Lo que dijo la Corte tiene algo de revolucionario. No porque ordene al Incoder a no prorrogar los arriendos que hoy permiten que por sumas irrisorias unas personas disfruten de unas tierras que el Estado declaró como baldías en 1984, sino porque por primera vez el alto tribunal reconoce la existencia de afrodescendientes que viven allí desde hace siglos. ¿Cómo es que una pequeña comunidad llamada Orika puede ganarles el pulso a los más poderosos de Colombia?
Determinar la presencia de comunidades en las islas del Rosario no es un punto importante solamente para los libros de historia. La Constitución de 1991 definió a Colombia como un país multicultural y pluriétnico y les dio a los afrodescendientes y a los indígenas unos derechos especiales y autonomía sobre las tierras en las que han vivido. Los primeros tienen territorios colectivos, y los segundos resguardos; y más del 30 por ciento del país están hoy bajo estas dos figuras.
La sentencia es una reivindicación de esa nueva realidad. La Corte cita al antropólogo Carlos Durán Bernal quien dice en un libro sobre las islas que estas “no han estado deshabitadas por siglos, sino que han sido excluidas de la historia oficial, por la invisibilidad histórica a la que han estado condenadas las poblaciones afrocolombianas”. Y luego, le ordena al Incoder revisar antes de tres meses la decisión de 1984 que declaró las Islas del Rosario y San Bernardo como bienes baldíos de la Nación. Irónicamente, aunque las islas son uno de los mayores símbolos de la biodiversidad que tiene el país, el Estado declaró que solo el mar era Parque Natural, lo que ha permitido que la tierra pueda ser concedida a privados.
Para la Corte, si son los afrodescendientes quienes tienen derecho sobre las islas, estas no deberían ser baldías y por lo tanto, el Estado no podía arrendarlas a los industriales, políticos y artistas que hoy tienen allí sus fincas. La comunidad Orika había pedido desde hace más de una década un proceso de titulación colectiva, pero esta solicitud no había sido resuelta por el Incoder. El fallo concluye que “este escenario efectivamente pondría en riesgo los derechos fundamentales a la subsistencia y a la integridad de la identidad cultural de los grupos humanos que habitan las Islas del Rosario, aparentemente desde tiempos remotos”.
Si los afro logran ganar este pulso, esta no sería la primera vez que la Corte se impone contra una decisión estatal con el fin de proteger un grupo étnico. En 1997, ordenó revocar la licencia ambiental otorgada a la petrolera Oxy porque estaba sobre el territorio de los indígenas U’wa. En 2002, prohibió la fumigación aérea de cultivos en un resguardo y en 2003, protegió una comunidad del Chocó frente a una explotación maderera y a los Emberas frente a la construcción de una hidroeléctrica. Y en 2005, al analizar la constitucionalidad de la Ley 160 de 1994 sobre adjudicación de baldíos, aseguró que cuando se trata de comunidades étnicas “hay una consideración diferente pues el derecho de los grupos étnicos a la propiedad colectiva tiene el carácter de derecho fundamental”.
Nunca antes el país había tenido un escenario político y jurídico tan propicio para concluir el debate de a quién deberían pertenecerles las islas del Rosario. Por un lado, porque la discusión sobre los hoteles de Six Senses y Los Ciruelos en el Parque Tayrona demostró que los colombianos ven cuestionable que se favorezcan los intereses privados sobre la conservación de los patrimonios naturales del país. Y por otro, porque leyes como la de Restitución de Tierras han obligado al país a reflexionar sobre la necesidad de corregir las situaciones de inequidad histórica, que parecían imposibles de resolver. Si los afro ganan, sería uno de los ejemplos más sorprendente de ambas apuestas.
