Su defensa entera gira en torno a deslegitimar a todas las personas que han denunciado sus presuntos vínculos con el Frente Juan Andrés Álvarez de los paras: desde los paras que han declarado en Justicia y Paz hasta los holandeses de Pax, pasando por ex contratistas suyos que han sido condenados, por el abogado y las víctimas que los demandaron en Estados Unidos y hasta por una pequeña petrolera holandeses que la demandó hace tres años.
Estas serían las piezas del complot, según la carta de defensa de 23 páginas en la que la empresa carbonífera de Alabama -que pertenece a la familia de Garry Drummond- asevera que “no existe un solo documento que pruebe algún pago a ningún grupo ilegal en Colombia. La única ‘prueba’ recogida fue el testimonio contradictorio de un grupo de criminales presos, varios de los cuales son reconocidos como asesinos en masa”. La Silla intentó revisar esas piezas, sin mayor éxito porque la mayoría de documentos que la minera cita no son públicos o no nos han sido entregados aún. Pero, en aras, del debate, La Silla considera que es importante tener la versión de la minera.
1. Terry Collingsworth, el abogado que demandó a Drummond
Según la minera en el centro del complot está Terry Collingsworth, un abogado laboralista estadounidense -de la firma Conrad and Scherer- que ha presentado varias demandas contra la minera en las cortes de Alabama desde hace una década y que anteriormente había demandado a la embotelladora colombiana de Coca Cola y a la bananera Chiquita por financiar los paras.
Collingsworth es el abogado a la cabeza de la demanda que presentó un grupo de 600 personas, casi todas víctimas de los paras en la zona, contra Drummond en una corte de Alabama por haber presuntamente financiado al frente de las AUC. Esa demanda, que originalmente fue presentada en el marco de una ley estadounidense (la “Alien Torts Claims Act”) que permite investigar las violaciones de derechos humanos de una compañía local en el extranjero, fue desestimada por un juez de Alabama en julio de 2013 con el argumento de que esa legislación no era aplicable. Las familias volvieron a presentarla en septiembre, esta vez contra Garry Drummond en persona y el caso apenas comienza de nuevo.
Drummond cree que el abogado gringo y su equipo legal son, como le dijo a la revista Forbes, los artífices de que muchos paramilitares, ex contratistas y víctimas de los paras hayan comenzado a acomodar sus testimonios para inculpar a la minera. La minera argumenta que lo ha logrado pagándole a los testigos en instantes cruciales en que ellos comenzaron a testificar.
Según la empresa, tres testigos claves contra la minera son demandantes en el caso en Alabama y “prometieron a Collingsworth un gran porcentaje de la indemnización que obtengan de Drummond” y han acordado “otorgar a los abogados 40% de cualquier indemnización otorgada por el jurado”. Por eso, según Drummond, “con base en el valor estimado de Collingsworth, los honorarios de Collingsworth y su equipo jurídico alcanzarían decenas de millones de dólares”.
Drummond dice por ejemplo que Collingsworth le pagó al ex contratista de la minera Jairo Charris Castro -condenado en 2009 a 30 años por el asesinato de tres sindicalistas de la Drummond- 3 millones de pesos para gastos de seguridad. Y que luego, el abogado y su equipo “realizaron pagos a Charris y su familia a partir de julio de 2009 hasta septiembre de 2013 por un total de 74.681.950 pesos”.
Collingsworth reconoció los pagos a varios testigos y explicó a la revista Forbes que lo hicieron para reubicar a familiares de éstos que estaban siendo amenazados. «No solo no hicimos nada inapropiado, sino que necesitábamos responder a un patrón de amenazas recurrente», dijo. Él y su equipo justifican ese pago al permiso que otorga la justicia gringa para pagar el transporte o protección de familiares de testigos protegidos, siempre y cuando se le avise expresamente al tribunal (como en efecto sucedió, ya que la minera tomó la información del expediente judicial).
2. Los paras y ex contratistas que habrían cambiado de testimonio
Drummond cree que Collingsworth, con la plata que le reportaría ganarle el caso a la minera, comenzó a lograr que muchos de los testigos claves -sobre todo paramilitares- cambiaran sistemáticamente su versión sobre los hechos. De esa manera, muchos paras que inicialmente negaron cualquier vínculo de los paras con la minera, pasaron a denunciarla.
Para la minera, eso es claro en los testimonios de José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, que era el jefe político del Bloque Tayrona de las AUC y uno de los impulsores de un frente paramilitar que operara en la zona minera en el centro del Cesar. Según Drummond, ‘El Canoso’ testificó seis veces en Justicia y Paz entre 2006 y 2012, sin jamás mencionar a la empresa, y cambió su versión después de conocer a Jairo Charris -el ex empleado del contratista que operaba la cafetería de la mina- en la cárcel. La empresa dice que, justo después de la primera declaración de ‘El Canoso’ en contra de la minera, su esposa recibió un pago de 2 mil dólares de Collingsworth.
Algo similar argumentan sobre Jaime Blanco Maya, el contratista de la cafetería de la mina de Drummond (y medio hermano del ex Procurador Edgardo Maya) que fue condenado en 2013 a 28 años de prisión como autor intelectual de los asesinatos de los tres líderes sindicales de Drummond y que ha testificado haber hecho pagos mensuales en efectivo a los paramilitares en nombre de su empresa, que luego le cobraba a la minera con una sobrefacturación del 10 por ciento.
