Además de la difícil situación que sufre La Guajira, por cuenta de la crisis por la falta de agua y el aumento de los casos de muertes de niños (van 32 decesos en lo corrido de este año), a causa de la desnutrición, la corrupción es un tema que cada día golpea más a los habitantes de ese departamento.
El gobernador encargado Jorge Enrique Vélez García, quien fue nombrado por Presidencia tras la destitución de Oneida Pinto, ha denunciado amenazas de muerte tras hacer el seguimiento a cada uno de los contratos irregulares en el departamento, como el destino de $150.000 millones para inversión social. Además, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos políticos locales. Por ejemplo, el diputado Maikel Yesid Castilla aseguró a Noticias Caracol que el gobernador encargado “viene a señalarnos a todos, nos trata de corruptos. Incluso se atreve a mandar a la dirigencia política de este departamento de vacaciones”. Por su parte la exgobernadora Oneida Pinto, destituida por una inhabilidad que le impedía aspirar al cargo de elección popular, ha justificado que durante su mandato de cinco meses no pudo ejecutar varios proyectos propuestos para este año debido a que la gobernación anterior ya había realizado contratos, y que en el caso de la educación ya se habían designado $50.000 millones.
Además de los hechos investigados por Vélez García, al gris panorama administrativo se suma el proceso que se adelanta contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, destituído e inhabilitado 12 años por la Procuraduría, debido a irregularidades en la celebración de millonarios contratos en el departamento y quien además ayer sorpresivamente recibió el beneficio de casa por cárcel luego de que un juez de Bogotá avalara un dictamen de Medicina Legal, en el que se justifica que el exmandatario sufre de problemas cardiacos y un alto nivel de obesisdad.
Gómez Cerchar enfrenta dos procesos penales por presuntamente ordenar el asesinato de un grupo de dirigentes políticos y particulares en la región. Igualmente es procesado por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC, así como con la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.
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