‘La reforma a la justicia es urgente’

Protagonista de la fallida reforma a la justicia presentada por el gobierno Santos, el exministro Juan Carlos Esguerra es sin duda una de las voces a consultar sobre una posible nueva reforma. El Espectador hablo con él, en medio del debate que hoy se da en el país sobre la necesidad inminente de reformar la rama.
 

Fue protagonista de la primera reforma a la justicia que se presentó en este gobierno y que fue desastrosa.
 

¡Sin duda! Sobre todo una reforma a la arquitectura de ciertas instituciones de la justicia. Hay muchas transformaciones que se han hecho a los códigos que han sido oportunos y positivos. Pero en la arquitectura de la justicia está claro que es urgente una reforma. Esa reforma debe comenzar por la eliminación íntegra del Consejo Superior de la Judicatura, porque ninguna de las dos salas que lo conforman, así como ninguna de las funciones atribuidas a ellas, viene cumpliéndose razonablemente.
 

Eso es como tantas cosas en la vida, que no necesariamente funcionan la primera vez, ni la segunda ni la tercera. Acuérdese de que ya se han hecho bastantes intentos de reformar la justicia y no se ha podido; eso no quiere decir que se deba desistir. Las evidencias acerca de la urgencia y necesidad de esa reforma demuestran que hay que hacer los intentos que sean necesarios hasta sacarla adelante.
 

Estoy seguro de que el grupo de magistrados que se alió con el grupo de congresistas encargado de tirarse esa reforma sobre la base de incorporar en ella un “yo te doy y tú me das, yo te reconozco y tu me reconoces” muy seguramente no se atrevería a hacer una cosa semejante a la que ya hicieron y lograron sacar adelante. Y el Ejecutivo, por supuesto, tiene que haber aprendido de la experiencia.
 

Hay que buscar el momento preciso para hacerlo, y creo que este no es el momento preciso. Hay que ir preparándola, pero esa reforma tiene mejores posibilidades si se adelanta al comienzo de un nuevo gobierno. Es decir, a partir del 7 de agosto del año entrante.
 

Especialmente mis sucesores, la doctora Ruth Stella Correa y el actual ministro, Alfonso Gómez Méndez, se dedicaron a decir que esa reforma no era necesaria, que no había que hacerla, que la justicia no necesita una reforma. Ahora han terminado por admitir que es indispensable e inaplazable.
 

Puede haber algo de eso, no podría negarlo. Pero al margen de esa consideración y de las especulaciones, si se mira con objetividad y desapasionamiento el tema es claro que la reforma es necesaria.
 

El Consejo de la Judicatura ha demostrado hasta la saciedad que no está en condiciones de cumplir adecuadamente sus tareas. Es indiscutible que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ha sido capaz de cumplir con su tarea adecuadamente, fracasando una y otra vez, echando al olvido, por presiones políticas y demás, el cumplimiento de las tareas en materia de justicia que deberían comenzar por esa comisión, y eso ha conducido a que haya impunidad generalizada en relación con los casos que debería juzgar.
 

No conozco en detalle las circunstancias que dieron lugar al fallo de la Corte. Por eso no me atrevo a pronunciarme sobre el particular para decir si la Corte tenía o no razón en fallar de esa manera. Sin embargo, no se puede criticar a la Corte porque por consideraciones de tipo formal tumba una reforma constitucional, entre otras cosas porque la misma Constitución dice que a la hora de las reformas la tarea primera de la Corte es verificar que se haya cumplido rigurosamente con el trámite y con los ritos que había que cumplir.

El presidente le solicitó a la Corte una revisión adicional de su fallo sobre el fuero penal militar. ¿Esto se había visto antes? ¿Es constitucional hacerlo?

Hay que mirar el tipo de solicitud que hizo. Porque en realidad se planteó un “recurso de anulación o de nulidad” y, que yo sepa, no existe en ninguna parte, no está consagrado en ninguna norma jurídica. En principio, entonces, uno diría que el presidente no tenía por qué interponer ese recurso; sin embargo, hay que tener en cuenta que entre los excesos en que ha venido incurriendo la Corte con el tiempo está el de haber instituido para algunos casos unos recursos que no existen en ninguna parte, y así ha ido abriendo la puerta a esas posibilidades.
 

Como los recursos de tutela. La Corte debe resolver en últimas estos recursos en la Sala de Revisión, y ha habido casos en que las salas de revisión deciden y alguien interpone un recurso de anulación ante la Sala Plena. ¿Dónde está consagrado ese recurso de anulación ante la Sala Plena? En ninguna parte. Y sin embargo, la Corte lo ha aceptado y ha tumbado sentencias de la Sala de Revisión. Así que si acepta que se cree de manera bastante irregular un recurso que no se puede calificar porque no está en ninguna norma, pero le ha dado cabida a un recurso ante la Sala Plena frente a decisiones de la Corte, pues en este caso el presidente ha utilizado una puerta que se inventó la Corte.
 

