Es lamentable que los ciudadanos acudan al argumento de la persecución política en su contra para desatender el llamado de la justicia o para deslegitimar a su juez. Pero es peor si quien lo hace es el jefe del Ministerio Público.
En entrevista con Noticias Caracol la semana pasada, Alejandro Ordóñez salió con que “hay un acuerdo no escrito entre el Gobierno y las Farc” para sacarlo del cargo. Esto porque, según él, se está presionando al Consejo de Estado para que anule su reelección, demandada ante este alto tribunal.
El Gobierno y el Consejo de Estado no demoraron mucho en responder. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, sostuvo que “más que denunciar una posible presión, creo que esta clase de manifestaciones del procurador lo que buscan es, al contrario, direccionar la decisión del Consejo de Estado”. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo a su vez que no valía “la pena responder porque es un despropósito muy grande pensar en un acuerdo del Gobierno con las Farc para eso”. Y, por su parte, el Consejo de Estado negó cualquier complot y exhortó a Ordóñez a que presente pruebas del mismo, a lo cual él respondió diciendo que no dudaba de esa corporación, de la que hizo parte por ocho años, sino del interés del presidente Juan Manuel Santos de “pretender interferir en la libertad e independencia de magistrados que deben fallar la demanda de mi elección como procurador”.
Vergonzoso el mal ejemplo que nos ofrece el señor procurador. Primero, porque, aunque no lo reconozca, claramente pretende, para usar las palabras del ministro Reyes, direccionar la decisión del Consejo de Estado. Ya les notificó que una eventual decisión en su contra sería producto del complot con unos criminales. Es decir, ¿el procurador sólo va a aceptar un fallo a su favor? ¿Es ese el mensaje que debe dar un procurador?
Es cierto que ha habido denuncias por supuestas irregularidades en el proceso, interpuestas, valga recordarlo, por un escudero del procurador, el exmagistrado Marco Antonio Velilla, el mismo que hizo que el proceso pasara de una sección a la Sala Plena del Consejo de Estado para dar largas a una decisión que parecía inminente y contraria al procurador. Pero deslegitimar, por medio de esas acusaciones, a todo un tribunal es una falacia de graves consecuencias. ¿Qué va a hacer el procurador si el fallo sale en su contra? ¿Llamar a una manifestación pública?
Y pareciera que toca recordarle al procurador que el proceso lleva ya casi tres años y que existen unas acusaciones cuyo sustento constitucional nos explicó de manera impecable el profesor Rodrigo Uprimny ayer en estas páginas. Ha tenido tiempo más que suficiente para presentar las respectivas objeciones a esa demanda. Pero de eso, nada. Sólo agua sucia para teñir de política cualquier decisión desfavorable.
¿Será que realmente el doctor Ordóñez se cree semejante complot o será más bien que se ve perdido por la salida de sus tres alfiles, los exmagistrados Alfonso Vargas Rincón, Susana Buitrago y Marco Antonio Velilla, del Consejo de Estado? Procurador, no se sume a la larga lista de funcionarios que, para no atender al llamado de la justicia, tratan desesperadamente de deslegitimar a su juez. Usted debería dar ejemplo y dejar que la justicia haga lo suyo.
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