Las últimas dos alcaldías de San Onofre, que recibe cerca de 5.500 millones en regalías cada año pero tiene pocas obras públicas que lo muestren, están bajo la lupa de la Contraloría por mala gestión.
Ha pasado apenas un año y medio desde que asumieron los mandatarios locales, pero San Onofre va ya por su quinto alcalde. Desde que el alcalde conservador Nelson Pineda fue suspendido en diciembre por presunto mal manejo de las regalías, han pasado otras cuatro personas por su despacho y los habitantes de este municipio sucreño en el Golfo de Morrosquillo sienten que la interinidad tiene al pueblo sumido en una incertidumbre política.
Mientras tanto, este municipio de 48 mil habitantes -dominado por el clan político de la ex congresista condenada por parapolítica Muriel Benito Revollo- no tiene agua potable y más de la mitad de los hogares en el casco urbano no tienen alcantarillado, pese a que éstas han sido viejas promesas electorales. Su hospital no tiene ambulancia, sino un carro destartalado. La carretera de Sincelejo a San Onofre lleva años en mal estado y la vía que lleva hacia las playas de Rincón del Mar, donde está la zona turística de Balsillas y donde tienen casa personalidades como Juanes, no ha sido pavimentada.
Lo increíble es que este municipio recibe unos 5.500 millones de pesos al año en regalías por el paso del oleoducto Caño Limón – Coveñas y que le entran los impuestos prediales de Balsillas, uno de los balnearios más exclusivos del país, pero sigue siendo uno de los más pobres de Sucre. Eso sin contar el proyecto hotelero y el muelle comercial que están sobre la mesa.
Una investigación accidentada
La crisis política más reciente de San Onofre comenzó en noviembre del año pasado, cuando las denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la Alcaldía y obras contratadas pero nunca entregadas llegaron a oídos de la Contraloría General en Bogotá.
La Contraloría envió a dos funcionarios para hacer una auditoría pero, justo al salir de una escuela rural en el corregimiento de Libertad donde se habían firmado 25 contratos, fueron detenidos en un retén de la Policía en el que se encontraron dos kilos de cocaína en el carro en que viajaban. La Contralora Sandra Morelli salió a defenderlos y denunció un “montaje” para enlodarlos.
Una semana después llegó a la Alcaldía de San Onofre, sin ningún anuncio previo, un equipo de la Contraloría y de la Fiscalía, que lideraban personalmente el vicecontralor general Carlos Córdoba y el contralor auxiliar para las regalías Leonardo Arbeláez. Se llevaron toda la información de los computadores de la alcaldía y abrieron una investigación por presuntas irregularidades en la gestión de regalías durante las administraciones de Pineda y de Édgar Benito Revollo Balseiro, su antecesor y el hermano de Muriel.
A comienzos de diciembre, encontraron suficientes indicios para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde. La Contraloría también encontró que las pólizas de tres contratos habían sido falsificadas. En ese momento el gobernador Julio César Guerra Tulena lo suspendió, por recomendación de Morelli, mientras avanza la investigación.
Pineda aún no ha sido destituido ni condenado, pero su suspensión desató una disputa entre los sectores políticos que han dominado tradicionalmente la política sanonofrina y que giran alrededor de los Benitorevollo.
Todos los sectores -el del alcalde suspendido, el del ex alcalde Edgar Benito Revollo y el de la candidata perdedora Mayda del Carmen Balseiro- querían tener voz en la terna para reemplazar a Pineda, por lo que durante los dos meses en que no lograron ponerse de acuerdo estuvo encargada la secretaria de Gobierno María Alicia Revollo.
Al final, el gobernador escogió a Gustavo Lozano, cercano a Pineda, pero éste renunció repentinamente al cabo de dos semanas. De nuevo tuvo que designarse un alcalde encargado, que esta vez fue el nuevo secretario de Gobierno Mauricio Morales, también cercano a la familia Benito Revollo. Y ahora en abril fue nombrado Darío Balseiro Lozano, sobrino del que salió corriendo y primo de los dos candidatos a las últimas elecciones.