Difícilmente podrá la Corte salir a decir que el recurso no existe si ella ya le ha dado cabida en otro tipo de casos. En el fondo estamos instituyendo un recurso que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto.
 

Me resisto a creer que haya habido un invento de una falla por parte de la mayoría de la Corte.
 

Esa ha sido desde tiempos muy remotos una de las funciones de la Procuraduría: ejercer sobre los funcionarios el control disciplinario. Lo que pasa es que ese control tradicionalmente era más bien blandito, porque las leyes que lo reglamentaban establecían unas sanciones de menor cuantía. Cuando se reformó la ley que regula ese control, se establecieron sanciones como las que hemos visto.
 

Eso se estableció en una ley que fue revisada por la Corte Constitucional. Sin embargo, me parece que el procurador, cualquiera que sea, debe ser sumamente cuidadoso frente a casos de este tipo, porque tiene que comprender que debe tratarse de una situación muy grave para que pueda tomar una decisión que termine frustrando en cierta forma una decisión popular. No podemos terminar en una situación en que por la vía del control disciplinario un funcionario tenga el poder de cambiar las decisiones que haya adoptado una mayoría a la hora de escoger unos determinados funcionarios. Eso no debería ser así.
 

Sería bueno que se hiciera en una reforma: una revisión de la extensión que debe tener el control disciplinario. Pero lo propio habría que decir de cualquier otro, porque fíjese que todos están en la palestra. Se habla del poder que tiene la contralora para efectos de ejercer sus funciones respecto a ciertos funcionarios, que inmediatamente izan la bandera y dicen: no, señor, yo soy aforado y a mí me tienen que respetar los fueros que me dio la Constitución y la Contraloría no me puede vigilar. ¿Y quién dijo que no lo puede vigilar la Contraloría? Pero, por otro lado, ¿hasta dónde lo puede vigilar la Contraloría? Todo eso habría que revisarlo, pero la lección más importante es que quienes están en los órganos de control deben ejercer con templanza, prudencia, juicio y sobriedad esos poderes, porque desbordarlos es mucho más grave que las mismas faltas disciplinarias.
 

No me atrevo a emitir un juicio sobre el uno o el otro, porque esos juicios tendrían que referirse a casos concretos que no conozco.
 

Eso no es imputable a la Constitución del 91, eso es imputable a los males que han venido penetrando el alma, la ética, la probidad y el sentido de responsabilidad y del cumplimiento del deber de algunos funcionarios. No creo que se le pueda echar la culpa de eso a la Constitución.
Siguiendo con la Constitución, las Farc insisten en que la salida al conflicto es una asamblea constituyente, incluso porque se considera que la Carta es ya una colcha de retazos por tantas reformas que se le han hecho.
 

Discrepo de la afirmación de que la Constitución es una colcha de retazos. Se le ha introducido una serie considerable de reformas, sí. Pero ha sido a la parte orgánica y no a la parte dogmática. Los colombianos hoy nos sentimos identificados con nuestra Carta. Usted percibe hoy que los colombianos quieren su Constitución, quieren sus derechos constitucionales, quieren el reconocimiento de los mismos, además de querer los instrumentos que se crearon para protegerlos. ¿Será que eso hay que volver a discutirlo? De ninguna manera. En doscientos y tantos años que llevamos de historia, nunca habíamos vivido una época en la que los colombianos en general sintiéramos tanto nuestra Constitución. Esta Constitución la hizo un cuerpo que representaba a la totalidad de los colombianos y difícilmente se vuelve a conseguir una situación igual. Ahora, no veo por qué haya que discutir de nuevo esos aspectos que quedaron resueltos en el año 91 después de haber invitado expresamente varias veces a las Farc a que tomaran parte en el proceso y eligieran no hacerse presentes.
 

En principio, no estoy de acuerdo con las reelecciones. No lo estuve en ocasiones anteriores y mi desacuerdo es de fondo, no se refiere a una persona en concreto. Si no hubiera reelección, habría un montón de cosas a las cuales el Gobierno les diría que no, pero les ha dicho que sí o ha estado dispuesto a discutirlas y a aceptarlas. Termina un gobernante preso de su propia reelección y eso no es bueno.
 

La idea que planteó el presidente Santos con la posibilidad de un solo período de seis años me suena bien y puede valer la pena.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-justicia-urgente-articulo-456504