Si bien no existe todavía información sobre los responsables del cobarde ataque a Ricardo Calderón, es un hecho que sus más recientes hallazgos han dejado mal parados a personas de alguna forma ligadas con el Ejército.
Es una muy desafortunada casualidad que hoy, día mundial de la libertad de prensa, tengamos que condenar con vehemencia el atentado que sufrió el pasado miércoles Ricardo Calderón, periodista que desde la revista Semana ha liderado juiciosas investigaciones en las que se han revelado irregularidades como las ‘chuzadas’ del extinto DAS y, más recientemente, las anomalías en el centro de reclusión de la base de Tolemaida.
Mientras transitaba por la vía Ibagué-Bogotá, dos personas lo abordaron cuando este detuvo su vehículo al ver que era seguido por otro y le dispararon en cinco ocasiones. Calderón se había desplazado a la zona para establecer contacto con fuentes en el marco de nuevas y sensibles indagaciones. Lo hizo a sabiendas de que quienes se han visto perjudicados por su trabajo habían arreciado el asedio y sin más protección que la que da el ejercer la profesión con fidelidad inquebrantable a la verdad.
Si bien no existe todavía información sobre los responsables del cobarde ataque, es un hecho que sus más recientes hallazgos han dejado mal parados a personas de alguna forma ligadas con el Ejército. Como lo afirmó la Fundación para la Libertad de Prensa, es altamente probable que lo ocurrido guarde relación con estos artículos. En buena hora, tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como el comandante general de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, condenaron el hecho y anunciaron acciones para llegar a los responsables.
Hay que exigir que así sea. Y que esta vez no haya dilaciones. El país no puede volver a tiempos oscuros en los que el crimen organizado vio en la libertad de expresión un obstáculo para sus macabros fines e intentó, sin éxito, restringirla mediante el asesinato de valientes colegas, como Guillermo Cano, Eustorgio Colmenares y Julio Daniel Chaparro, entre muchos otros, cuyos crímenes, por cierto, siguen impunes. Nada menos que 90 comunicadores, muchos de medios regionales, están hoy en situación de riesgo. Si bien el panorama es más optimista que el de hace unas décadas, también es un hecho que las formas de intimidación han cambiado. Lo que no puede cambiar es la obligación de proteger y rodear a quienes no dejan dormir tranquilos a los corruptos.
