«Una cosa es contarle, otra muy distinta es ver», advierte Eliza Santander antes de describir el ‘mar negro’ en el que se convirtió su vereda, Maravélez, hace exactamente 15 días, cuando miembros de las Farc obligaron a los conductores de 23 tractomulas a abrir sin misericordia las válvulas de sus contenedores atestados de petróleo.
Allí, en los alrededores de la vía que comunica a Puerto Asís con el corregimiento de El Tigre, en Putumayo, los perros están hinchados por el crudo que han tragado. Los peces saben a gasolina. Los carneros, que son blancos, parece que se hubieran revolcado en pintura negra. El ganado ya bebió agua contaminada, ya comió pasto contaminado, y la gente desconoce si las reces están en buen estado.
«Nadie aguanta el olor que se levanta al medio día con el sol», continúa la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Maravélez, y añade que la comunidad se queja de ardor en la garganta, fiebre, desaliento, dolor de cabeza, nauseas y brotes en la piel.
Pero sobre todo, a Eliza Santander le preocupa que en su vereda ya no hay dónde bañarse, tampoco dónde beber agua. A la quebrada La Canoa y a un pozo donde almacenan el líquido para el consumo diario llegó el río de petróleo. Con barreras artesanales, ellos mismos han procurado detener la expansión del derrame, pero las lluvias de estos días hacen inútiles sus intentos.
A las 7:40 de la mañana, hora en que ocurrió el incidente, la líder estaba en una reunión en el municipio de La Hormiga. Minutos después Julio Rojas, un vecino suyo, llegó apresurado a contarle lo sucedido. «Presidenta, usted no sabe lo que pasó en Maravélez», le dijo. Por las manchas negras en la camiseta del hombre, Eliza intuyó que había un accidente en la vía con alguno de los camiones que transportaba el crudo.
Pero la descripción de los hechos la espantó. Rojas contaba que la guerrilla encañonó a los conductores y amenazaba con que iban a prenderle fuego a toda la zona. También, que en una camioneta iba Manuela Díaz, una mujer embarazada que salió temprano de la vereda Las Pavas para atender con un médico de El Tigre un dolor que sentía en el vientre. «Ella dizque gritaba y gritaba que por favor la dejaran salir, que no fueran a quemarla viva, pero a esa gente no le importaba nada», recuerda la presidenta.
Cuando llegó a su vereda y vio que el agua de la quebrada bajaba negra, y que la carretera y sus zapatos estaban pegajosos, revivió el miedo del 2003, cuando tuvo que huir con sus siete hijos a El Tigre porque los combates entre guerrilla y paramilitares no daban tregua.
Alba Mery Cuarán, rectora de la Institución Educativa Rural Maravélez, ubicada a 20 metros de donde ocurrió el derrame, cuenta que, inocentes, sus 137 estudiantes están angustiados por manchar el uniforme y los zapatos, y porque las 1.000 cachamas que tienen en un pozo para un proyecto productivo escolar podrían morir.
El informe de la Defensoría del Pueblo no es muy distinto. De acuerdo con el organismo, hay 173 integrantes de 41 familias afectados en la vereda Maravélez, donde además hubo derrame sobre la carretera y la quebrada La Canoa, que llega a los ríos Guamuéz y Putumayo para abastecer a municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Mientras tanto, en la vereda Guadalito hay otras 170 personas que integran 65 familias, quienes viven en la ladera del río Cuembí, donde también quedó la mancha de crudo.
A la Defensoría le preocupa que debido a la falta de agua en la región, los habitantes han tenido que recoger el líquido directamente de los ríos contaminados. Mientras tanto, Eliza y Alba afirman que aún no llegan soluciones a su vereda para contener el derrame ni para atender las necesidades que dejó el incidente en las comunidades.
La ayuda se dilata
Al día siguiente del derrame, Eliza Santander llamó a Vetra, la compañía que explota el petróleo en la zona. –Toda la mañana, toda la tarde, márquele y márquele y nadie fue capaz de contestarme- recuerda, hasta que llegando la noche pudo hablar con un funcionario. «Vengan a poner cartas sobre la mesa, vengan a descontaminar esto», le suplicó ella, pero la respuesta fue que no había condiciones de seguridad y no podían hacer nada hasta que entrara el Ejército.
