El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, abogado internacionalista que la semana pasada presentó el informe anual de esta organización que aboga por los derechos humanos, habló con El Espectador y dio nuevos elementos para el debate sobre el proceso de paz, la polémica por el secuestro a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el principal opositor de las negociaciones: el expresidente Álvaro Uribe.
El informe de HRW no deja bien parado al país en derechos humanos. ¿Qué se puede enfatizar al respecto?
En el caso de Colombia, principalmente tres cosas. Lo primero es que hay un descenso favorable en las cifras en cuanto a violaciones de derechos humanos, en temas como los falsos positivos. También el informe destaca los riesgos que representan para la vigencia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad las dos reformas constitucionales que el Gobierno logró aprobar, tanto la del marco jurídico como la del fuero militar. Y el tercer gran punto tiene que ver con la ley de tierras y víctimas porque seguimos sosteniendo que es quizás la iniciativa más importante del gobierno Santos en materia de derechos humanos y sigue mereciendo todo nuestro apoyo aunque tiene muchos obstáculos por delante para que sea una realidad.
Esta semana que se reanudaron las conversaciones en La Habana, las Farc dijeron que para ellos estaba más que vigente la retención de prisioneros de guerra o prisioneros políticos y negaron tener secuestrados. ¿Cómo ve el tema a la luz del DIH?
El derecho internacional es clarísimo y no admite ambigüedades. Un grupo irregular armado interno o internacional solo puede capturar a personas del otro bando si son combatientes. Los policías que retuvieron no estaban en combate, eso es un puro y simple secuestro. Como sabemos es un crimen, no solo nacional sino internacional. Las Farc tienen la obligación de liberarlos sin condición alguna.
¿Qué cree usted que están buscando las Farc cuando piden regularización del conflicto? ¿No es una forma de buscar un estatus político?
Creo que esta discusión es bizantina. El artículo tres común a las cuatro convenciones de Ginebra que regula los conflictos armados internos, establece explícitamente que la aplicación de estas convenciones de ninguna manera significa reconocer un estatus especial a ninguna de las partes o un estatus de beligerancia. Cualquier parte que se enfrenta a un conflicto armado, ya sean agentes del Estado o un grupo irregular armado, están en la obligación de respetar las normas del DIH.
¿Negociar en La Habana sin cese al fuego?
No hay nada escrito en derecho internacional que obligue al cese de hostilidades como un requisito para sentarse a negociar el conflicto.
¿Encuentra elementos valiosos en este momento para pensar que este proceso de paz con las Farc puede llegar a buen puerto?
Hemos expresado nuestra esperanza pero no estamos en posición de especular si esto tiene futuro o no. Esto se escapa de nuestro análisis.
Lo que si no se ha escapado de su análisis es el tema de la reforma del marco para la paz a la que se tendrán que atener los desmovilizados de las Farc de llegar a un acuerdo.
Hemos dejado constancia de nuestras preocupaciones sobre este tema, fundamentalmente porque creemos que les hace una oferta a las Farc que también alcanza y beneficia actualmente a otros como militares y paramilitares, que consiste en prometerles un proceso penal a los máximos responsables de crímenes graves sin condena. Esto transforma el proceso penal en una mera formalidad, en un teatro y no en algo genuino y legítimo. Las normas actuales obligan a Colombia, desde que ratifica el Tratado de Roma que crea a su vez la Corte Penal Internacional (CPI), a que de garantías de justicia si no las hay la CPI puede entrar a actuar. La paz no puede ser a cualquier precio. La justicia transicional puede ser complementaria pero no puede sustituir la penal.
¿Cuáles son las diferencias que encuentra entre el tiempo de Santo y Uribe?
Durante los años de Uribe se produce la desmovilización de los paramilitares que se convirtió en una farsa que Colombia hoy en día está pagando con el surgimiento de las llamadas bandas criminales que tienen un modus operandi muy similar a los paramilitares. En esos mismos años es que se dan los falsos positivos. También estuvieron los ataques concretos del propio Uribe a defensores de derechos humanos y la estigmatización de ser cercanos a la guerrilla. De manera que el contexto en el que hoy vive Colombia es muy distinto. El Gobierno de Santos ha mostrado una gran apertura para trabajar con las organizaciones civiles y la ley de víctimas y restitución de tierras es un logro importantísimo que no se habría podido concretar en la administración de Uribe porque ya se opuso a esa norma, como se opone hoy al proceso de paz, y se opuso también al marco jurídico para la paz, cuando el primer proyecto de alternatividad penal que él impulso para los paras no contemplaba un día de cárcel. Eso demuestra el doble rasero con el que Uribe opera.
Aunque le reconocen a Santos esos avances si han sido muy críticos con la reforma al fuero militar…
Lo que ocurrió con esa reforma es muy desafortunado porque obviamente es un retroceso en derechos humanos. Vamos a seguir muy de cerca el rumbo de las investigaciones de falsos positivos. Colombia quedó en una situación donde los militares son juez y parte y eso es muy grave.
Proponen a Brasil para misión humanitaria
Carlos Lozano Guillén, miembro del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, sugirió la participación de Brasil en el operativo de liberación de tres uniformados secuestrados por las Farc, tal como ocurrió hace menos de un año.
Justamente fue en febrero de 2012 cuando Brasil dispuso de helicópteros y pilotos para participar en la liberación de 10 militares y policías que fueron secuestrados entre 1998 y 1999.
“Yo creo que puede repetirse la experiencia de la participación brasileña si ellos aceptan. Creo que ya conocen el procedimiento, lo han hecho muy bien, con profesionalismo, con sigilo, con neutralidad, y todo ha sido un éxito”, sostuvo Lozano Guillén.
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