Dos nuevos negociadores trazarán el rumbo de los diálogos que darían fin a tensión en la región.
Con el fin de definir una metodología que permita destrabar los diálogos en el Catatumbo, el Gobierno y los campesinos que protestan en esa región de Norte de Santander hace ya tres semanas acordaron la designación de dos nuevos negociadores: José Noé Ríos, viceministro de Trabajo, y Ubencel Duque, director del programa de paz del Magdalena Medio y conocedor de los problemas rurales. (Lea también: Campesinos del Catatumbo piden voluntad política del Gobierno).
Ellos definirán la manera en que se discutirán los temas que separan al Gobierno y los manifestantes, como la creación de una zona de reserva campesina que comprende veredas de siete municipios de la región y la prohibición de hacer exploración minero-energética en la zona. (Lea también: Ojalá voceros de Catatumbo recapaciten y reanuden diálogo: Mininterior).
Luego, se determinará si la negociación sigue en Tibú o se traslada a Bogotá. Los campesinos insisten en que los diálogos se mantengan en el Catatumbo. (Infografía: Guerras y bandas, detrás de negocios ilícitos)
Aunque los campesinos habían pedido que el ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, se apartara de las negociaciones, el Gobierno lo ratificó como el líder del equipo negociador. Garzón, no obstante, no estará presente en esta etapa, en que se define la metodología de trabajo.
“No aceptamos vetos entre quienes conforman el equipo negociador del Gobierno”, advirtió el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien reiteró que el Ejecutivo tiene propuestas por 140.000 millones de pesos para distintos programas en el Catatumbo.
Este martes, los campesinos dijeron que no van a discutir con el Gobierno el plan de choque que les presentó el viernes, sino sus propuestas originales, que incluyen, además de la zona de reserva y del cierre de toda posibilidad de explotación minero-energética, un plan para sustituir los cultivos ilícitos de manera gradual.
Los voceros campesinos sostienen que al enterarse de que el presidente Juan Manuel Santos no estaría en la reunión en Bogotá, a donde fueron invitados, decidieron no acudir a la cita prevista para la tarde de este martes.
“El presidente Santos no tuvo el tiempo y la disponibilidad de atendernos, por lo que consideramos que reunirnos de nuevo con los ministros en Bogotá, sin metodología, sin un cronograma y sin moderador, no tiene ningún sentido”, dijeron en un comunicado.
Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, señaló que el Gobierno no está utilizando los canales de comunicación establecidos.
“Por un medio de comunicación televisivo nos enteramos, en horas de la noche de ayer (lunes), de la disposición de un vuelo chárter para nuestro traslado a Bogotá desde Tibú, cosa que nosotros no sabíamos de manera oficial”, anotó Quintero.
El Gobierno afirmó que no se niega a las propuestas campesinas y a las fórmulas que tengan para solucionar los puntos difíciles.
Garzón, por ejemplo, aseguró que la creación de la zona de reserva campesina no es un tema inamovible, pero que aún debe surtir algunos trámites de ley.
“Tenemos que encontrar un punto medio entre las propuestas de las dos partes”, precisó el ministro consejero del Diálogo Social.
“No hemos avanzado ni un milímetro”, dijo, por su lado, este martes, César Jerez, uno de los voceros de la protesta campesina, al hablar de los intentos de diálogo que se han dado en estos 20 días entre el Gobierno y los manifestantes.
El primer encuentro entre los dos nuevos delegados para la negociación, designaron por el Gobierno y los campesinos, se producirá este miércoles, pero en la noche del martes no habían definido en qué lugar hacerlo.
Con esta fórmula se espera terminar la protesta de tres semanas, en la que ha habido 4 muertos y al menos 50 heridos.
En el Catatumbo, además de una difícil situación social, se sufre a todos los grupos armados.
Según las autoridades, las Farc, el Eln y las bandas criminales, encabezadas por alias ‘Megateo’ y ‘los Urabeños, tienen una alianza para producir y comerciar coca.
Por eso, el Gobierno cree que lo que está en juego allí, además de la tranquilidad de los campesinos, es la seguridad de la zona.
REDACCIÓN POLÍTICA
