Las víctimas de Colombia son casi el doble que los pobres extremos. Ellas son el gran imperativo moral para poner fin a esta guerra.
Hay un tema del que hablan poco los críticos del proceso de negociación con las Farc: las víctimas. Y no es casual.
Si hay una razón para poner fin al conflicto armado, antes que cualquier otra consideración, son las personas cuyo día se celebró ayer, 9 de abril, en medio de una notable falta de sensibilidad de ciertos sectores: las víctimas que el conflicto ha causado y las que seguirá generando hasta que se acabe.
No pocos en las ciudades piensan que es un asunto menor y de ‘por allá lejos’, en el remoto y sufrido mundo rural, pero es un problema cercano, presente y muy grande. El conflicto es el responsable de que hoy Colombia tenga casi el doble de víctimas registradas (7,2 millones) que personas en situación de pobreza extrema (3,7 millones a fines del 2014, según las cuentas oficiales). Muchas están en las ciudades: la mitad de los desplazados, que son 8 de cada 10 víctimas, viven en las 25 más importantes.
Si se pone fin al conflicto armado, cesarían las víctimas que ocasiona, y para las que ya existen sería mucho más fácil lograr la restitución de sus derechos.
A quienes se oponen al proceso no les gusta el tema: las víctimas son el gran imperativo moral para acabar con el conflicto que las genera y oponerse a terminarlo de forma negociada es, en el fondo, aceptar que la victimización debe seguir hasta la (improbable) derrota militar de la guerrilla.
Salvo su utilización para confrontar a las Farc, no es frecuente oír de quienes critican la negociación qué piensan de las víctimas y sus derechos (sobre todo, de las víctimas que no son de la guerrilla: el Estado, sus agentes y grupos e individuos poderosos ocasionaron demasiadas). Sería interesante, por ejemplo, ver al Procurador o al expresidente Uribe abogar por las víctimas con la misma energía con la que arrementen contra (algunos) victimarios.
El conflicto es la fuente de la victimización. Desde que empezó el gobierno de Juan Manuel Santos se han generado más de un millón de nuevas víctimas. El desplazamiento forzado sigue siendo muy similar en números al que había antes de iniciar las conversaciones de paz. En un acto para dignificarlas, 60 víctimas viajaron a La Habana el año pasado; en una muestra insólita de la degradación del conflicto, 14 de ellas recibieron amenazas al volver.
El conflicto no solo es fuente de victimización sino de empobrecimiento. Convierte a muchas víctimas en pobres, como lo muestran las recientes encuestas de la Contraloría y del Dane y la Unidad de Víctimas, según las cuales entre 63 y 80 por ciento de la población desplazada es pobre. No hay datos de cuántas lo eran antes de ser victimizadas, pero cientos de miles perdieron al menos una parcela o una vivienda, que por míseras que fueran eran más dignas que un semáforo.
La suerte de estos 7,2 millones de personas, casi 13 por ciento de la población colombiana, no es un asunto menor. No lo es en números, para la política pública. Pero sobre todo no lo es moralmente. La gran pregunta frente a la negociación entre el Gobierno y las Farc no es si es conveniente, o políticamente adecuada, o si las Farc van a cumplir, o si se les puede creer. No, la pregunta es: ¿cuál será el destino de las víctimas si no se pone fin al conflicto armado?
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Este es un país de poca memoria. Quienes hoy se oponen al proceso de La Habana hicieron todo para que las víctimas no tuvieran la ley que las ampara. Negar el conflicto armado, como hicieron, era negar sus víctimas. Negar la victimización por parte de agentes del Estado, como hicieron, era negar una parte sustancial de la victimización. Por eso, ahora hay que preguntarles: ¿qué les proponen a las víctimas del conflicto; a todas, no solo a las de un lado?
Álvaro Sierra Restrepo
