Se ha tratado de poner nuevos obstáculos al proceso de paz objetando jurídicamente el acierto político del Presidente de la República al autorizar la presencia del Comandante de las FARC-EP en La Habana.
Se olvida que el desmonte de este complejo conflicto armado interno de 50 años demanda ahora, y demandará en adelante, gestos extraordinarios de todas las partes.
Se requiere capacidad de asombro para reconocer lo extraordinario. Si las partes en forma bilateral o unilateral hacen treguas, si de manera efectiva sacan a los niños de las filas, si dejan de amenazar y desplazar a la población en los campos, si se acogen en la práctica al DIH, son gestos fuera de lo ordinario a los que es preciso saludar. Si la sociedad movilizada acude a acciones inéditas para exigir el fin del enfrentamiento y el cumplimiento de los acuerdos, igualmente estaremos ante hechos extraordinarios que en su momento habrá que valorar.
Que el Presidente haya autorizado el viaje de Rodrigo Londoño Echeverry, Timoleón Jiménez, o Timochenko, a La Habana para que el grupo insurgente consolide sus acuerdos internos a fin de poder llegar a acuerdos con el gobierno es un gesto para reconocer no para condenar. Imaginemos lo contrario: que las conversaciones se empantanan o suspenden porque la delegación de las FARC no puede hablar con su jefe máximo cuando la delegación del gobierno habla permanentemente con el suyo. La historia no perdonaría al presidente timorato que por no facilitar un viaje hiciera fracasar o, cuando menos, demorar la llegada de la paz.
Claro que con ello no se está autorizando que el Presidente proceda temeraria y arbitrariamente. Si los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, las autoridades y funcionarios públicos – incluido, por supuesto, el Presidente – solo pueden hacer lo que la ley les permite. En el caso que se comenta es evidente que el Presidente tiene facultades constitucionales y legales que no solo puede sino que debe cumplir.
Frente a todos los asuntos de trascendencia los colombianos solemos tener una discusión sobre el punto y la coma, santanderismo lo llaman unos, bizantinismo otros, excesivo legalismo muchos. Una interpretación restrictiva de la Constitución y la Ley le haría mucho mal al proceso. Requerimos una interpretación justa y, por lo informado, creo que el Presidente la ha tenido con un notable sentido de responsabilidad y oportunidad política.
El proceso de paz necesita y tiene un libreto – la legislación sobre el tema, los criterios y métodos preestablecidos, el Acuerdo General – pero no todo lo que se requiere para que llegue la paz está en el libreto. Siempre hay elementos sobrevinientes frente a los cuales se requiere determinación, esto es imaginación y audacia, de los gobernantes, los grupos armados o los movimientos de opinión y sociedad para alcanzar el objetivo.
Sigue presentándose una situación que sí tiene que ser motivo de preocupación: en La Habana todo va avanzando, pero en el país, el gobierno, la sociedad, la formación de opinión, las cosas se complican cada vez más. Hay desinformación y obstrucción. Sin embargo es preciso resaltar también que cada día hay más sectores, ciudadanos y ciudadanas, conscientes de esta circunstancia. Hay movimiento para gestar una gran respuesta a esta situación hasta lograr un ambiente propicio a la paz al momento de la validación de los acuerdos y en el año inmediatamente siguiente que es definitivo para la consolidación del proceso. En este campo sí que son necesarios los gestos y hechos extraordinarios para que no se pierda la hora de la paz.
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