Se determinó que existió omisión e intervención de agentes estatales en la creación y expansión de dicho grupo armado ilegal.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín declaró la responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en las graves violaciones a los derechos humanos y DIH cometidos por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) durante los años noventa.
En el extenso fallo, la Sala consideró que existió participación de agentes estatales tanto en la conformación y expansión de dichos grupos paramilitares como en su consolidación en esa región del país, rechazando al mismo tiempo que este fenómeno no solo se diera por la ausencia del Estado sino que además contó con un amplio apoyo por parte del mismo.
“Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de amplios sectores del Estado”, precisa uno de los apartes del extenso fallo en el cual se condenó a ocho años de prisión al excomandante paramilitar del Bloque Calima de las AUC, Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y hurto calificado y agravado.
En este punto se cita el aval entregado para la creación de las denominadas Convivir, las cuales además de violar las normas del Derecho Internacional Humanitario, fueron la base para la conformación de grupos paramilitares y la ejecución de sus actos delictivos.
“Declárase que el homicidio o ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria de las víctimas en este caso, fue producto de una política de terror dirigida a ejercer el dominio y control del territorio y la población con el fin de implementar el proyecto paramilitar”, precisa uno de los apartes del fallo judicial.
Al revisar los testimonios entregados por el desmovilizado dentro del proceso de Justicia y Paz se puede inferir además la colaboración de las Fuerzas Militares que apoyaron activamente la política de estos grupos de autodefensa en diferentes regiones del país.
En la parte resolutiva del fallo se le ordenó al presidente de la República o al ministerio de Defensa que “de manera pública” reconozca que el Estado “es responsable por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos paramilitares y el daño y el dolor causado a las víctimas de tales hecho”.
“Y en nombre del Estado exprese su arrepentimiento por tales acciones y omisiones y su compromiso de adoptar las medidas dispuestas en esta sentencia y las demás que sean necesarias para que tales hechos no se repitan y le pida perdón a las víctimas de tales hechos por las acciones y omisiones en que incurrió el Estado”, precisa el documento.
Igualmente se le ordenó a la Fiscalía General, al Instituto Nacional de Medicina Legal y otras entidades adelantar una intervención urgente e la finca Las Tangas –considerada como uno de los centros de operaciones del clan Castaño Gil-, así como en ‘La 35’ y ‘Jaraguay’ con el fin de efectuar la búsqueda, hallazgo, exhumación, identificación y entrega de los cuerpos que fueron desaparecidos.
La Sala ordenó la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas. “Para ese efecto, la Fiscalía, de manera prioritaria, deberá investigar y aclarar la cadena de despojo y adquisición de las fincas Las Tangas, La 35 y Jaraguay así como su posterior donación, identificando no sólo a sus donatarios y la calidad de éstos, sino también a sus propietarios y poseedores actuales”.
