En Colombia ha habido períodos de represión y menosprecio hacia la movilización social y fases de diálogo e incorporación de demandas.
En ocasiones el gobierno central ha reaccionado agresivamente frente a un movimiento, pero ha terminado cediendo ante sus reivindicaciones. También se ha dado el caso contrario: tras una etapa de conciliación pacífica el Gobierno desecha las peticiones populares. Y están, por supuesto, las predilecciones gubernamentales. Carlos Lleras incentivó la movilización campesina, pero reprimió fuertemente el movimiento estudiantil.
En el repertorio hay estrategias exitosas que se repiten. Una de ellas es la de fragmentar un movimiento fuerte a través de la promoción de una disidencia. Hacia el final de los años cuarenta y ante el relativo margen de maniobra que habían alcanzado los sindicatos de transportes e industria manufacturera y petrolera —agrupados en la CTC—, el Gobierno desmontó la prohibición del paralelismo sindical y otorgó personería jurídica a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), creada por los jesuitas. Un clásico.
Otro movimiento “peligroso”, encarnado por la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), recibió un duro golpe cuando el gobierno Pastrana, en 1971, apoyó un congreso en Armenia, paralelo al organizado tradicionalmente en Sincelejo. Durante éste, se consolidó la disidente Línea Armenia, que respondía al control oficial. Los movimientos en cuestión, es cierto, albergaban facciones discrepantes e irreconciliables enemistades internas. Sin embargo, fue ese último empujón estatal el que sembró la disolución total.
En el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el gobierno Uribe siguió un protocolo similar promoviendo una línea alterna —el OPIC—. Su ministro estrella, Valencia Cossio, participó en la ceremonia de fundación. Y este es, por supuesto, el movimiento indígena que algunos columnistas le venden al país como el de “buenos indígenas”, patriotas, amigos del Ejército, el himno y “la bandera tricolor”.
