Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, responde a informe entregado al Congreso.
La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, responde a los retos que plantea el informe que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas le entregó al Congreso, estudio en el que se asegura que hacen falta por lo menos 33 billones de pesos para cumplir con los objetivos de esa normativa.
Gaviria afirma que los cálculos financieros con los que fue presupuestada la ley, en el 2011, fueron desbordados por la realidad y que ya se está en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para ver cómo se adiciona presupuesto.
La Ley de Víctimas fue proyectada con un presupuesto de 55 billones de pesos para sus 10 años. La Comisión de seguimiento le acaba de decir al Congreso que van a faltar 33 billones para cumplir sus objetivos…
La proyección de la financiación de la ley de víctimas se hizo en el 2011 con un universo de víctimas de un poco menos de 4 millones, que era lo que en su momento llevaba Acción Social y hoy ya tenemos a 7.3 millones de personas inscritas. La ley de Víctimas, como es para todos, tiene un universo más completo de víctimas. Con corte a junio del 2015, cuando se cerró el primer plazo de la ley para inscribir a antiguas víctimas, recibimos del Ministerio Público, defensorías y Procuraduría, 1.2 millones de declaraciones. De ese total nos dio como resultado aproximadamente una inclusión de casi 3 millones de personas.
Esto significa que, claramente, la proyección del 2011 claramente tuvo un cambio con la puesta en marcha de la ley. Nunca se proyectó que iba a ser tan grande la respuesta de las víctimas ni que había tantas víctimas.
¿Eso significa que el dinero, en efecto, no va a alcanzar?
El cálculo del 2011, claramente, fue desborado por la realidad. El presupuesto de los 55 billones no va a alcanzar y se va a necesitar más dinero. El registro creció a lo proyectado, pero por lo menos hoy sabemos realmente cuántas son las víctimas. Por mucho tiempo el país tuvo un subregistro, no sabía el verdadero impacto del conflicto. Hoy sí lo sabemos.
Después de que entrara en vigencia la ley, la Corte Constitucional ordenó indemnizar a víctimas que no estaban contempladas, como los desplazados, que ocupan el mayor porcentaje en el registro. ¿Eso cambió los planes?
La Corte Constitucional ha hecho varias interpretaciones de la constitucionalidad de la ley de víctimas, y una de ellas, es una sentencia del 2013 que ordena indemnizar a los desplazados. Esas dos situaciones, la magnitud y respuesta de las víctimas, más la decisión de la Corte, claramente plantea la necesidad de hacer un nuevo costeo.
¿Qué medidas se van a tomar para replantear el presupuesto de la ley?
El Presidente le dio la instrucción al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Víctimas de buscar nuevas fuentes para poder ajustarnos a las nuevas realidades de la ley. El presupuesto es un tema para discutir con Hacienda. Se están haciendo unos cálculos con algunas precisiones.
¿Qué precisiones?
Una es que no todas las víctimas que están en el registro reciben lo mismo. Además, no todas reciben indemnización. 7.3 millones de víctimas que hoy tiene el registro, realmente son sujetos de atención y reparación, 5.8 millones. El resto pueden ser personas que ya están muertas, desaparecidas, o inactivas en el registro. Por otro lado, la Unidad reconoce a todo el núcleo familiar y lo registra, pero no necesariamente se le paga a toda la familia.
Además, la ley también dice que a las víctimas de antes de 1985 no debemos indemnizarlas, aunque sí registrarlas. Antes de esa fecha, por ejemplo, tenemos a 390.000 víctimas.
La Comisión de Seguimiento afirma que no se sabe con certeza cuánto ha gastado la Unidad de Víctimas este año en ayuda humanitaria porque ese gasto se cubrió con otros rubros presupuestales…
No es clara la afirmación de ese informe cuando dice que se usaron otros rumbos. La claridad que tengo que hacer es que no hay una política pública que tenga más controles, ni que se ejecute con más transparencia que la ley de víctimas. Permanentemente tenemos a la Contraloría auditando la ejecución de recursos y hemos sido muy transparentes e impecables.
Ese informe también sostiene que para cubrir gastos de las ayudas humanitarias del 2014 se usaron recursos del 2015…
Efectivamente entramos en el 2015 con dinero que habíamos usado en ayudas humanitarias del 2014, y que no se alcanzaron a pagar. Eso se puede hacer, y nosotros pedimos permiso para ello. No es una novedad. Lo hicimos así, y hemos venido cumpliendo con las proyecciones y metas de ayuda humanitaria para este año.
