La ONU y congresistas reconocen el trabajo como activista de una de las capturadas ayer en redada.
Muy temprano en la mañana del miércoles Paola Andrea Salgado Piedrahita estaba junto a su pareja sentimental en su residencia en el barrio Nicolás Federman, en el corazón de Bogotá, cuando hombres de la Policía y la Fiscalía la sorprendieron con un allanamiento. Llevaban una orden de captura por sus supuestas relaciones con la guerrilla del Eln.
Sin sospecharlo, Salgado, contratista del Hospital de Suba y reconocida activista por los derechos sexuales de la mujer, caía en una redada que dejó a 14 capturados más, todos señalados por el ente investigador de estar vinculados con explosiones en la capital el año pasado y en los últimos meses.
A Salgado, abogada de la Universidad Nacional, le incautaron sus computadores personales y de escritorio, libros de estudio y la trasladaron a los calabozos de la Sijín. Luego la condujeron a los juzgados de Paloquemao, donde la jueza 52 de garantías avanza este jueves en la audiencia de legalización de captura y se espera la imputación de cargos por delitos como rebelión.
Pero mientras ella enfrenta este proceso judicial, se comienzan a escuchar voces que rechazan su captura y resaltan su labor como activista. Defensores de derechos humanos han expresado su preocupación ante el riesgo de que se trate de un “falso positivo” judicial.
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó de que los capturados, varios de ellos activistas, estudiantes y comunicadores, eran sindicados, pero no había decisiones judiciales que los declararan culpables. En un comunicado, el Congreso de los Pueblos declaró que en el grupo hay varios de sus integrantes y “las detenciones estaban encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social”.
Desde redes sociales se creó una etiqueta en apoyo a Salgado y a ella se sumaron, incluso, congresistas como Angélica Lozano, quien le ratificó a EL TIEMPO que, si bien no es amiga personal, conoce a Paola por su trabajo en los últimos años en temas como los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. “No la imagino en algo ilegal”, afirmó.
“Se les colocó anticipadamente el rótulo de terroristas”
El abogado Franklin Castañeda es el representante de la Fundación Comité de Solidaridad para los Presos Políticos, que asumió desde este miércoles la defensa de Salgado y de otros tres capturados en la redada de las autoridades. En diálogo con ELTIEMPO.COM, afirmó que a los sindicados “se les detuvo y se les condenó anticipadamente por parte de las autoridades más altas en la rama judicial”.
Según Castañeda, a sus representados ni siquiera se les había legalizado la captura cuando fueron mostrados como el gran resultado de la Policía y la Fiscalía ante una necesidad de la ciudadanía de sentirse segura. “Se está promoviendo un juicio público”, afirmó.
“No está claro que ellos estén relacionados con los atentados de la semana pasada en Bogotá porque la Policía dice que esta investigación es de tiempo atrás. Cabe recordar que la Fiscalía enfrenta actualmente 13 mil demandas administrativas por daños al detener personas sin suficientes pruebas, los que compromete unos 27 billones de pesos del presupuesto de la Nación”, aseguró.
El abogado alertó además sobre las presiones que pueden llegar a enfrentar los administradores de la justicia con “juicios públicos” como este. “Este tipo de señalamientos colocan presión sobre jueces, fiscales y ministerio público, lo cual limita la independencia judicial”.
Mientras aumentan las dudas sobre la captura de Paola Salgado y los otros estudiantes y activistas detenidos, el fiscal 7 de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía espera lograr la imputación de cargos como rebelión y terrorismo.
Gloria Silva, la abogada que acompaña a Salgado en los juzgados de Paloquemao, le dijo a este diario que luego de casi 12 horas de audiencias la Fiscalía aún no ha exhibido las evidencias que vinculan a los sindicados a una célula del Eln.
En la madrugada de este jueves, dos de los 15 capturados fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Se trata de estudiantes de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional quienes, según la Fiscalía, no tenían orden de captura a diferencia de los otros detenidos.
