La ruina y el caos vergonzoso en el que se encuentra el Hospital San Francisco de Asís, el más grande de Quibdó, vuelve a poner en evidencia que la corrupción se apoderó definitivamente de la salud en el Chocó. Lo paradójico y triste del asunto es que tanto el centro asistencial como el sector en ese departamento están intervenidos por el Estado desde hace siete años, tiempo durante el cual ninguna medida adoptada para enfrentar esta situación ha funcionado.
Parece un mal chiste recordar que la crisis y la anarquía que carcomían a esa entidad en el 2007 llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a tomar posesión de ella por dos meses para sanearla y ponerla a funcionar adecuadamente. Pero este objetivo no pasó de ser una ilusión. Hoy, por causa de los mismos factores, que parecen multiplicarse, además del San Francisco, los otros 15 hospitales pequeños colapsaron por las dolosas dentelladas que reciben desde diferentes orillas.
El último episodio ocurrió esta semana, cuando la directora de Caprecom, entidad que administra dichos centros, anunció el retiro de esa institución del Chocó por el riesgo que conlleva enfrentar a los corruptos, politiqueros y grupos armados ilegales, que tienen tomada la salud en ese departamento.
Una rápida revisión de las cifras justifica la singular decisión (que de por sí ameritaría un análisis específico) de una entidad estatal de retirarse de una función asignada por el mismo Estado.
Para empezar, solo el año pasado las pérdidas operativas del hospital desbordaron los 1.200 millones de pesos, la mayoría de ellas empujadas por factores que, vistos en detalle, responden a intereses oscuros. Contratos amañados para el suministro de medicamentos, millones de pesos en pagos irregulares por servicios no prestados, contratación de ambulancias aéreas que terminan transportando a particulares, pagos exagerados a especialistas que imponen sus honorarios a expensas de posiciones dominantes y el desvío descarado de recursos son muestra del espectro punible que cubre la salud de los chocoanos, y que investiga la Fiscalía.
Y el cuadro es peor: el politiquero y doloso manejo de las bases del Sisbén, las amenazas y el destierro de funcionarios que denuncian los desmanes, las presiones de políticos para orientar contratos, las alianzas entre delincuentes y algunos actores judiciales y las acciones que convirtieron los recursos de la salud en el botín de grupos, de diferente índole, al margen de la ley.
Mientras esto sucede, los indicadores sanitarios del Chocó siguen en declive y el bienestar de sus 500.000 habitantes se diluye en las promesas de las decenas de comisiones que, de tanto en tanto, llegan al departamento impulsadas por la reactivación de los mismos problemas que ya son refractarios a cualquier iniciativa que se tome para solucionarlos.
Hay que ser claros, la situación de la salud en el Chocó no es diferente de lo que ocurre en otros campos. Para la muestra, los 51 profesores detenidos a comienzos del año por presunto fraude con sus pensiones. La crisis de esta región es estructural y merece la intervención decidida de todo el Estado para remontarla. Urgen medidas audaces contra el cáncer de la corrupción, más allá de las acciones coyunturales y de la designación de “comisiones”, que siempre llegan a descubrir las aguas tibias en las que hace rato naufragó este departamento.
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