A partir de un recorrido durante 2014 por zonas que han padecido el conflicto en Colombia surgen estas propuestas de cara al proceso de paz que se adelanta en La Habana.
Durante 2014 viaje junto con un colega que tuvo la iniciativa y el apoyo del Colegio Colombiano de Psicólogos por diversas regiones del país a 10 foros acompañados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Victimas ( UARIV), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y el Ministerio de Salud; participaron entidades gubernamentales locales (Secretarias de Salud, entre otras), organizaciones no gubernamentales que trabajan en terreno, facultades de psicología, operadores locales de diversos programas y, en ocasiones, víctimas y exofensores. Bajo el nombre 'El rol de la intervención psicosocial, la psicología y la salud mental en los diferentes escenarios de conflicto armado en Colombia'; con una asistencia de más de mil doscientas personas, los foros dejaron información muy rica en términos de las necesidades y problemas que deben afrontar quienes trabajan en terreno.
Algunas de las conclusiones más relevantes que emergieron de estos espacios y que pueden ser orientadoras del trabajo por la paz fueron, en primer lugar, la necesidad de adelantar estudios que permitan guiar y mejorar las acciones de atención e intervención de forma más adecuada. Investigar para conocer mejor como nuestras comunidades han vivido y transformado el conflicto en sus múltiples dimensiones: socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales, socioambientales, sociojurídicas, sociohistoricas, como en sus particularidades culturales, de etnia, de género, de edad y en sus historias de vida, en cómo viven y entienden temas críticos en los procesos de paz como: El perdón, la reconciliación, la verdad, la reparación, la justicia, la memoria de lo vivido tanto en los horrores de la guerra como en la solidaridad y la esperanza en el día a día que en muchas ocasiones no deja otra alternativa que la de reconstruir y construir; también se evidencia la necesidad de indagar por las consecuencias que para la salud y la calidad de vida ha tenido los efectos del conflicto violento y, por último, identificar las mejores prácticas de atención que desde la psicología se están utilizando.
Esta primera conclusión muestra una madurez en nuestros profesionales que trabajan en terreno; ellos no quieren intervenir bajo programas preestablecidos, entienden las dificultades de actuar sin explicar y comprender, son críticos y entienden que las labores de reconstrucción personal, familiar y del tejido social no pueden obedecer a aplicaciones mecánicas de protocolos sin contexto, cuestionan además los sistemas que sólo buscan consignar número de personas atendidas más que sistematizar experiencias hacer seguimiento responsable de los procesos.
Una segunda conclusión es la necesidad de afinar los procesos de formación, cualificación y actualización de los psicólogos; hoy tenemos más de 130 programas en Colombia y cerca de 80 mil psicólogos y una cifra cercana a 20 mil estudiantes, los asistentes al foro hacen un pedido generalizado de acercar más la formación a nuestro contexto y de nuestro futuro.
En especial formar bajo la comprensión de las dinámicas del conflicto en sus dimensiones sociopolíticas, socioeconómicas, sociojurídicas, socioculturales como de estrategias de evaluación e intervención psicológica (clínica, comunitaria y social) de la casuística de un país con cerca de 8 millones de víctimas y por lo menos 150 mil exofensores y en lugares donde incluso la guerra no ha terminado. Una formación en psicología bajo esta perspectiva seguramente exigirá cambios en los planes de estudio de pregrado, postgrado y de actualización continua de los profesionales, las entidades responsables de la formación deberán pensarse frente a este reclamo que hace el país.
Una tercera conclusión tiene que ver con el posicionamiento de la psicología y los psicólogos en sus perspectivas clínica, de la salud, comunitaria, social y política en el marco de las políticas públicas, en sus relaciones con el Estado (ejecutivo, legislativo y el judicial) en sus múltiples niveles y con la sociedad en general en lo público. Hoy, la ley nos ha puesto ante exigencias concretas a las que debemos responder y al parecer no estamos completamente preparados para estos constantes y múltiples requerimientos.
