Los ambientalistas libran un pulso decisivo por proteger el patrimonio natural contra la política minera.
Mientras Colombia cosecha reconocimientos en el exterior por ser un líder en el debate sobre desarrollo sostenible, el pulso que enfrenta a los ambientalistas con las ‘locomotoras’ de Santos y la defensa a ultranza que han hecho de los parques naturales frente al turismo evidencia que el país e
stá lejos de haber resuelto internamente esa discusión decisiva para el futuro.
La carta que los más importantes líderes ecologistas enviaron esta semana al presidente Santos, en la que le piden un nuevo código de minas y una moratoria “inmediata” a la expedición de títulos y licencias ambientales, muestra que mientras la minería va en tren, el medio ambiente viaja en bicicleta.
Y la prohibición de construir hoteles en las zonas protegidas, a pesar de ser una medida de avanzada en armonía con las tendencias de conservación en el mundo, es apenas un paso de los muchos que faltan para proteger los 57 santuarios naturales que tiene el país. La guerra para proteger el ambiente, que celebra su día internacional el próximo 5 de junio, tiene múltiples frentes de batalla. Estos son los principales:
1) Los hoteles que no fueron
La apasionada discusión que tuvo lugar a raíz de la intención de la prestigiosa cadena hotelera Six Senses y de la familia Dávila de construir un hotel en el Tayrona tuvo su punto final esta semana. El ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, firmaron una resolución que prohíbe nuevas infraestructuras hoteleras (con excepción de hamacas y carpas) dentro de los parques y estimula su construcción fuera de estos.
Los desarrollos existentes van a ser evaluados, y se mantienen hasta el vencimiento de los contratos de concesión que tiene el Estado, por ejemplo con Aviatur. Con esta medida, Colombia puso la conservación de sus ecosistemas estratégicos por encima de los proyectos ecoturísticos en los parques naturales. Sin embargo, todavía sigue siendo enorme el reto por combatir las múltiples amenazas que tienen estos refugios naturales, que hacen de Colombia el segundo país más biodiverso del mundo.
2) Código Minero: ¿sin Dios ni ley?
Una carta escrita por el exministro de Ambiente Manuel Rodriguez, el fundador de DeJusticia César Rodríguez e importantes organizaciones ecologistas como World Wildlife Fund, Gaia o Quinaxi, hizo evidente los problemas de la caída del Código Minero que ordenó la Corte Constitucional. En el documento, los expertos sostienen que los decretos del Ministerio de Minas “no garantizan las cláusulas de protección ambiental que requiere la actividad minera”. Agregan que los requisitos para contratos de concesión “son precarios” y aseguran que les preocupa el poder que perdió el Estado en las renovaciones y en las licencias ambientales. Por otro lado, Bogotá también va a demandar esos decretos pues considera que impedir la prohibición de la minería en los municipios es inconstitucional.
3) Amazonia, zona minera estratégica
El presidente Santos anunció en la Cumbre de la Tierra de Río+20 que su aporte al desarrollo sostenible era consolidar a la Amazonia como una “zona minera estratégica”. El exministro de Ambiente Manuel Rodriguez se preguntó si esto era “un acto de osadía, una expresión de cinismo o un chiste flojo”. La explicación del gobierno de que esta decisión blindaba la selva de la avalancha de títulos mineros no convenció pues, para muchos, se trataba de reservar parte de la Amazonia para la exploración de minerales.
Aunque parecía que los ambientalistas habían perdido esa pelea, el entonces ministro Frank Pearl firmó antes de su renuncia una resolución que prohíbe el desarrollo minero sin el estudio previo de esa cartera. La posible creación del parque Chiribiquete, que consolidaría en el corazón de la selva una de las áreas protegidas más grandes del mundo, también le haría el quite a la zona estratégica minera.
4) La pelea por el páramo de Santurbán
Nunca un proyecto minero había desatado una polémica ambiental como la que se ha vivido en Santurbán, luego de que la empresa GreyStar propuso extraer oro a cielo abierto en el páramo. La presión social fue tan grande que la empresa retiró su solicitud de licencia ambiental, se cambió el nombre a Eco-Oro y 11.700 hectáreas de la región fueron declaradas parque natural. Aparentemente ganaron los ambientalistas. Pero para hacer efectiva la protección definitiva de los páramos se necesita delimitarlos y, por increíble que parezca, esa labor no se ha hecho en Colombia.
Solo esta semana se firmó el convenio que asegura los recursos económicos para adelantarla. En el caso de Santurbán hay una fuerte tensión entre las autoridades ambientales y las empresas y los mandatarios de la zona. El alcalde de Vetas aseguró que la viceministra de Ambiente, Adriana Soto, era “la peor enemiga” del municipio por buscar declarar el páramo.
5) AngloGold Ashanti vs. Cortolima
La gigante del oro del mundo denunció penalmente al director de la CAR del Tolima, Jorge Enrique Cardoso. En ese departamento la empresa piensa desarrollar La Colosa, que sería una de las minas más grandes del planeta. Cardoso suspendió unos trabajos de AngloGold pues consideró que podían afectar el agua subterránea de la región. La empresa asegura que denunció al funcionario porque hubo un “comportamiento irregular”, no solo porque el riesgo no existe sino porque les están exigiendo permisos que no se necesitan. Teniendo en cuenta que Cortolima aprueba muchos requisitos ambientales de la multinacional, el enfrentamiento no es menor.
6) Parques minados
A pesar de que la minería está prohibida en las zonas protegidas, hay 30 títulos para esta actividad en los parques naturales. Aunque el tema parece de bulto, los ambientalistas no han podido ganar este pulso. La directora de la Agencia Nacional Minera, María Constanza García, se niega a revocarlos pues asegura que como no tienen licencia ambiental, el otro requisito para comenzar un proyecto minero, no es necesario cancelarlos.
La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, la contradice. Cree que esto genera confusión pues “quien tiene un título siempre va a tratar de explotarlo” y explica que, por ejemplo, en el parque Yaigojé Apaporis, en la profundidad de la Amazonia, las comunidades indígenas están divididas por cuenta de un título de oro que el gobierno le otorgó a la empresa canadiense Cosigo. El ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, advierte que no cancelar esos títulos es inconstitucional.
7) Veto al mercurio
Colombia es el país con más emisiones de mercurio del continente. Los altos niveles de esta sustancia tóxica se deben principalmente a que es utilizada en la minería informal y por algunas empresas en sus procesos. Hoy el uso del mercurio es legal, y por eso prevenir que este llegue a los ecosistemas es difícil. En enero, Colombia firmó con 140 países un tratado para prohibir gradualmente esta sustancia. En el Congreso avanza un proyecto de ley para que esto sea realidad, pero tiene fuertes enemigos en el Capitolio.
8) Licencias exprés
El ministro de Minas, Federico Renjifo, propuso crear una licencia ambiental exprés para no frenar su locomotora. El rechazo fue inmediato. La directora de la Autoridad de Licencias Ambientales, Luz Helena Sarmiento, le dijo al presidente Santos que en los plazos récord en los que ese ministerio planteaba expedir las licencias no se puede proteger el patrimonio natural del país. Sarmiento ya se había peleado con los petroleros en el pasado por la misma razón.
“Me sorprende que para ellos estamos al mismo nivel de la guerrilla. Les preguntan por qué no han llegado al millón de barriles y responden que por las licencias y por las Farc. Pero no reconocen que eso se debe también a que entregan estudios ambientales incompletos o con deficiencias. Aun así esperan que todo sea rápido”, dijo en su momento.
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-parques-naturales/345087-3
