Un total de 810 familias víctimas del conflicto, que vienen trabajando con la Universidad Autónoma del Caribe en tres líneas de acción para el desarrollo, serán ayudadas por el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico, por medio de un convenio que ya fue firmado por las tres partes.
El pacto establecido a instancias de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, permitirá implementar y desarrollar proyectos para fortalecer y potencializar la producción de la población afectada por el fenómeno del desplazamiento forzado.
Los proyectos serán enfocados en tres frentes específicos: el de la agroindustria, la producción artesanal y turística, y la confección textil.
Lo que se ha hecho
El ente académico ha venido trabajando con las familias, las cuales corresponden a 11 municipios del Atlántico, en tres campos de acción.
Uno de ellos tiene que ver con el acompañamiento psicosocial para la caracterización clínica de las víctimas y su inclusión social. Otro se basa en el desarrollo productivo para la generación de ingresos a través de la formulación y aplicación de proyectos sostenibles para la consolidación de unidades productivas. Y el último campo está referido a la capacitación y formación para la formalización educativa, que validará otro derecho de las víctimas.
Para la consecución de dichas metas participarán los programas de administración de empresas, arquitectura, arte y diseño, ingeniería, jurisprudencia, entre otros.
El ideal de trabajo del alma máter se verá apoyado por todos los programas que integran la política de Prosperidad Social que lidera el actual Gobierno. Además, contará con la ayuda de del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Registraduría Nacional y la Red Unidos.
Para el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas; y el director de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, Alfredo Palencia, el convenio significa un momento especial para el desarrollo integral de las familias afectadas por el conflicto.
Vargas indica que “será un trabajo de un año realizado por un grupo de profesionales que permitirá potencializar las unidades de negocio en los campos del agro, el ecoturismo, las artesanías y las confecciones”.
Confianza es la principal garantía que expresó Palencia al referirse a la unión con el ente de formación, refiriéndose, en otras palabras, a la estructura que tiene el alma máter.
Distribución de las familias
Galapa cuenta con 40 familias beneficiadas, Ponedera y Suan con igual número, Piojó tiene otras 30, Santo Tomás y Sabanagrande tienen 100 cada uno, Malambo cuenta con 150, Soledad con 170, en Usiacurí son 10, en Tubará 60, y en Baranoa 70.
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