El Gobierno de Colombia, hoy miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, ignora las resoluciones de ese órgano.
El presidente Santos afirmó: «Las mujeres tendrán un papel destacado y permanente en el proceso de paz». Tan meritorio pronunciamiento choca con la realidad: ni del lado del Estado ni del lado de las Farc se encuentra una sola negociadora titular.
El presidente destacó el rol de Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi en las conversaciones exploratorias. Lo cierto es que ellas no parecen haber jugado un rol primordial en los pasados diálogos confidenciales y todo indica que tampoco lo harán en los formales.
El intento del Presidente por calmar la preocupación de las organizaciones de mujeres es entendible. Al fin y al cabo, hablaba ante Michelle Bachelet, secretaria ejecutiva de ONU Mujeres y guardiana de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad.
Las palabras de Bachelet habían sido claras: «Es fundamental retomar las experiencias de otros países del mundo en los que la voz de las mujeres ha sido tenida en cuenta como pieza clave para la construcción de la paz, lo cual no es otra cosa que seguir las recomendaciones de la Resolución 1325 y las demás que la complementan».
La Resolución 1325 del 2000 pide la presencia de la mujer «en niveles de adopción de decisiones para la prevención, la gestión y la solución de conflictos».
No son suficientes visitas ocasionales de mujeres víctimas a La Habana o mecanismos de consulta con organizaciones de mujeres. La mujer debe estar sentada a la mesa. De cara al futuro del país, ese es el único lugar que le corresponde.
Si mujeres y niños constituyen una mayoría de las víctimas del conflicto y, en particular, de las poblaciones desplazadas, la participación de la mujer pone de relieve la atención a sus intereses.
¿Cómo serán tratados los crímenes sexuales, tan huérfanos en estos procesos? ¿Quién velará por las necesidades especiales de las niñas y las mujeres en el retorno, el reasentamiento, la rehabilitación y la reinserción? ¿Alguien se preocupará por las mujeres cuando se pacten reformas institucionales, como aquellas del sistema electoral o judicial o de la fuerza pública? ¿Se contemplará un papel para la mujer en los mecanismos de ejecución de los acuerdos de paz?
Aquí predomina la visión de que la paz se hace entre quienes hacen la guerra. Así se pensó la paz con las autodefensas: una paz de guerreros, una paz de varones.
La implementación de la Resolución 1325 en ese contexto provocó más de un enfrentamiento entre el gobierno de Álvaro Uribe, las organizaciones de mujeres y el sistema de Naciones Unidas.
Poco importó el establecimiento de la verdad sobre la violencia sexual; poco se vio de perspectiva de género en la desmovilización, el desarme y la reinserción. Para el gobierno de Uribe, la presencia de dos mujeres en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación constituía prueba suficiente de respeto a la Resolución 1325.
Las organizaciones de mujeres se distanciaron de un proceso que las ignoraba, al tiempo que Naciones Unidas les exigía la presentación de proyectos en el marco de una resolución que el mismo Gobierno desconocía.
Tampoco se designaron mujeres para el Caguán (1999-2002), ni para la negociación con el Eln (2006-2007). Si de lecciones aprendidas se trata, he aquí una protuberante.
Es verdad que no siempre las mujeres son defensoras de los derechos de su género. Pero en Colombia sobran las que sí lo son y ojalá su voz no faltara en La Habana.
No me hago muchas ilusiones. Recuerdo las palabras de una militante: «Las únicas faldas que se han visto en las mesas de negociación en Colombia son las sotanas».
