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No es el momento de mezquindades; de capitalizar políticamente los obvios tropiezos que se derivan de la decisión de negociar en medio del conflicto.

No es fácil mantener el optimismo sobre el resultado de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. La decisión válida de negociar en medio del conflicto preveía la escalada de actos terroristas y la reacción fuerte de la Fuerza Pública. Nadie puede ser indiferente al asesinato permanente de nuestros soldados, que convertidos en héroes no alivian la tragedia de su familia y del país. Obviamente, se espera un debilitamiento más rápido de la guerrilla y más éxitos sin víctimas civiles o militares.
 
El día a día que se está viviendo es difícil: a veces se siente que las Farc dominan y siguen matando y secuestrando; otras, que el Gobierno es blando, pero también que el vocero gubernamental reacciona fuerte y lleva a las Farc a echarse para atrás, como en días pasados, cuando finalmente liberó a los soldados.
 
Para el público que sigue con esperanzas el proceso, y aun para quienes quieren sacar beneficios políticos, son varios los momentos en los cuales hemos creído que el esfuerzo fracasó. Pero la verdad es que no obstante los duros episodios que han sucedido en este lapso, ni el Gobierno ni la guerrilla se han levantado de la mesa, cuando ambos podían alegar suficientes motivos.
 
La conclusión es que persiste la voluntad de negociar y, por ello, se debe fortalecer la posición del Gobierno, con el apoyo de la ciudadanía.
Las últimas noticias son aún más reconfortantes: se empiezan a plantear avances concretos sobre el tema de la tierra en Colombia y van a comenzar a negociar el punto que se relaciona con la participación política. Ojalá esta visita de miembros del Congreso a La Habana no cree nuevas dificultades sino que facilite esta nueva etapa.
 
Esta es la apuesta más importante que el país está haciendo para hacer realidad el sueño de poder entregar a las próximas generaciones una Colombia sin los costos humanos, políticos, económicos y sociales con los que hemos tenido que convivir.

No es el momento de mezquindades; de capitalizar políticamente los obvios tropiezos que se derivan de la decisión de negociar en medio del conflicto; de apostarle al fracaso de un esfuerzo que cambiaría la vida de 46 millones de colombianos, así los resultados finales de estas conversaciones sean relativamente menores a las expectativas. Este es el principio, no el fin.
 

Llegó la hora de hacer manifestaciones públicas de apoyo, independientemente de las diferencias que se tengan con otros aspectos del quehacer del Gobierno. Una razón muy poderosa justifica claramente esta posición.
 
Ante la escalada de actos violentos, que son innegables, ya empiezan a sonar voces que piden licencia para tomar la justicia en sus propias manos. Vuelve y asoma sus fauces el monstruo del paramilitarismo, como si ya no se conocieran el dolor y la sangre que se derramó en el país. Sangre que nadie niega se suma a la que ha derramado la guerrilla.
 
Lo que parecen voces aisladas, como la del exgobernador del César Jaime Murgas, y que encontró eco en una red social en Valledupar, son una señal preocupante. Hay desesperación en muchos sitios del país, no solo por la arremetida de las Farc sino por la inseguridad en algunas zonas. Pero la salida no es volver a armar a los empresarios del campo sino fortalecer al Gobierno, para que este pueda enfrentar mejor esos actos de violencia.
 
Una pregunta: ¿por qué los empresarios rurales sí tienen dinero para comprar más armas, pero no para pagar más impuestos de manera que el Gobierno tenga mayores recursos para su defensa y la del país? Es la pregunta del millón… Y también la respuesta del millón.

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