Una paz duradera requiere sanar las heridas emocionales que ha dejado el conflicto. El interés del ICBF en los menores que han perdido a sus padres es un paso en la dirección correcta.
Diferentes estudios han calculado el peso del conflicto entre el 0,5 y el 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto del país, cifra que puede complementarse con los 26,3 billones de pesos del presupuesto nacional destinados al sector defensa este año. El enorme costo material de la guerra es, de alguna manera, cuantificable. No lo es, en cambio, el saldo que deja en términos emocionales.
De ahí se desprende que cualquier salida del conflicto deba necesariamente trazar caminos para resarcir las heridas abiertas en este campo. Tan importante como que el Estado haga presencia en regiones de las que históricamente ha estado ausente, con infraestructura y servicios básicos como la salud y la educación, es que se ocupe de un asunto que bien puede ser el más pesado de los lastres que ha dejado la confrontación, realidad que se hace evidente en los menores que han quedado huérfanos o han perdido a alguno de sus padres por cuenta de los grupos armados.
Se cuentan por miles los niños que han vivido este drama en el país. Como es comprensible, muchos de ellos no han podido superar dicha experiencia traumática, y, al contrario, el daño que les causó los ha enfilado por adicciones y trastornos psicológicos y a muchos también por la senda del delito.
Para hacerse una idea de la dimensión del problema es bueno recordar que 1’623.637 menores de edad han tenido que desplazarse debido a la violencia, según la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas.
Por eso, es bienvenido el esfuerzo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por reparar a los huérfanos de la guerra mediante un proyecto que ha comenzado a implementarse en tres municipios del oriente antioqueño y que avanza también en Casanare y Nariño. Este busca entregarles recursos que solo podrán utilizar una vez alcancen la mayoría de edad, para educación o vivienda, pero, al tiempo, incluye recuperación nutricional, acceso a salud y educación y algo determinante en estos casos: acompañamiento psicológico.
A propósito de dicha iniciativa, este diario publicó el pasado fin de semana historias recopiladas en tres municipios paisas que dan una idea del tamaño del desafío. El trabajo periodístico incluye testimonios reveladores de menores que presenciaron el asesinato de sus padres y que, gracias al trabajo de profesionales en iniciativas que ya venían en curso, han salido de ese círculo vicioso de dolor y trauma al que, con mucha frecuencia, lo acompaña un obstinado deseo de venganza.
Claudia Milena Giraldo, secretaria de gobierno de Granada (Antioquia), recordaba que solo en su municipio se produjeron más de 1.200 asesinatos, muchos de los cuales tuvieron como víctimas a personas con hijos. En casos como estos, el daño no se limita al homicidio, sino que este sigue pasando factura a través de traumas que quedan vivos entre los hijos de los asesinados y que, de no mediar una intervención que rompa la espiral, pueden transmitirse por varias generaciones.
El cuadro del oriente antioqueño y sus niños aporta una idea de lo complejo que puede ser el anhelado postconflicto. Deja claro que los esfuerzos de reconciliación tienen que trascender la política y el ámbito jurídico y alcanzar las emociones, que deben ser asunto prioritario también entre los adultos. Por lo pronto, el trabajo que ha comenzado el ICBF no solo hay que continuarlo, sino que tendrá que extenderse a todo el país.
Décadas de disputas han dejado hondas heridas. Solo un enfoque integral de la reconciliación, que disponga de herramientas efectivas para sanar viejas e invisibles heridas, puede garantizar una paz duradera.
