”. Esto es importante para abandonar la expectativa de que la Comisión será un confesionario del cual saldrá el perdón del Estado.
La decisión de las víctimas de perdonar no será suplantada por el Estado. Las confesiones tendrán valor por ser los relatos necesarios para reconstruir la historia de la violencia, no por estar acompañadas por golpes de pecho. La Comisión de la Verdad no puede convertirse en el escenario del arrepentimiento y del perdón, pues la experiencia de otros países ha demostrado que esto es un error.
Muchos comentaristas se han apresurado a decir que en la Comisión “deberían estar representadas todas las partes”. Esta demanda refleja un temor válido: el temor de que la verdad que se establezca refleje un solo punto de vista. Pero precisamente lo que puede garantizar la independencia de la Comisión no es una especie de “consenso entre las partes”, sino la mirada especializada de diferentes disciplinas. No hay que preocuparse por “hacerle un lugar” a las víctimas en esa Comisión, o a los militares, o a los guerrilleros. Esto sería como si ante una investigación forense uno pidiera que haya personas que representen a las partes.
Esclarecer la verdad no consiste en llegar a un acuerdo. Esa es una tarea especializada y es el rigor metodológico lo que garantizará la independencia de la investigación.
Queda claro que quienes han de conformar la Comisión de la Verdad no son necesariamente jueces, ni fiscales, ni curas (aunque podría haber de los tres). Los saberes requeridos no se reducen a los de estos oficios.
Esta es una buena oportunidad para que Colombia se entere de que existen los científicos sociales: sociólogos, historiadores, psicólogos, antropólogos, economistas, politólogos; y también que existen los filósofos, algunos de los cuales (para bien y para mal) se ocupan justamente de cosas como “la verdad”.
Se necesitan miradas desde distintos ángulos y especialistas en aspectos metodológicos para que los múltiples relatos que saldrán a la luz logren ser articulados dentro de una versión coherente que dé cuenta de lo acontecido y que nos permita proyectarnos hacia nuevas maneras de ser una nación.