Drummond argumenta que, cuando fue arrestado en septiembre de 2010 y declaró en la Fiscalía, Blanco Maya negó cualquier relación de la empresa con los paras. Y que, tras reunirse en 2011 con el abogado demandante, cambió su versión.
En efecto, a comienzos de 2012 Blanco Maya habló por primera vez sobre la relación de Drummond con los paras, argumentando que -como contó Verdad Abierta- mintió en ese primer testimonio y luego decidió contar toda la verdad sobre la participación de la Drummond para poder negociar su pena.
Algo similar dice la minera sobre Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’ y escolta del comandante del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC que operaba en la zona minera. Según Drummond, éste testificó por primera vez sobre una presunta relación de la empresa con el asesinato de sus tres líderes sindicales un par de meses después de haberlo negado.
Dos personas que han conocido los testimonios de los paras en Justicia y Paz le dijeron a La Silla que, aunque sí hay contradicciones y diferencias entre muchos de ellos, algunos como ‘Samario’ han sido consistentes desde el comienzo en denunciar la relación de la empresa con el frente.
Además, como dice una de estas personas, ‘El Canoso’ no solo se ha ratificado sino que ha ampliado su declaración, algo que -estando en Justicia y Paz- es clave ya que sus beneficios por hablar más no cambian mucho realmente mientras que sí podría perderlos en caso de ser cogido mintiendo.
3. La petrolera holandesa en el Cesar
La minera de Alamaba cree que Collingsworth es una pieza del complot pero que en realidad es el instrumento de un poderoso mayor, que es rival de negocios de la Drummond. Se trataría de una pequeña petrolera holandesa a la que le quitaron los derechos de exploración sobre un campo de gas, que quedaron en manos de Drummond.
Según la empresa, Collingsworth es el abogado de la Llanos Oil Exploration y de los hermanos holandeses Albert y Hendrik van Bilderbeek que la lideran. En 2010 Ecopetrol le terminó un contrato a esta petrolera por incumplimiento en la zona de Las Nieves-Guatapurí (Cesar) y poco después su ejecutivo Hendrik van Bilderbeek fue encarcelado por lavado de dinero a favor de las AUC. Llanos Oil demandó a Ecopetrol, al Gobierno y a Drummond por una supuesta conspiración que buscaba que la Drummond pudiera “robar” sus derechos de explotación petrolera y, citando un artículo de Semana, la minera sostiene que un antiguo paramilitar llamado ‘El Mecánico’ oyó a Van Bilderbeek ofrecer dinero en la cárcel a quienes testificaran contra de Drummond por vínculos con las AUC.
La empresa de Alabama ha dicho desde 2011 que Collingsworth es el hombre detrás del pleito legal, aunque La Silla no ha encontrado evidencia de esa relación legal. El artículo de Semana sí cuenta el testimonio del paramilitar sobre la oferta de Van Bilderbeek.
4. La ONG holandesa que documentó la violencia paramilitar
¿Dónde entra Pax? La ONG holandesa, antiguamente conocida como IKV Pax Christi y con un trabajo de varias décadas de activismo en Colombia, es -según la minera- aliada de Collingsworth en su cruzada contra la Drummond.
Eso se evidenciaría, según la minera, en que Pax retoma los testimonios de muchas de las víctimas de la demanda de Collingsworth y de los paras con quienes él y su equipo legal se han reunido. En efecto, Claudia Balcero -la cabeza de la demanda contra Drummond y viuda de un ex detective de la Fiscalía asesinado por los paras- y al menos otras dos víctimas son dos de los testigos centrales del informe de Pax, así como muchos de los jefes paras a quienes Collingsworth ha incluido en su demanda .
Lo que preocupa a la minera -según señala en su carta- es que el informe pueda incidir en el proceso judicial que lleva el abogado gringo. “Después de todo, a juicio de Collingsworth y su equipo legal, estos podrían ganar decenas de millones de dólares en honorarios legales si un jurado creyera realmente el testimonio falso de los testigos paramilitares citados en el informe de PAX”, dice Drummond. Por ese motivo le solicita a Pax que revele sus relaciones reales con el abogado, argumentando que en la contabilidad de su bufete legal aparecen reuniones con la ONG holandesa.
La minera no lo asegura directamente, pero insinúa que Pax trabaja a pies juntillas con Collingsworth y le pide que “de acuerdo con el interés en la transparencia que ha expresado, PAX debería revelar todos sus contactos con Collingsworth para que la ‘amplia audiencia internacional’ pueda conocer el alcance de la participación de Collingsworth en el informe”.
Su mayor indicio, aparte de los testimonios, es que Collingsworth escribió una carta al Gobierno holandés solicitándole “poner fin a cualquier relación comercial con Drummond hasta que haya resarcido completamente las atrocidades que cometió en Colombia”. Y en una anotación al pie de página a esa cita, Drummond sugiere “comparar esto con el llamado del informe de PAX a los gobiernos de la Unión Europea a ‘instar a las compañías de servicios eléctricos a abstenerse de comprar carbón a Drummond y Prodeco hasta que se haya otorgado un remedio efectivo a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidos por paramilitares en Cesar entre 1996 y 2006’”.
En decir, aunque no ofrece conexiones tan claras, Pax es para Drummond la última pieza del complot en su contra.
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