Según la Comisión de Seguimiento de la Contraloría, se siguen presentando vulneraciones a derechos de quienes participan de procesos de reparación y restitución.
La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas de la Contraloría General de la Nación realizó un balance de la investigación que se realizó a la Ley de víctimas y Restitución de Tierras.
Según la entidad, “la Ley de Víctimas se quedó corta en las metas trazadas para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”.
La Comisión de Seguimiento, son graves las fallas en la implementación de la Ley de Víctimas y la protección de los afectados, teniendo en cuenta que al programa le quedan cinco años para terminar su vigencia.
“En materia de protección a las víctimas, sus líderes y a las garantías de no repetición, la Comisión indicó que las medidas no han tenido el impacto esperado, de tal forma que se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras”, enfatiza el informe.
“Respecto al avance en la restitución de tierras, el informe señaló que no se considera claramente la seguridad de los territorios como una variable en la etapa judicial o de post fallo, a pesar de ser un factor que afecta directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales. En el mismo sentido, precisó que no hay una adecuación de política pública que prevea la atención de los ciudadanos catalogados como segundos ocupantes en los procesos de restitución”, agregó.
Además, asegura que la ley está desfinanciada, lo que implica mayores riesgos para la atención de víctimas.
Incluso, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas de la Contraloría aseguró que no hay una clara articulación entre los Ministerios de Agricultura y Trabajo, quienes deberían actuar de la mano pensando en generación de ingresos y empleo.
“La Comisión identificó dificultades para lograr la articulación y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura que lideran la política de generación de ingresos y empleo. Aseguró que el objetivo de esta Ley no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades”, dice el informe emitido.
