Hace 10 años —exactamente el 22 de enero de 2004—, la Corte Constitucional puso el dedo en la llaga, advirtió sobre la tragedia de los millones de desplazados que hay en Colombia y, por primera vez, le ordenó al Estado tomar medidas urgentes para poner fin al drama humanitario de los desarraigados. Hoy —y pese a otras tantas advertencias de la Corte y una que otra ley por parte del Gobierno, entre ellas la Ley de Víctimas— el panorama no es el mejor: las víctimas de este flagelo, entre 1985 y 2014, son 5’368.138, según la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. Esta cifra, de acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), convierte a Colombia en el país con la mayor cantidad de desplazados, seguido muy de lejos por Siria, actualmente en guerra civil, y la República Popular Democrática del Congo. Precisamente, esta organización señaló en abril pasado que entre 4,9 y 5,9 millones de colombianos fueron desplazados por situaciones de violencia. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que entre 1985 y 2010 hubo 5,2 millones de desplazados.
Sólo en 2012, informó la Unidad de Víctimas, fueron desplazadas 256.000 personas. Y el número no deja de crecer de la mano de la sevicia de las bandas criminales, herederas de los paramilitares y quienes —como lo hicieron las autodefensas en su momento— andan desplazando a diestra y siniestra. En este marco, la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo en el que invita a la comunidad internacional a que cree una comisión especial para revisar concienzudamente si el Gobierno ha tomado las medidas necesarias que pongan fin al desplazamiento y si la implementación de la Ley de Víctimas ha sido una realidad o no.
En la sentencia de 44 páginas, conocida por El Espectador, la Corte invita a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, así como a la comunidad internacional, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Consejo Noruego para los Refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y las embajadas de países que en el pasado hayan trabajo el tema del desplazamiento, “para que conformen una comisión especial de acompañamiento y veeduría a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, así como al cumplimiento de las garantías de atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado de conformidad con la Constitución y la Ley de Víctimas”.
De la misma forma, en el fallo cuyo ponente fue el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva —actual presidente de la Corte y de la Comisión de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004—, este alto tribunal le solicita a la Contraloría que “realice una labor de control fiscal respecto de la ejecución de los recursos públicos destinados por las entidades responsables de la atención humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado, de conformidad con la Ley de Víctimas”. Por otra parte, le pide al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que “realicen una veeduría permanente en aras de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado en general, a la atención humanitaria en sus diferentes componentes y fases, así como a la garantía del tránsito hacia soluciones duraderas con el fin de superar las condiciones de vulnerabilidad”.
Igualmente les solicita “remitir informes periódicos a la Corte Constitucional sobre su labor de veeduría y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzado”. Así lo hizo en un fallo en el que tutela los derechos de 11 desplazados —en su mayoría, adultos mayores y mujeres cabeza de familia— que denunciaron a la Unidad de Víctimas del Gobierno por demoras en la entrega de las ayudas humanitarias que el Estado ha dispuesto para los desplazados. Por orden de la misma corte, la Unidad tiene hasta tres meses para la entrega de estas ayudas humanitarias; sin embargo, en el caso de estas personas se iba a demorar hasta el doble de ese tiempo, dejando literalmente a la intemperie a personas sin sustento alguno.
En ese contexto, la Corte le ordena a la Unidad de Víctimas que prorrogue las mencionadas ayudas y, además, adopte medidas dirigidas a proteger a los tutelantes “hasta que se les garantice el tránsito y la consolidación de soluciones duraderas de estabilización socioeconómica, atendiendo a que, según las pruebas, son madres y padres cabezas de familia, menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores”.
Esta es apenas una de las varias decenas de decisiones —entre sentencias y autos— que ha proferido la Corte en defensa de los desplazados, entre las que se encuentra el auto 119 de 2013, que le ordenó a la Unidad de Víctimas incluir en sus listas a las personas que hubiesen sido desplazadas por las bandas criminales, estructuras que, de acuerdo con el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, son las responsables de la mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos. Como es la crítica situación que se vive actualmente en el puerto de Buenaventura, Soacha, Santa Marta y en otras regiones de Colombia por las disputas que sostienen Urabeños, Rastrojos y estructuras criminales de todo tipo.
En 10 años, el panorama sigue siendo desalentador para los desplazados. El presidente Santos aseguró que las víctimas y los desplazados han sido su prioridad. No obstante, en muchas regiones continúan las masacres, “casas de pique”, asesinatos selectivos, amenazas y pobreza, como lo evidencian los hallazgos de la Fiscalía y la Defensoría en Buenaventura hace apenas una semana. Los fantasmas que en un momento sacaron a campesinos de sus tierras, se encargan ahora de que no regresen. Y nada que amanece en esta larga noche. La veeduría solicitada por la Corte Constitucional a la comunidad internacional será clave para que los programas humanitarios den más resultados en favor de los desplazados, con quienes el Estado tiene una deuda catastrófica.
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