Militares condenados por la justicia ordinaria, entre quienes estarían procesados por ‘falsos positivos’, podrían quedar en libertad si se aprueba una reforma constitucional propuesta por el uribismo.
La iniciativa legislativa fue radicada el pasado lunes en Senado por el movimiento creado por el expresidente Álvaro Uribe, y podría beneficiar, en principio, a oficiales como el general Jaime Humberto Uscátegui, condenado por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán o el coronel Alfonso Plazas, condenado por actos del palacio de Justicia.
De acuerdo con el proyecto, se busca crear un “tribunal pro témpore para la Fuerza Pública”, que duraría 12 años y que tendría la potestad de “revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios” contra los uniformados.
Este tribunal, que conocería solamente de “delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo”, podría confirmar las condenas impuestas, aumentarlas, disminuirlas o “proferir las sentencias definitivas de reemplazo a que haya lugar en cada uno de los casos”.
Es decir que si el tribunal considera que la condena fue injusta podría reversarla y el uniformado quedaría en libertad. Esa instancia tendría la facultad de conocer, como tribunal de cierre, las condenas que se den contra los militares durante los 12 años de duración del mismo.
De los nueve integrantes de esa instancia, seis serían civiles y tres militares.
Esta propuesta hace parte de los 10 proyectos que presentó el uribismo en el comienzo de este Congreso y responde a uno de los postulados de esa tendencia: la defensa de los militares condenados por actos relacionados con el servicio.
Rechazo desde Washington
Como una burla para jueces, fiscales, y víctimas catalogó la ONG Human Rights Watch, el proyecto de ley radicado por el uribismo que le daría a un tribunal pro témpore la potestad sobre los casos que involucren a uniformados y que estén siendo tramitados por la justicia ordinaria.
“El proyecto constituiría una burla para víctimas, fiscales y jueces que, con gran sacrificio y corriendo riesgos, han logrado justicia después de largos años”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG. Según Vivanco, la enmienda “rompería el principio fundamental del estado de derecho”, por lo que pidió hundir el proyecto.
Vivanco, la enmienda “rompería el principio fundamental del estado de derecho”, por lo que pidió hundir el proyecto.
