Ante Corte Interamericana, Colombia reconocerá responsabilidad por omisión.
A las audiencias de la Corte Interamericana de Justicia que se realizarán a partir del 12 de noviembre en Brasilia, que serán el último escenario en el que se debatirá el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, Colombia llegará con nuevos abogados y nueva estrategia de defensa.
La defensa del Estado, liderada por el abogado Julio Sampedro, expondrá la intención de la Nación de reconocer responsabilidad por omisión (esto es, por no haberlos podido ubicar desde noviembre de 1985) en algunos de los casos.
Una nueva condena internacional contra el país, según los análisis del Estado, es casi inminente, porque casi 28 años después de la tragedia del Palacio, 11 personas siguen desaparecidas y ninguna autoridad ha podido establecer qué pasó con ellas.
En febrero pasado, el abogado Rafael Nieto –que salió del equipo de defensa del Estado– había sostenido ante esa Corte que “los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente, que los tomó como rehenes”.
Pero en otros, como ya lo reveló EL TIEMPO, se iría más allá y se aceptaría la responsabilidad plena por la desaparición. Ese paso lo había planteado el abogado Nieto y corresponde al caso de la guerrillera del M-19 Irma Franco, de quien se considera probado que salió con vida del Palacio, fue retenida por militares en la Casa del Florero y desde entonces no se supo más de ella.
Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo que el Estado colombiano “en lo que deba y pueda reconocer responsabilidad lo hará”, pero recalcó también que la Corte debe tener en cuenta todos los avances de la justicia interna, sobre todo las decisiones de reparación a todas las familias de los desaparecidos que ha dictado el Consejo de Estado en los últimos 20 años.
Lo que busca el Estado es que, como sucedió en el caso de Santo Domingo, en Arauca, si se produce una condena, en esta también se reconozca que la justicia interna ordenó las reparaciones correspondientes.
El fallo de la Corte podría darse en los primeros meses del 2014, y las pretensiones de la demanda superan los 24 millones de dólares.
REDACCIÓN JUSTICIA
