Cuando todavía se escuchaban ecos del fuerte encontrón entre dos exmandatarios y el actual jefe de Estado, que copó la atención del país por los términos en que se libró, la semana pasada se dio otra confrontación de alto nivel. Esta vez, los protagonistas fueron el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal general, Eduardo Montealegre. El tema: el papel de la justicia en el marco del actual proceso de paz.
El jefe del Ministerio Público se ha mostrado partidario de una acción penal exhaustiva, que contemple todas las actuaciones al margen de la ley de quienes hoy hacen parte de la insurgencia y que incluya penas de prisión, en particular para sus líderes. Montealegre ha sido más partidario de procesos focalizados, dándoles prioridad a algunos casos, y abierto a explorar alternativas, como la suspensión de la pena a cambio de una dosis suficiente de verdad y reparación, siempre dentro del paradigma de la justicia transicional.
El desacuerdo salió a flote por primera vez cuando ambos sentaron posiciones divergentes frente al marco jurídico para la paz, que tiene el visto bueno del Gobierno y del ente acusador y revivió luego de la marcha del martes pasado, en la que el Fiscal exhibió una pancarta frente a la sede del ente disciplinario que rezaba: “Fiscalía comprometida con la paz y con las víctimas”. Dos días después, invitó a Ordóñez a un debate, que este rechazó. “Todo queda en manos de la Corte Constitucional”, respondió tajante en alusión a la demanda de nulidad de dicho acto en la que su concepto fue favorable.
Un choque de trenes que es también el signo de apertura de un interrogante que el país deberá encarar muy pronto y que, sin lugar a dudas, tocará fibras sensibles. Es el del costo de un posible acuerdo con las Farc y hasta qué punto se podrá renunciar a que graves delitos cometidos por esta organización reciban sanción. A nadie debe sorprender que una pregunta de tan hondas implicaciones genere controversia. El reto está en que esta no se cristalice en una insalvable polarización, sino que evolucione en una constructiva deliberación. Y aquí, funcionarios de este nivel deben marcar la pauta.
Lo primero es valorar los puntos de vista. Episodios recientes de nuestra historia, así como los casos de acuerdos que pusieron fin a dilatados conflictos similares, permiten encontrar más conveniente la postura del Fiscal, si lo que se quiere es hacer realidad el sueño de la paz. Pero no se trata de adoptarla a ciegas, dándole estatus de doctrina. Es preciso examinarla a fondo, identificar sus falencias y añadirle aportes de quienes la critican de manera constructiva.
La razón es que el futuro de Colombia sin conflicto obliga a construir un nuevo proyecto colectivo de nación que, por lo pronto, apenas va por los pilares, incluso por los diseños. Una empresa conjunta que debe incorporar puntos de vista diversos que ayuden a hacerla legítima, y aquí el Procurador tiene mucho que aportar.
El país se prepara para hacerle frente al que indudablemente será un punto de giro determinante en su trayectoria. Y así como puede, y ojalá así sea, sembrar un futuro más incluyente e igualitario gracias a que supo dejar centenarias dificultades, puede también sobrevenir un fracaso y los historiadores dirán que esta sociedad no fue capaz con el reto y simplemente atizó profundos y perennes desacuerdos. Para que el escenario sea el primero es necesario evitar a todo nivel posturas cerradas a la banda, escuchar y valorar nuevos argumentos que puedan incluso llegar a revaluar viejos fortines ideológicos.
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