Este posicionamiento se refleja en procesos de contratación que permitan responder en forma adecuada a la complejidad de las problemáticas; es claro que la precarización del trabajo de quienes trabajan en terreno afecta no solo a las víctimas, ofensores y comunidades sino a ellos mismos y además, la acción sin daño y el cuidado al cuidador son determinantes para un trabajo que implica reconstruir vidas, confianza y tejido social y el Estado debe tener especial cuidado con quienes han comprometido sus vidas y su trabajo en la construcción de una sociedad en paz.
En cuarto lugar, la necesidad de construir sinergias con otros profesionales como con las diversas entidades que trabajan con víctimas, ofensores y las comunidades. Este punto parece crítico, pues en nuestras regiones los problemas asociados a las múltiples secuelas generadas por los horrores de la guerra, como al desplazamiento (más de 6 millones) y los miles de desmovilizados están llegando a zonas vulnerables y se requiere un trabajo articulado de las diferentes entidades, iniciativas y profesionales.
Hoy ya tenemos zonas donde este retorno está generando múltiples problemas de agresión y violencia, no podemos olvidar que otras experiencias en países después de la negociación muestran que la violencia se incrementa y cambia de formas de expresión.
El rediseño cultural para la paz requiere sinergias interinstitucionales que son determinantes y el desarrollo de programas en temas como la seguridad ciudadana, la convivencia sin violencia, el sistema de justicia (restaurativa) trabajando en y con las comunidades; los programas asistenciales que disminuyan la brecha de inequidad y pobreza no pueden recortarse. El sistema educativo es crucial en este proceso y los problemas no se resuelven con una catedra de paz sino con el compromiso y el trabajo de los maestros, los padres, los directivos y los estudiantes que todos entiendan que la formación para la paz implica cambios en el lenguaje, en las prácticas cotidianas orientadas a la formación para el desarrollo socioemocional empático, compasivo, solidario, que haga de la ética del cuidado por el otro el centro de gravedad de nuestra vida en sociedad.
A modo de conclusión, aun cuando este ejercicio de dialogo fue mucho más enriquecedor y este artículo no recoge todo lo que se aportó, más por cuanto cada región tiene dinámicas sociales e institucionales diversas, si es un insumo valioso para el trabajo para la paz en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, el Colegio Colombiano de Psicólogos mostró que puede jugar un papel relevante que contribuya a construir dialogo social por la paz lo cual se evidenció en el éxito de esta convocatoria a las diversas entidades. También se vio la necesidad de ampliar la invitación a otras instituciones como los ministerios de educación, justicia, interior, así como a la policía y las fuerzas armadas, el ICBF, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la defensoría del pueblo y otras organizaciones sociales y comunitarias que actúan en ámbitos regionales y locales que juegan un papel relevante y crucial en los procesos de seguridad, justicia, convivencia y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones que han vivido y viven en medio del conflicto violento.
Solo una actuación masiva, coordinada, sostenida, diferencial y evaluada de entidades y comunidades puede incrementar las posibilidades de transformar la historia de prácticas violentas de gestión de los conflictos a una sociedad que incorpore practicas no violentas de gestión de los mismos y que esté orientada a la mejora permanente de las condiciones de vida de quienes han vivido en medio de la guerra (no se puede construir paz en la desigualdad, la pobreza, la miseria, la injusticia, la exclusión política o la destrucción ambiental) de forma que los espacios de violencia se prevengan, disminuyan, contengan y se impida que sean ocupados por otros actores generadores de violencia.
Los retos son muchos pero pueden abordarse y la sociedad y el Estado en su conjunto deben dimensionar que obviamente construir una sociedad en paz requiere responder a algunas de las conclusiones que se desprendieron de estos foros -con el aporte de la mirada de la psicología- por Colombia.
* Profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. Líder del Grupo de Investigación Lazos Sociales y Culturas de paz. Editor de la revista Universitas Psychologica.
