Por: Cecilia Orozco Tascón
Una alteración absoluta del orden jurídico y político de Colombia. Así de simple, y también de delicada en sus efectos, es la fórmula que el expresidente César Gaviria propone para “ponerle fin a la guerra de manera definitiva”.
Consiste en cerrar, para siempre, las investigaciones y procesos judiciales en que están o en que podrían verse envueltos todos aquellos que cometieron delitos en el conflicto interno. Con base en el Marco para la Paz aprobado por el legislativo, varios personajes de la vida nacional – entre ellos el presidente Santos, el fiscal general e, insólitamente, el vocero de la Corte Suprema que rompió su imparcialidad de juez -, han promovido la aplicación de unas reglas especiales (justicia transicional) para los miembros de la guerrilla que lleguen a un acuerdo de paz con el Estado. Tímidamente pero cada vez con mayor fuerza, esas y otras voces han sugerido que la laxitud normativa que beneficiaría a las Farc, sea aplicable también a los militares y policías combatientes que incurrieron en crímenes.
Pero Gaviria fue mucho más lejos. Según el exmandatario, para terminar la confrontación armada no pueden quedar “por fuera (de las alternativas judiciales) los miles de civiles, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial… que fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales…”. Con plena conciencia del alcance de sus palabras, el expresidente evitó, sin embargo, poner con nombres y apellidos, ejemplos que aterrizaran su propuesta, verbigracia, en la Picota, en donde están los excongresistas y exgobernadores condenados así como omitió, intencionalmente, mencionar al coprotagonista del controvertido debate en que el senador Iván Cepeda denunció los presuntos nexos delictivos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Gaviria ubicó las revelaciones de Cepeda en el rango de “indeseable nivel de polarización” pero, enigmático, concedió que ese debate también señalaba “nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la paz”.
Es posible que hile muy delgado. No obstante, me atrevo a afirmar que con los “nuevos caminos” a los que alude Gaviria, este pretende despejar los obstáculos que hoy se ciernen sobre La Habana, al quitarle piso a la supuesta “persecución” que tiene como su arma de batalla, el más poderoso opositor del pacto de paz. En efecto, si se llevan a la práctica los argumentos de Gaviria, se solucionarían los líos con la justicia de los parapolíticos recluidos en los penales, muchos de los cuales fueron o son uribistas ‘pura sangre’ como Luis Alfredo Ramos, por poner solo un caso. Y que se eliminaría, además, el notorio temor del propio Uribe, de ser judicializado, él mismo o algunos de sus familiares.
Como dicen los billaristas, Gaviria tacó a varias bandas cuando, neutralizando a Uribe, firme aliado de la inimputabilidad de los agentes del Estado, indicó, además, que las responsabilidades militares “deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión”, lo que dejaría por fuera de juzgamiento a todo uniformado que decida mirar para otro lado en momentos en que se cometa un crimen, lo cual sería útil para suspender las acciones judiciales contra los uniformados que, por instrucciones claras o equívocas impartidas durante los dos gobiernos de Uribe, confundieron el mérito militar con las ejecuciones extrajudiciales. Habrá que digerir poco a poco este caldo espeso para que el país sepa si es posible consumirlo sin que se nos indigeste y sin que, defensores de derechos humanos tan reputados como Human Rights Watch terminen descalificando a Colombia y su proceso de paz al que desde ya están otorgándole un título fatal: “piñata de impunidad”.
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