La gran fuente de impunidad en Colombia no es un acuerdo con las Farc; es el conflicto armado.
La principal fuente de impunidad en Colombia no es que un puñado de victimarios no vayan a la cárcel gracias a un acuerdo de paz. La principal fuente de impunidad en Colombia es el conflicto armado.
La guerra es sinónimo de impunidad. Para combatirla, la primera condición es poner fin al conflicto.
El conflicto armado es un entorno perfecto para la ausencia de justicia. En la medida en que el Estado no ha podido (o no ha querido) proveer seguridad a los ciudadanos, los actores armados han masacrado, desplazado, desaparecido y amenazado a millones de personas a su gusto.
En medio del conflicto, el Estado no solo ha sido incapaz de proteger; tampoco esclarece ni castiga. Por causa del conflicto, millones de colombianos no solo han sido víctimas de una colección pavorosa de crímenes, sino que raramente sus autores son descubiertos, procesados y castigados.
En vastos territorios de Colombia han faltado por décadas las instituciones y los funcionarios básicos para evitar la impunidad: ¿cuántos pueblos del país no han visto jamás un juez o un fiscal? ¿Por cuánto tiempo cientos de municipios no tuvieron tampoco un policía? ¿En cuántos pueblos la Policía está presente, pero vive en búnkeres de concreto, apenas si se relaciona con la gente y no es capaz de intervenir ni en una riña familiar? ¿En cuántas zonas del país la ley es la de un grupo armado y no la legalidad del Estado?
El que mata, desplaza, viola o amenaza al amparo del conflicto armado sabe que quedará impune porque el Estado es incapaz de castigarlo.
Desde el 2002 se han cometido en Colombia cerca de un cuarto de millón de homicidios, decenas de miles de estos en el marco del conflicto armado; la proporción esclarecida es irrisoria. Según el Registro Único de Víctimas, hay cerca de 7 millones de desplazados por la violencia, pero las sentencias por desplazamiento forzado se cuentan con los dedos de la mano. ¿Cuántas de las más de 2.000 masacres cometidas desde 1980 se han esclarecido y cuántos de sus autores están presos? El proceso de Justicia y Paz ha establecido casi 60.000 crímenes cometidos por los paramilitares, pero en diez años se han proferido apenas 33 sentencias, que cubren menos de 4.000 de esos delitos.
La impunidad se alimenta del miedo que generan la guerra y sus actores. Un delito generalizado en Colombia es la extorsión, pero no se denuncian más de 5.000 casos anuales. Con demasiada frecuencia, quien es víctima de un crimen o sus familiares no acuden ante las autoridades. Y no lo hacen por el miedo a represalias que, todos saben, quedarán impunes.
El conflicto armado y la impunidad que lo caracteriza han instalado en la sociedad una profunda desconfianza frente a las instituciones del Estado en general y ante la justicia en particular. Esta es percibida como corrupta y tan clientelista como los políticos; entre los militares se la señala de estar infiltrada por la guerrilla, y la oposición cree que está al servicio del Gobierno para fabricar procesos en su contra. Esta falta de confianza en la justicia es un círculo vicioso: mientras el conflicto armado continúe no cambiará la extendida convicción de que es inútil recurrir a la justicia, y esto solo reforzará la impunidad.
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La primera condición para combatir la impunidad es poner fin al conflicto armado, no proponer que un puñado de perpetradores vayan a la cárcel.
Pedir la prisión para unos cuantos victimarios como condición suprema para llegar a la paz significa poner el castigo a un pequeño número de personas, por encima de aliviar la impunidad que han padecido millones de colombianos.
Solo la paz puede sentar las condiciones para combatir la impunidad. Seguir el conflicto armado es seguir en la impunidad.
Álvaro Sierra Restrepo
cortapalo@gmail.com
@cortapalo
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