Alba Mery Cuarán le envió varios correos electrónicos a Ediberto Quintero, de Gestión Social y Ambiental de Vetra, solicitándole que «muy comedidamente interceda con quien corresponda para que se solucione urgentemente el problema de contaminación ocasionado por el derrame de crudo». La réplica nunca llegó.
Eliza visitó la Alcaldía del Valle del Guamuéz, e incluso fue hasta Mocoa y recorrió varias instituciones nacionales y departamentales. La respuesta era la misma.
Mientras tanto, en Bogotá, la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, decía ante los micrófonos que por problemas de orden público y por protestas de la comunidad no se había podido avanzar en la zona afectada por el atentado. La presencia de campos minados, de guerrilleros de las Farc y de campesinos que al parecer pedían una indemnización por los daños ocasionados, rezagó la presencia de las instituciones o de cualquiera que pudiera auxiliar a Eliza y a su gente.
Así transcurrieron los días, entre el petróleo y la incertidumbre, hasta que el 10 de julio llegó una comisión de funcionarios de las alcaldías, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas, Corpoamazonia y Vetra. Por fin los escuchaban, pensó la líder de Maravélez.
La conclusión de la Defensoría fue contundente: la empresa debería activar y aplicar de manera urgente planes de contingencia para la limpieza y descontaminación de la zona verde y los ríos en las veredas Maravélez y Guadalito.
Sin embargo, esta es la hora en que en Maravélez el crudo sigue entre los zapatos y el agua de la gente. Nadie ha llegado a limpiar, la escuela cerró y hasta la lluvia sabe a naftalina.
Al respecto, la Gobernación de Putumayo declaró la emergencia manifiesta y anunció que entregará desde hoy 100 tanques con 500 litros de agua a cada uno a los afectados, e iniciará labores de limpieza con 40 personas de la comunidad.
Vetra, por su parte, dice que ya puso en marcha su plan de contingencia: en los próximos dos días entregarán bidones de agua a las familias afectadas y ya instalaron barreras para frenar la expansión del derrame en Guadalito, mas un bloqueo de campesinos en la vía Puerto Vega-Teteyé les ha impedido ingresar a Maravélez.
Diego Gutiérrez, defensor regional del Putumayo, comenta que efectivamente miembros del Esmad intentan controlar un bloqueo en ese punto. De hecho, el grupo de campesinos que protestan ya han levantado cinco puentes de madera y han impedido el paso de vehículos.
Para él, teniendo en cuenta la coyuntura actual de su departamento, Colombia tendría que escuchar las peticiones de los manifestantes.
La primera, que en una resolución del 16 de mayo del 2014, la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) amplió una licencia para aumentar el número de pozos de explotación de petróleo en la zona, con lo cual se reducen las posibilidades para los campesinos de adquirir y cultivar la tierra, ya que, de acuerdo con Gutiérrez, cada cinco kilómetros a la redonda de donde exista un proyecto de hidrocarburos no se pueden comprar terrenos.
De otro lado, la gente reclama que aunque su departamento produce un buen porcentaje del petróleo que exporta el país, no ven los beneficios para resolver sus necesidades básicas. El defensor pone de ejemplo que ningún municipio del Putumayo tiene acceso a agua potable.
Hoy se adelantará una reunión entre Vetra y las alcaldías de Puerto Asís y Valle del Guamuéz, donde, se supone, habrá soluciones definitivas al problema del derrame y se discutirán los mecanismos para financiar la construcción de aljibes como solución a la falta de agua.
«Ojalá así sea», dice Gutiérrez, porque para él la magnitud del problema es mayor de lo que parece: «Si esta agua llega al río Putumayo, como fue en dos ocasiones anteriores con decenas menos de galones de petróleo, muy seguramente los acueductos que dependen de esta cuenca van a afectarse. Si no actuamos rápido necesariamente vamos a tener que suspender el bombeo y es probable que el derrame cruce la frontera binacional y llegue a Ecuador y Perú».
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