En Colombia es habitual una crítica a todos los órganos de control: que nos rige el perverso “yo te elijo, tú me juzgas sin olvidar que te elegí”.
Una de las críticas más recurrentes contra el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc tiene que ver con la impunidad y con los mecanismos que se van a encargar de que el fin del conflicto venga acompañado de justicia para todos los involucrados. El anuncio de cómo se van a elegir los magistrados que van a ser esenciales en este proceso debe, por lo menos, ayudar a calmar la preocupación de que los juzgados iban a elegir a sus jueces.
Según lo anunciaron desde La Habana la semana pasada, ya está pactado el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal de Paz, así como del director de la Unidad de Investigación y Acusación, que cumplirá un rol análogo al de la Fiscalía, pero dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, espacio excepcional donde se enjuiciarán todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
En total, son cinco las organizaciones invitadas a hacerse cargo de seleccionar quiénes ocuparán estos cargos esenciales para el futuro del país si el acuerdo aterriza de manera adecuada en Colombia. El secretario general de las Naciones Unidas, el papa Francisco en representación del Vaticano, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Internacional de Justicia Transicional y el Sistema de Universidades del Estado deberán, de manera directa (en el caso del papa y el secretario general de la ONU) o a través de un representante, si así lo desean, elegir a las personas que ocuparán estos cargos. Las votaciones deberán contar con cuatro de los cinco votos posibles para ser definitivas.
La calidad de los encargados de seleccionar a los magistrados y al ente investigador no es asunto menor. En Colombia es habitual una crítica a todos los órganos de control: que nos rige el perverso “yo te elijo, tú me juzgas sin olvidar que te elegí”. Más allá de la validez de generalizar una acusación de ese calibre, el aspecto simbólico de que esa sea la presunción que opera en el país es poderoso y les resta legitimidad a todos los actos judiciales. Cuando los colombianos hablan de impunidad, sobre todo de los “poderosos”, se refieren a esa impotencia que causa creer que el sistema es injusto y desequilibrado.
Lo mismo no puede ocurrir con los procesos judiciales que deben, al tiempo, cerrar un conflicto que ha dejado herido al país entero, y empezar a construir una sociedad alejada de las armas. La bisagra entre el pasado y el futuro de Colombia está en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los opositores del proceso lo entienden, pues no hay perdón sin verdad ni reparación, y por eso la campaña del no ha insistido y seguirá insistiendo en que este es un acuerdo de impunidad. Pero uno de sus principales argumentos (que las Farc iban a elegir directamente a sus jueces) ya no es válido después de este anuncio, y esto es algo que todos los colombianos deben tener en cuenta.
Por supuesto, falta mucho por definir, y el diablo siempre se esconde en los detalles. Todavía no son claros los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni cómo va a ser el proceso de vincular personas que no estén sentadas en La Habana, pero que han participado en el conflicto armado. Y, claro, falta ver cuáles son los candidatos que eventualmente se seleccionen para ocupar esos cargos, quienes deberán tener calificaciones intachables, dignas del momento histórico en el que nos encontramos. Pero este acuerdo es un paso decisivo en la dirección correcta, y es una virtud de lo que se someterá a plebiscito en los próximos meses.
