Se trata de las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que busca modificar potestades y procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE).
Con ella, se ha puesto en peligro un mecanismo que ha servido para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de todas las democracias del hemisferio. La posición de Colombia, que cuenta con una fuerte participación en el Sistema (un juez, un comisionado y una relatora están inmersos en él), ha sido en extremo ambigua durante el proceso.
El SIDH es una última instancia a la que acuden los ciudadanos cuando no encuentran garantías para la defensa de sus derechos en sus propios países. Ejerce un control de peso y ha tomado decisiones duras contra varios Estados, sin importar su alineación política. El mejor ejemplo es, por supuesto, el que dio origen al problema que hoy afronta: el 1 de abril de 2011, la CIDH ordenó a Brasil, por medio de una medida cautelar, que suspendiera de manera inmediata la construcción de la planta hidroeléctrica Belo Monte, mientras se hacía la debida consulta a los pueblos indígenas que se podían ver afectados.
La respuesta de ese país sorprendió a muchos: retiró a su embajador ante la OEA y a su candidato a la CIDH, suspendió el pago de su cuota anual a este organismo internacional e impulsó la creación de un Grupo de Trabajo para estudiar el “funcionamiento de la CIDH y fortalecimiento del Sistema Interamericano”. A esta idea se sumaron los intereses de varios países, incluyendo a Ecuador, Venezuela y Colombia. Cada uno de éstos (y algunos otros) tienen la oportunidad única de sacudirse de algunas “molestias” en su defensa de los derechos humanos a través de las “recomendaciones” planteadas. Estas propuestas fueron aprobadas y ahora se trabaja en cómo se deben implementar.
En Colombia, varias organizaciones de derechos humanos, dentro de las que se encuentran la Fundación Para la Libertad de Prensa, Dejusticia, la Misión de Observación Electoral, Andiarios y la Comisión Colombiana de Juristas, han manifestado su preocupación sobre algunas de estas recomendaciones. En particular, las que buscan eliminar los informes de país en los cuales anualmente se llama la atención a los países de especial preocupación —al que Colombia ha clasificado en repetidas ocasiones—; dedicar más recursos a actividades de promoción que al estudio de casos individuales, que tendrán que cumplir más plazos y requisitos a favor de los estados; acortar el tiempo y alcance de las medidas cautelares, aquellas que buscan proteger a individuos o comunidades que se encuentran frente a una gran amenaza, o desnaturalizar el funcionamiento de la RELE, a través de cambios en su financiación, en su informe anual y en la imposición de un “código de conducta” para sus labores.
El día de ayer se realizó un foro en la Universidad Javeriana sobre el tema, el primero de cinco espacios para socializar y dialogar sobre las recomendaciones. En dicho espacio, por fortuna, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no apoyará una reforma que limite a la RELE e indicó que se buscará fortalecer el Sistema y darle más legitimidad. Esto no se puede traducir en limitaciones y trabas de forma para la defensa de los derechos humanos disfrazadas en eufemismos. Si va a ser así, sería mejor que no existieran.
El presidente también afirmó que hay un compromiso de Colombia en la defensa y promoción de los derechos humanos acatando los mandatos y disposiciones internacionales. Este compromiso debe desencadenar en un liderazgo que permita la participación de las víctimas y de la sociedad civil y lleve a la conciencia de las demás naciones para evitar que el SIDH pierda poder como espacio de defensa para los ciudadanos de cualquier democracia de la región.
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