La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras el asesinato de Robinson Álvarez Quemba, funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras en San Roque, Antioquia, expresó su preocupación por que luego del atentado han continuado los hechos que atentan contra la seguridad de funcionarios públicos, líderes, lideresas y reclamantes de tierras.
«Estos actos violentos perturban el avance del proceso de restitución, contribuyen a la revictimización y obstaculizan los esfuerzos de la sociedad y del Estado encaminados a la consecución de la paz y la reconciliación», dijo Juan Carlos Monge, representante encargado en Colombia de la ONU, al rechazar los hechos ocurridos en Antioquia.
La Oficina reconoció los esfuerzos del Estado colombiano dirigidos a cumplir con su obligación internacional de reparar a las víctimas del conflicto en Colombia, pero no obstante recordó la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos aquellos implicados en el proceso de restitución.
La Oficina llamó una acción concertada de todas las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional y territorial, con competencias en prevención y protección, para que se tomen las medidas necesarias y así asegurar la viabilidad del proceso de restitución de tierras.
