Organismos como la Procuraduría delegada para las víctimas y Human Rights Watch cuestionan la efectividad de la ley 1448. El Gobierno asegura que se avanza y se han cumplido metas.
Su timbre tropical repite una y otra vez que no aguanta más el confinamiento. «No sé qué va a pasar con nuestras vidas. Estoy acá y no me resuelven nada. Estoy muy enferma, sin sustento», dice Maritza.
La familia Salabarría fue escogida por el Gobierno para mostrarle al país la benevolencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (conocida como la ley 1448) bondades que paraJaime Álvarez, el procurador delegado para el apoyo a las víctimas y los desmovilizados han sido pocas, pues no se ha llegado al proceso reparador que busca la norma y aún está en su fase de diseño.
En sus enunciados, Álvarez reseña que «el problema es tan grande y el desgaste social es tan rápido, que la Ley y el Estado están atrasados conforme al fenómeno».
En un informe elaborado para el Congreso de la República por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, se explica que las víctimas en este momento no tienen garantizada la no repetición de los hechos, pilar fundamental para la reparación integral de la que habla la ley.
En el reporte, se señala la existencia de un universo de 5 millones 568 mil 988 víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno. Además, se han registrado 6 millones 370 mil 267 hechos victimizantes, de los cuales el 82,9 por ciento corresponde a desplazamiento forzado.
Según el informe, al componente humanitario se dedicó el 20,3 por ciento del total de los recursos previstos (1,13 billones); a la indemnización administrativa se asignó el 16,1 por ciento (900 mil millones) a restitución el 13,8 por ciento (771 mil millones) y a otras medidas de reparación, como la garantía de no repetición y medidas de satisfacción, el 3,5 por ciento (193 mil millones).
En este reporte, las entidades detectaron que «la Ley de Víctimas corre el riesgo de devenir en una norma asistencialista, lo cual impide el paso de un enfoque de solidaridad del Estado, a un enfoque de responsabilidad del Estado, en su calidad de garante».
En esa dirección, para el director de Indepaz, Camilo González Posso, desde la Institucionalidad se ha puesto todo el andamiaje pero se esperan resultados. Según el director de Indepaz, al Estado le quedó corta la Ley y su implementación es muy larga.
«El marco institucional se está demostrando demasiado insuficiente y muy complicado, muy burocrático. Entonces, la gente rema y rema en canoa cuando lo que se necesita es un trasatlántico», comenta González Posso.
Problemas en la restitución
El último atentado lo recibió Maritza Salabarría desde un palo de mango ubicado frente a su casa. Fue el pasado 31 de mayo y el perpetrador, quien andaba con otro en una moto, le hizo dos disparos y la advertencia de no volver por sus terruños ubicados en Mundo Nuevo, un paraje rural entre Montería y Planeta Rica, Córdoba. Tuvieron que sacarla escoltada y esconderla en un hotel en otra ciudad.
Ella y sus familiares intentaron volver a sus parcelas en enero de 2012 tras la restitución simbólica hecha por el Gobierno en noviembre de 2011 en el comando de Policía. Al primer paso en el terreno llegó la amenaza. «Si quieren seguir con vida por acá no vuelvan». Y no volvieron.
Las amenazas, los desplazamientos y el asesinato de los reclamantes de tierras son los obstáculos que impiden que se avance en la restitución según el informe presentado ayer por la ONG Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, explica que los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.
«A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo», dice Vivanco.
En el informe de HRW titulado «El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia», documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que buscan recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santoscomo su programa bandera.
Según la ONG, Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, «pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos».
La líder de desplazados y reclamantes de tierras Carmen Palencia asegura que a la Ley 1448 hay que tenerle paciencia, pero los preocupan mucho la impunidad y las amenazas, que no cesan. «Hemos hecho al Gobierno una propuesta de protección colectiva para proteger a las comunidades que quieran retornar y optimizar los recursos del Estado, pero no ha sido escuchada».
Palencia afirma que el viraje que debe dársele a la ley 1448 es tener en cuenta a las víctimas, «si no esa mesa seguirá coja».
Escondida, Maritza dice tener suerte, pues al menos cuenta con el título de su propiedad, pero nada compensa los 21 años de su sufrimiento desde la expulsión de su parcela. Desde la clandestinidad dice no tener palabras para describir su mala hora, su situación: «solo se que la Ley de Víctimas es un engaño».
2. HRW asegura que las Farc también han atacado a los reclamantes de tierras.
3. Grupos ilegales como las bacrim también se oponen a la restitución de tierras en el país.
4. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2011, asesinaron a 71 líderes de reclamantes de tierras en Colombia.