Esos problemas administrativos ya han tenido sus primeros efectos. Alrededor de la época de la suspensión de Pineda, San Onofre perdió casi 1.600 millones de pesos que ya le había asignado el ICBF para construir un centro de atención a víctimas menores de edad en la vereda de Libertad, la misma donde fueron parados los funcionarios de la Contraloría. Esto porque la alcaldía nunca aportó el terreno donde se debería construir, su única condición para acceder a este programa inscrito en la Ley de Víctimas.
“¿Cómo se adelantan y se ejecutan todos los proyectos que tiene el gobierno nacional en una población que ha sido tan maltratada por la clase política durante tanto tiempo? Estamos a la de Dios y el Estado tampoco se acuerda de nosotros. No entendemos dónde están el gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría. Sólo tenemos a la Contraloría”, cuenta un sanonofrino que pide omitir su nombre.
El feudo de los Benito Revollo
Los Benito Revollo han sido los dueños absolutos de la política sanonofrina desde hace casi dos décadas. Muriel fue uno de los palos en las elecciones a la Cámara en 2002 con 44 mil votos, pero luego fue condenada a 4 años de prisión tras reconocer sus nexos con el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, que operaba en la zona bajo el liderazgo de ‘Diego Vecino’ y del temido ‘Cadena’.
Su hermano Édgar, quien fue diputado a la Asamblea de Sucre y luego alcalde antes de Pineda, ha sido mencionado en versiones libres de Justicia y Paz pero sólo tiene abierta la investigación de la Contraloría por el manejo de las regalías. Sus hermanos Óscar Laureano y Armando fueron capturados en 2007 y extraditados a Estados Unidos tres años después por narcotráfico. Y su primo, el también ex alcalde Sabas Balseiro, firmó el pacto de Ralito y fue condenado por parapolítica.
En las últimas elecciones, la Alcaldía se la disputaron dos candidatos cercanos a la familia. Al final el conservador Nelson Pineda le ganó por 201 votos a Mayda del Carmen Balseiro del PIN, quien es prima de los Benito Revollo y había sido la tesorera de Édgar en la anterior alcaldía.
En esa ocasión, la Corporación Arco Iris advirtió que a Balseiro la estaban apoyando los ex alcaldes Sabas Balseiro -su tío- y Jorge Blanco Fuentes, ambos condenados por parapolítica. Y que su campaña podría haber sido financiada por su tío Waldemaro Balseiro, quien estuvo 6 años preso en Panamá por tráfico de cocaína.
Y aunque el poder de los Benito Revollo ha menguado a nivel departamental desde la condena de Muriel, todavía conservan algunas figuras claves. Lucía Cohen, la esposa de Édgar, es concejal de Sincelejo y el diputado Juan Manuel Chadid es cercano a la familia.
Seis meses después de la suspensión de Pineda, la pregunta es cómo podrá gobernar el nuevo alcalde entre tantas presiones políticas. Y, sobre todo, qué sucederá si llegan a destituir a Nelson Pineda y hay que convocar a elecciones atípicas.
A eso se suma la grave situación de inseguridad en el municipio, que es un corredor estratégico para el narcotráfico por su salida al Golfo de Morrosquillo y su comunicación con los Montes de María y el Canal del Dique. Y en donde, pese a la magnitud del despojo paramilitar y las macabras historias de ‘Cadena’, apenas hay 154 solicitudes de restitución.
Hoy en día el mayor riesgo para la población es la disputa territorial entre Urabeños y Rastrojos por el control de esas rutas. Unas 9.500 personas -incluyendo niños, pescadores y turistas- se encuentran en grave situación de riesgo entre San Onofre, Tolú y Coveñas, advirtió un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.
“¿De dónde flores si no hay jardín? Cualquiera que aspire en este momento tiene todas las posibilidades de ganarse la Alcaldía, pero seguiremos todos a la deriva”, dice otra persona que conoce bien la zona.
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